Yo le creo a Nicacio Martínez

No pienso que el general Nicacio Martínez orquestara esa última trama de chuzadas que recuerda al hacker caricaturesco que inventó el Gobierno anterior. Más que un cuerpo de inteligencia, parecen Superagente 86 y su pandilla de payasos. Camioneta llamativa frente a SEMANA para espiar en una calle donde no pueden pasar inadvertidos; seguimientos al director en la cafetería cercana a la sede de la revista que hace una misma señora; envío de burdos sufragios amenazantes estilo culebrón narco… Si eso es el FBI criollo que pretende atrapar a grandes capos, estamos apañados.

Y qué decir de una magistrada que allana, en operativo gigantesco, un centro de ciberinteligencia militar. Luego supimos que no era por las chuzadas, sino que andaba buscando nexos de Uribe con el famoso hacker. ¿Qué pretendía encontrar cinco años más tarde? ¿Una huella de tintico del expresidente en un pocillo? A otro con ese cuento.

Entretanto, apareció, ¿por casualidad?, una grabadora vieja en la oficina del fiscal encargado de los supuestos falsos testigos de Uribe. Hallazgo que resultó chimbo cuando ya celebraba Iván Cepeda.

Con todo, las interesantes revelaciones de SEMANA del espionaje delictivo dejan dudas y certezas. El equipo llamado “Hombre Invisible”, que chuza hasta los wasaps, solo entró al Ejército el 15 de diciembre. Por tanto, no lo usaron en los seguimientos ilícitos que hicieron el año pasado.

Y no me cuadra que el culpable sea de nuevo Martínez, al que unos sectores políticos le adjudicaron el papel del malísimo de la película. ¿Qué le importaba a él seguir a Roy Barreras, que destapó la muerte de niños en el bombardeo en Caquetá, si fue el general Zapateiro, nuevo comandante del Ejército, quien ordenó la operación? ¿A quién beneficiaba?

Tampoco me creí en su día, y así lo escribí, el retorno de los falsos positivos ni que Martínez los potenciara. El general solo pretendía reactivar al Ejército que Santos adormiló. Aunque aguantó en el cargo, su posición se debilitó.

En aquel momento me llegaron numerosos militares, activos y retirados, que señalaban al general y excomandante de las FF. MM. Alberto Mejía, hoy embajador en Australia, de tejer enredos en contrainteligencia y mover sus hilos para sacar a Martínez, contrario a sus intereses espurios. Le adjudicaron hechos de corrupción de los que me hice eco (en El Tiempo) porque pude comprobarlos.

Tanto en una réplica pública como en conversación telefónica conmigo desde Australia, Mejía negó casi todo (nada dijo de las falencias de las constructoras de los Rocha, que recibieron contratos por 83.000 millones) y expresó su dolor por considerar que mi escrito mancillaba su trayectoria profesional.

Pero no tuvo que dejar la embajada en Australia ni padecer el acoso mediático y político de Martínez o la humillación que sufrieron un buen número de oficiales y suboficiales a quienes retiraron o mandaron a calificar servicios con denuncias falsas. “Calificar servicios es la muerte laboral”, me dijo un sargento de inteligencia que culpa a Mejía de su injusta defenestración.

También, el coronel César Henry Rodríguez Giraldo sostiene que lo deshonraron con falacias y lo echaron por denunciar ante sus superiores, Mejía incluido, robos al erario, que están demostrados, y no ceder a las presiones que recibió para callar.

Lo que no puede imaginar Mejía es el rosario de testigos que me siguen buscando para aportar nuevas pruebas de corrupción en las Fuerzas Militares, varias sobre él y otros oficiales de su círculo, en especial el coronel Arrauth. Investigaciones profundas que la actual Contraloría General ha corroborado y de las que será difícil escapar esta vez.

Una que lleva su firma se refiere al contrato de Vanguardia Faster para el abastecimiento y transporte de combustible por vía aérea a cinco puntos de zona roja, como Magüí Payán, cuando Mejía era comandante de la División de Aviación Asalto del Ejército. Presenta graves irregularidades porque pagaron por un trabajo que esa empresa no realizó. La gasolina la transportaron los propios helicópteros militares y no los civiles de Vanguardia, causando un detrimento patrimonial de 453 millones en solo la nariñense Magüí Payán.

Pienso que Duque y su ministro de Defensa no se han enterado de lo que se cuece en las alcantarillas de las FF. MM., ni parece preocuparles la existencia de una inteligencia y contrainteligencia militar que destrozó y utilizó el Gobierno anterior a su antojo y sigue descontrolada al servicio del mejor postor.

Si Duque no es capaz de dar ya un revolcón, habrá nuevos escándalos y seguirá en picada el prestigio de la institución. Unas manzanas podridas dispuestas a todo para salvarse, y el Gobierno nada que actúa con contundencia. ¿Hasta cuándo?