La covid-19, mi nueva compañera de trabajo

Un trabajador positivo por COVID-19 en una obra de infraestructura pública que emplea a más de 3.000 personas, mostró esta semana el legado que nos está dejando la pandemia ahora que estamos de vuelta al trabajo: miedo en los compañeros, rechazo a la obra por parte de las comunidades aledañas, búsqueda de culpables por parte de las autoridades y oportunismo de las onegés para criticar la concesión.¡Se llegó incluso a exigir la suspensión del proyecto que es fundamental para el desarrollo socio-económico de una importante región de Colombia!

La lección es clara: el desconfinamiento progresivo que se acentuará seguramente desde el 1 de junio -cuando más sectores económicos serán reactivados- exacerbará las conductas más primitivas del entorno laboral. Miedo, rechazo y discriminación estarán a la orden del día en empresas de todos los sectores y todos los tamaños. Desde luego hay empresas y sectores más expuestos a estas situaciones que otros, pero en todos existe el mismo reto porque la pandemia ha disparado nuestros instintos más primitivos para sobrevivir: rechazar, atacar y huir.

Esta problemática tiene visos jurídicos, éticos, económicos y culturales. La protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos que trabajan está en juego, y el Estado tiene la obligación de ejercer un rol que vaya más allá de las discusiones de compensación económica y condiciones apropiadas de bioseguridad. Recordemos que el artículo 25 de nuestra Constitución Política establece que “el trabajo es un derecho y una obligación social que goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado”. Por ello, defender los puestos de trabajo y operar bajo estrictos protocolos de higiene y protección son estrategias imprescindibles para honrar este derecho, pero no aseguran la sana convivencia ahora que tendremos a la covid-19 como nueva compañera de trabajo.

Pese a los múltiples actos administrativos, conceptos y lineamientos técnicos del Ministerio del Trabajo, así como de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo para mantener en un punto de equilibrio la relación empresa-trabajador-entorno en un ambiente en el que hemos visto persecuciones y violencia a trabajadores del sector salud y a pacientes con la covid-19, no logramos como sociedad establecer pautas básicas que nos aseguren una sana convivencia para cuando el Gobierno active lo que ha denominado “Aislamiento inteligente”.  

Ningún decreto ni ninguna entidad puede resolver la problemática ética y cultural que generará tener compañeros de trabajo con la covid-19. El antídoto son los valores que tenga cada organización y sus grupos con los que interactúa. Las empresas con raíces de compasión, solidaridad y respeto serán más inmunes, mientras aquellas que engendran estigmatización, discriminación y culpa, verán afectadas su competitividad y productividad. 

Pero aún así, todas las empresas están llamadas a reconocer, en primer lugar, que no son santuarios de convivencia y que el escenario cambió. Si el distanciamiento y las restricciones de interacción amenazan a comunidades laborales sin la covid-19, qué podemos esperar de ambientes con casos positivos. Las empresas deben activar entonces a sus áreas de recursos humanos y de asuntos externos hacia el reconocimiento de las conductas internas y externas que podrían afectar la actividad empresarial especialmente cuando aparezcan casos positivos. 

A partir de allí las empresas, según sus hallazgos, podrán reforzar o refundar sus valores en la búsqueda de un consenso mínimo de convivencia laboral hacia el interior y el exterior de la organización. Nada fácil porque la competitividad propia del capitalismo nos ha llevado a olvidarnos del “otro” y lo que la pandemia exige es precisamente lo contrario: reconocer al otro como prójimo para demostrarle nuestra solidaridad. Es hora de que las empresas promuevan la empatía, el trabajo en equipo, el conocimiento de la situación psico-social del compañero y apoyo desinteresado. 

Por otro lado, necesitamos que las autoridades, particularmente las departamentales y municipales, despoliticen sus posiciones frente a los casos positivos de las empresas. Hacer señalamientos contra estas por ganarse a la comunidad genera conflictos y pobreza, porque propicia los ataques contra las fuentes de trabajo y desincentiva el ánimo inversionista y productivo. Gobernadores, alcaldes, secretarios de salud e inspectores de trabajo deben compartir una sola agenda: asistir de forma técnica a las empresas con casos positivos para fortalecer sus capacidades de prevención y atención de pacientes. Con voz baja y sin protagonismos.

Finalmente, las comunidades de usuarios y clientes, como también contratistas y proveedores  de las empresas deben mirar desde la compasión, la cooperación y la solidaridad a las empresas y trabajadores covid-positivos. Dicen que la verdadera solidaridad es la que ejercemos con los extraños, porque es más fácil ser solidarios con nuestros familiares o amigos. Y más profunda es esa solidaridad si se trata no solamente de un extraño sino de un extraño con la covid-19. De lo contrario, la estigmatización y la discriminación pueden propagar aún más el virus, llevando a pacientes y cuidadores a ocultar su enfermedad para evitar el rechazo social y la violencia, dentro y fuera del trabajo.