El proyecto de ley de la desinformación

Una vez más vuelve al ruedo el mal llamado proyecto de ley de "borrón y cuenta nueva". Sus defensores traen de nuevo el argumento de que restringir la información crediticia de las personas ayuda a quienes han tenido inconvenientes para atender sus obligaciones en el pasado, abriéndoles mágicamente de nuevo las puertas del crédito. Este argumento, fácil de vender por su aparente obviedad a una galería ávida de buenas noticias en medio de las enormes dificultades de la actual coyuntura, pasa convenientemente por encima de las verdaderas consecuencias de un proyecto que terminaría, desafortunadamente, generando efectos negativos en el acceso al crédito. 

El Senado de la República ya lo aprobó de manera unánime. Ahora pasa a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde los argumentos facilistas podrían darle, ojalá que no sea así, el empujón final que necesita para convertirse en Ley de la República.

Los defensores del proyecto argumentan que, de aprobarse, la ley terminará por incrementar el acceso al crédito, pues con menos reportes, las personas tendrían más posibilidades de ponerse al día y obtener nuevos créditos. Sin embargo, el aparente beneficio que el borrón y la cuenta nueva podría traer para los morosos, que son los menos, sería opacado por el perjuicio que vendría para el resto de las demandantes actuales y futuros de crédito, que son los más. Al suprimir información crediticia de las personas, reduciendo la posibilidad de que los potenciales prestatarios conozcan el perfil del solicitante y, por tanto, opacando el riesgo que se asume al otorgar créditos, el efecto no es más crédito para todos sino, por el contrario, menos crédito o crédito más caro.

¿Por qué? La razón es sencilla: el riesgo tiene un costo. Si el proyecto de ley se aprueba, habrá menos información, se incrementará el riesgo de otorgar créditos y el costo de incurrir en el riesgo de prestar dineros del público subirá. Las entidades financieras y, en general, las entidades de todos los sectores que ofrecen crédito, optarán no solo por aumentar las tasas de interés para para cubrir el riesgo de la menor información, sino por hacer mayores exigencias en materia de garantías, colaterales y/o documentación, lo que indefectiblemente excluirá del crédito a quienes no tienen esas garantías. Esto iría en absoluta contravía de las metas de inclusión financiera que persigue la política pública desde hace años. El crédito formal terminará concentrándose aún más, dejando a las familias y negocios que la política pública pretende traer a los canales de crédito formales en manos de alternativas que, como el gota a gota, queremos desesperadamente y por razones obvias dejar atrás en la medida de lo posible.

Los ponentes y demás amigos de la iniciativa insisten en que este proyecto de ley beneficiará a los ciudadanos de estratos más bajos. Sin embargo, contrario a lo que se está diciendo, el proyecto no solo afectaría a millones de colombianos que tienen un buen historial de crédito, sino principalmente a los ciudadanos de estratos bajos. En Colombia, 7 de cada 10 créditos van a los estratos 1, 2 y 3. Se trata, como se dijo, de personas que la única garantía que tienen es su buen comportamiento crediticio; su reputación es el soporte para acceder al crédito formal. ¿Qué harán estas personas una vez que el banco les exija mayores garantías para otorgarles un crédito?

Recordemos que ya en 2008 tuvimos una amnistía como la que se propone. Quienes defienden el proyecto insisten en que en aquel entonces se bajó radicalmente la cartera morosa y pueden tener razón. Sin embargo, no solo la experiencia de Colombia sino también la de otros países ha demostrado que las amnistías promueven el otorgamiento del crédito, fundamentado en la capacidad de pago y no en el hábito de pago, lo que va en detrimento de población menos favorecida. Al respecto, el Banco Mundial manifestó en su informe Doing Business del año 2010 que la amnistía de 2008 fue un error, pues limitó el acceso a la información histórica, siendo ésta la razón por la cual Colombia aún no obtiene el puntaje ideal en ese criterio dentro de la medición de Obtención del Crédito.

Las centrales de riesgo no son una lista negra y, a pesar de lo que digan quienes defienden este proyecto de ley, todo estamos y queremos estar reportados en las centrales para poder acceder al crédito cuando lo necesitemos. La reputación medida a través del comportamiento crediticio es uno de los factores que ha permitido que la bancarización haya aumentado en el país del 72,5% en 2014 al 80,1% en 2017. La expansión se ha dado especialmente entre los más vulnerables,  ha llegado a muchos más municipios del país y el aumento de desembolsos a pequeños microempresarios creció por encima de la meta estipulada en el Plan de Desarrollo 2014-2018. 

El proyecto de ley que discute el Congreso va en detrimento de esa realidad que tanto nos ha costado construir. Es necesario que, ahora que va a tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara, el Congreso discuta ampliamente las verdaderas consecuencias potenciales de una amnistía como la que se propone. 

Menos del 10% de los reportes en las centrales corresponden a datos negativos. ¿Le han preguntado a los colombianos dueños de más del 90% de reportes positivos, en su mayoría es de estratos 1, 2 y 3, si les parece bien un proyecto que les va a hacer la vida más difícil?

*El autor es presidente de EConcept