La Ley 30 tuvo la culpa

El periodo comprendido entre mayo y septiembre del 2009 fue bastante intenso para los gerentes y/o vicerrectores financieros de las seis principales universidades públicas del país (Nacional, Antioquia, Valle, UIS, Tecnológica de Pereira y Cauca) reunidas bajo la cobija del SUE (Sistema Universitario Estatal). En ese periodo, previo a la discusión del presupuesto general de la Nación para la vigencia 2010, echaron muchos números y llegaron a la conclusión de que el sistema de educación superior pública del país tenía un déficit que se acercaba al medio billón de pesos, más exactamente 469 mil millones. ¿De dónde surgió esa cifra?

Todo comenzó en 1992 cuando se expidió la Ley 30 y en los artículos 86 y 87 se estableció la metodología a utilizar para el desembolso del presupuesto de las universidades públicas. Si bien este hecho tuvo una cara positiva porque obligó al Estado a entregar anualmente estos recursos con la regularidad que no existía antes de esta fecha, pero trajo una consecuencia nefasta a futuro. El monto de los dineros que se entregaba a las instituciones de educación superior se ató al dato final del Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que el incremento de cada año lo determinaba este indicador de la inflación.

Hasta ahí, la Ley parecía salvadora porque garantizaba unos dineros fijos para el funcionamiento y la inversión. Sin embargo, la dicha no duró mucho y con el paso del tiempo y, por espacio de veinte años en los que esta legislación ha regulado al sistema, se fueron promulgando normas, decretos y leyes que obligaron a las universidades públicas a realizar fuertes desembolsos, sin que se compensaran en el financiamiento anual, lo que provocó un desequilibrio entre los egresos e ingresos y la aparición de números negativos.

En un informe preparado en ese momento por el SUE se hizo un inventario de la normatividad que golpeó los intereses económico de la red de educación terciaria del país. El primer jab al mentón se dio con la expedición del Decreto 1444 de 1992 que reglamentaba el ingreso monetario de los docentes que, si bien empezaba a reconocer sus méritos académicos, también abría un boquete porque al no fijar un tope máximo de puntos que se les asignaba para incrementar sus salarios por sus logros académicos, esto empezó a desbordarse y no hubo presupuesto que alcanzara. Y si bien esto se corrigió una década después con el Decreto 1279 de 2002, el daño estaba hecho.

El desangramiento de las arcas de las universidades públicas continuó con una serie de sentencias de la Corte Constitucional (C-006 de 1996 y C-401 de 1998) que exigían un trato igualitario a los profesores ocasionales y otras normas más que demandaron más desembolso de dinero sin contraprestación gubernamental. En 1997, con el fin de incentivar a los ciudadanos a votar, se expidió la Ley 403 que, entre otros aspectos, les otorgaba un descuento del 10% en la matrícula en las universidades públicas. Si bien más adelante el Gobierno corrigió y devolvió una parte del monto, el daño estaba hecho.

Adicionalmente, desde finales de la década del noventa del siglo anterior y el primer quinquenio del presente, se le dio forma al Consejo Nacional de Acreditación y a los sistemas de gestión de calidad, lo que significó para las instituciones educativas cumplir con los requisitos ahí exigidos y continuar funcionando bajo los nuevos parámetros, por lo que debieron invertir en el robustecimiento de su capacidad instalada (ampliación y dotación de laboratorios y de espacio para la práctica deportiva) y en la mejora de la formación de los profesores sobretodo en el nivel de doctorado. Esta cualificación costó otra millonada y no se vio compensada porque la fórmula de la Ley 30 se mantuvo intacta.

Como consecuencia de esta dinámica si bien el sistema de universidades públicas creció sustancialmente en rubros como la capacidad instalada, la cobertura, la capacitación profesoral, la producción científica y el aumento de los programas, entre otros, en contraste esta situación llevó a muchas IES a declararse en quiebra y otras tantas a ver sus días contados y con lo justo para funcionar solamente por poco tiempo. Con este panorama caótico, surgió la propuesta de que este incrementara en 9% el presupuesto del 2010, lo que equivalía a una inyección de 160 mil millones de pesos.

Luego de un lobby mal manejado, con convocatorias mal hechas como varias que se presentaron en la Universidad Nacional de Colombia  cuando invitaron a dialogar a varios congresistas para sensibilizarlos sobre el problema y no asistieron, el Gobierno de Álvaro Uribe aceptó y dio un caramelo al entregar esos recursos. Pero apenas lo dejó ver porque estos dineros los regó en todo el sistema de educación superior, es decir todas las instituciones adscritas al Ministerio de Educación Nacional, una de ellas el Icetex y otra fuera de ese ámbito como Colciencias, y las universidades quedaron casi en las mismas.

Paralelamente, sin embargo, durante el gobierno de Uribe se avanzó en la construcción de un proyecto de Ley (el número 55 de 2010) muy enfocado en el tema de financiamiento, destacándose aspectos como el incremento en el aporte al sistema universitarios relacionado con el crecimiento anual del PIB y la creación de mecanismos para obligar a las entidades territoriales a cumplirle a las IES públicas. Aunque con la llegada de Juan Manuel Santos a la Presidencia parecía que este proyecto tenía futuro, a los pocos meses se archivó.

Bajo la nueva administración, en 2010 se abrió paso una modificación más amplia del sistema de educación superior, cuyo déficit ya había llegado al billón de pesos. En el proceso de discusión del contenido del nuevo proyecto de Ley, otra vez el inventario histórico de normas nocivas salió a la palestra, y la contrapropuesta, expuesta por la Ministra María Fernanda Campo en varios escenarios, fue que se le inyectaría un billón de pesos al sistema. En 2011, la propuesta no ha cambiado y se manejan los mismos discursos y la misma cifra, que no alcanza ni para levantar los edificios que se caen en las universidades. (Continúa en la próxima entrega).

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