Mientras la actitud del gobierno anterior con las víctimas era de desprecio, el actual escucha y atiende sugerencias

Yaneth Bautista es hermana de Nidia Erika Bautista, quien el 30 de agosto de 1987, día de la primera comunión de su hijo, al salir de su casa, fue abordada por dos hombres vestidos de civiles, los que la obligaron a subir en un auto.

Desde ese día Yaneth se dio a la tarea de buscar la verdad sobre la desaparición de su hermana y demostrar que fueron militares del Ejército Nacional quienes cometieron el atroz delito. Luego, con la deserción y posterior confesión de un suboficial del Ejército ante la Procuraduría, quedó claro que fueron miembros de Ejército quienes ordenaron el secuestro y su posterior desaparición.

Tras la lucha por establecer los móviles del plagio y los implicados, llegaron las condenas internacionales al Estado, sin embargo en el nivel nacional las influencias de algunos militares lograron llevar el caso a la justicia penal militar en donde todo quedó en la impunidad. Tiempo después a través de tutelas y una gran denuncia en el nivel internacional, el proceso judicial regresó a la justicia ordinaria y gracias a eso le fue devuelto los restos de Nidia Erika y las autoridades judiciales aceptaron las pruebas de ADN, admitir que los culpables eran agentes del Estado. Solo hasta noviembre de 2009 el Consejo de Estado se pronunció dejando en firme la sanción que en 1995 impuso la Procuraduría en contra del General Álvaro Velandia por la desaparición y posterior fallecimiento de Nydia Erika Bautista.

Actualmente Yaneth trabaja con la sociedad civil y organizaciones de víctimas del conflicto armado con las que se dio a la tarea de ayudar en la búsqueda de una reparación y trato digno para quienes están en medio del fuego cruzado. Su esfuerzo y su lucha de años atrás comenzó a dar frutos en días pasados cuando la Cámara de Representantes aprobó con 88 votos a favor y 0 en contra, la Cámara de Representantes suscribió en su cuarto debate la ‘Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas’, que 57 países firmaron en 2007. El tratado, además de tipificar el delito de desaparición forzada y de ratificar que éste es de lesa humanidad, obliga a los Estados a incluir en sus leyes la garantía del “derecho a la reparación”, a la “búsqueda de la persona” o de sus restos, a la verdad y a la justicia.

Con la aprobación del Congreso colombiano y la firma del Presidente de la República, la convención pasa a integrar los principios rectores de la legislación para el tratamiento de las víctimas de desaparición forzada.

En diálogo con la Corporación Nuevo Arco Iris, Yaneth Bautista da a conocer sus puntos de vista frente a la lucha por el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia:

Corporación Nuevo Arco Iris: ¿Que exigencias le hacían para reconocerle como víctimas del conflicto armado?

Yaneth Bautista (Y. B.): Hasta el momento no se nos exigía sino expresar sumariamente la condición de víctima, ahora la persona debe registrarse en un término entre 2 y 4 años. El derecho internacional establece que el delito no pre escribe, es decir que no tienen vencimiento, por tanto exigirle un tiempo a una víctima para pedir protección, asistencia humanitaria y reparación, va en contra vía con las normas internacionales.

CNAI: ¿Cuáles fueron los requisitos que le exigieron para tener la condición de víctima del conflicto armado?

Y. B.: Tener la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que solo exigía pruebas sumarias y en el Contencioso Administrativo una declaración que probara que había sido víctima de algún actor armado, bien sea ilegal o legal.

CNAI: ¿A qué beneficios accedió?

Y. B.: Cuando demandamos ante el Contencioso Administrativo el Estado fue obligado a darnos una indemnización, sin embargo por toda esa lucha recibimos amenazas, junto con mi esposo tuve que salir del país y los 5 millones que recibí por ser hermana de Nidia Erika, sirvieron para pagar dos meses de arriendo en Alemania.

CNAI: ¿Para las víctimas de desaparición forzosa como usted, existía un régimen especial?

Y.B.: Se debía probar la desaparición forzada denunciando ante las entidades correspondiente según fuese el actor que causó el mal, en mi caso lo hice ante la Procuraduría de la Nación por tratarse de Agentes del Estado y lógicamente ante la Fiscalía. Hoy día se puede acceder a la asistencia humanitaria, beneficios en salud, en educación, en vivienda, a los que no toda la población afectada por el conflicto tiene acceso. Lo anterior lo digo no pensando en las víctimas que viven en las ciudades, sino en quienes habitan en el campo, que son personas que tienen dificultades para trasladarse a los municipios o a las ciudades capitales a registrarse o que tienen miedo, porque sus victimarios conviven con ellas en las regiones.

CNAI: ¿Considera que en Colombia se hace política con la población víctima del conflicto armado?

Y. B.: Pensamos que la ley de víctimas de ser una iniciativa como ley de Estado ha pasado a ser una motivo de pugna entre los partidos políticos.

CNAI: Sin embargo las víctimas tienen apuesta que es política.

Y.B.: Es una apuesta nacida desde el amor a nuestros familiares, en la que el motor es la reivindicación de una población que ha sufrido los embates de la guerra y no el posicionamiento de un color político.

CNAI: ¿Cómo califica la actitud de los gobiernos frente a la población afectada por el conflicto?

Y. B.: La del anterior fue una actitud de desprecio, de odio, lejos de querer una reconciliación entre la sociedad civil y los actores armados. El gobierno actual ha mostrado una actitud diferente, por lo menos escucha y atiende sugerencias.

CNAI: Su visión frente a un gobierno en cabeza de un ex presidente que es también es víctima del conflicto armado es un poco dura.

Y. B.: Respetamos a todas las víctimas del conflicto armado, pero tenemos una visión muy distinta frente a cómo encarar el problema que existe con la población que ha sido perjudicada por el cruce de balas.