JUAN RICARDO ORTEGA
Celia
La captura de las instituciones locales por la criminalidad y sus múltiples cómplices a todo nivel han hecho de la violencia crónica su medio para perpetuarse en el poder.
Pocas cosas más desgarradoras que el homicidio de una madre en frente de sus hijos. La crueldad, maldad y lo inhumano de los asesinos y los autores intelectuales de estos frecuentes crímenes deberían hacernos reflexionar sobre las graves fallas de nuestra sociedad. ¿Qué puede llevar a que alguien mande a matar a una mujer en frente de sus tiernos hijos? ¿Qué los amenaza tanto que recurren a semejante salvajada? Por esas fechas, mayo 11 de 2013, asesinaron en frente de su hijo de 11 años, a una compañera de la Dian: Celia Escobar Flórez.
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La impunidad de los autores intelectuales del crimen sirvió para afianzar el poder de los asesinos. Entendimos que solo el silencio y la sumisión permiten preservar nuestras vidas. La autonomía de los individuos y su capacidad de contradecir a los poderosos se sacrifica en aras de sobrevivir. Las instituciones van claudicando bajo su control. El esfuerzo en la Dian del Huila por nombrar gente dispuesta a aplicar las normas a todos por igual, rápidamente se neutralizó: en menos de dos años nombraron personal afín a los poderes fácticos.
El homicidio de María del Pilar Hurtado y el de tantas otras víctimas son síntomas de un cáncer crónico que carcome a nuestro país desde hace tres décadas. El coctel explosivo de narcotráfico, poder político, control territorial y armas de fuego ha creado poderosos clanes que tienen mucho que perder si el Estado se impone sobre sus feudos.
Esto va más allá del desplazamiento forzado para apropiarse de tierras: hablamos de derechos mineros, rutas del narcotráfico, todo tipo de concesiones de lo público, desde puertos como Penseport en La Guajira o el transporte por el río Magdalena, concesiones de servicios públicos, el negocio del chance, las bombas de gasolina, notarías, entidades públicas, iglesias, transporte público y la contratación estatal, etc., todos lucrativos negocios sobre los que se han edificado emporios de contratistas y políticos con trascendental incidencia sobre la seguridad de su región: para bien y para mal.
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Son tantos los personajes envueltos en estos enredos y tal su poder que es iluso pensar que podemos derrotarlos y someterlos a la justicia. La historia reciente de Colombia es muy compleja, muchas alianzas impresentables se han acordado en aras de derrotar o controlar monstruos como Pablo Escobar, el ELN o las Farc. Gente importante, que con seguridad ha hecho mucho por el país, probablemente ha conocido, he inclusive bendecido, algunas de estas impresentables alianzas. Las amenazas sin duda alguna fueron reales, las Farc y los narcos pueden corromper un Estado al punto de hacerlo inoperante, como ocurre en varias regiones del país.
Colombia aún puede erradicar estos flagelos y devolverle el control del territorio a quienes cumplan y hagan cumplir la ley. Esto no va a ser posible sin antes sanear y reestructurar ciertas entidades y encontrarles una salida digna a muchos poderosos untados. La lucha anticorrupción no es el camino. Estudiemos lo ocurrido en Italia. La limpieza a ultranza por el iluminado juez no sirvió ni cambió al país. Su ejercicio carecía de realismo. Alemania, por lo contrario, entendió en la postguerra que la complejidad de lo vivido no se prestaba para juicios morales simplistas. Solo soluciones pragmáticas que construyan hacia adelante, con mecanismos creíbles que garanticen que no se puede reincidir en los vicios del pasado son efectivas.
Las cruzadas en países como Colombia solo sirven para que una clase de corruptos se imponga sobre otra. Situarse solitario en la cúspide de la moral solo sirve para alienar gente y cohesionar bandidos que se defienden juntos a costa de lo que sea. Miren Guatemala u Honduras: los juicios morales sin contexto y realismo no transformaron nada.
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Si no queremos seguir desgarrándonos el corazón con los gritos de dolor de los huérfanos, tenemos que ser capaces de perdonar muchas cosas y olvidar otras tantas. El nombramiento del próximo fiscal es trascendental. Alguien capaz de diseñar una justicia restaurativa incluyente, que repare al país, que sanee la Fiscalía y tenga el peso para ponerle fin a la impunidad, dará el primer paso de nuestra única salida factible.