Congreso exageradamente costoso

El Congreso de la República es una institución que históricamente se ha encontrado en el ojo del huracán; si bien existe un buen número de senadores y representantes que no se ausentan y hacen la tarea, la mala imagen del Congreso es evidente en las encuestas de opinión. Los escándalos como el de la parapolítica, los políticos ligados al narcotráfico (empezando por el propio Pablo Escobar) e incluso la llegada de Santrich han afectado su imagen.

Ahora bien, existen iniciativas que tratan de mejorarla, como la conocida Consulta Anticorrupción. En ella, se planteaba la reducción de los salarios de los congresistas, el endurecimiento de penas a los corruptos, la rendición de cuentas y el que no pudiera elegirse por más de tres periodos consecutivos a un miembro de la Corporación. Es sabido  por todos que la consulta fue avalada por varios partidos políticos y que a pesar de no haber obtenido la votación necesaria, dejó bases claras para lo que será la agenda legislativa en este aspecto. El gobierno nacional también ha mostrado un serio compromiso, a través de varias iniciativas presentadas ante el legislativo. La corrupción es un problema de todos.

Sorprende entonces que algunos de los promotores de esta consulta hagan lo posible por aumentar el desprestigio del Congreso. Un caso preocupante es el de las 14 curules de Paz; es conocido por todos que las víctimas requieren representación, pero también lo es que actualmente el Congreso tiene 268 miembros entre Senado y Cámara, dentro de los cuales muy seguramente encontrarán varias voces que los representen.

La reducción del tamaño del Estado es fundamental para el desarrollo de este y de cualquier país. Emplear de manera eficiente los recursos constituye uno de los pilares de cualquier Estado moderno. Econométricamente está probado que la expansión exagerada de este conduce a la reducción del crecimiento económico. Aumentar el gasto desaforadamente no solo es irresponsable, sino arbitrario, en particular en épocas como la actual en las que la depreciación del peso ha logrado clasificar a nuestra moneda como una de las más devaluadas del mundo, siendo superada en la región solo por el peso argentino. La situación es tal, que publicaciones como la revista Forbes han llegado a plantear recientemente la dolarización de la economía colombiana.

Mantener la salubridad de nuestras finanzas, disminuir el déficit en cuenta corriente, así como la deuda externa, entre otros, son metas prioritarias para el actual gobierno. Sin duda alguna, iniciativas despilfarradoras como la mencionada no contribuyen a alivianar las cargas del Estado colombiano. Un congresista mensualmente gana un salario de $32´741.000. Las UTL de los congresistas representan al erario público más de $138.000 millones anuales.  Las 14 curules que querían imponerse les costarían anualmente a los colombianos miles de millones de pesos.

Este gobierno se ha caracterizado por no querer dar mermelada, a un costo político muy alto. Sin embargo, existe un proyecto de ley, al que el gobierno se opuso en la legislatura anterior, y que desafortunadamente fue presentado de nuevo para la actual. Este proyecto, que pretende que el 20% del presupuesto de inversión del país sea manejado por los congresistas, es una pésima señal para los mercados internacionales. Asimismo, contradice a la Constitución Política, pues allí se contempla que es el Ministerio de Hacienda el único ordenador del gasto.

Es primordial entonces que el Congreso cuide las finanzas de la nación, por lo que iniciativas como estas no deberían ser presentadas. Algunos sectores políticos quieren reclamar por otras vías las 14 curules, para lo cual iniciaron un proceso de recolección de firmas, esperando obtener más de un millón de ellas. Los colombianos pagamos impuestos para que estos sean utilizados de manera eficiente, siendo ideas como esta la antítesis del querer de los contribuyentes. Deberían los promotores de esta iniciativa explicar a los ciudadanos que pretenden convencer del alto costo de la misma.

De igual modo, debería descartarse del todo el proyecto de ley que pretende que los congresistas manejen el 20% del presupuesto de inversión. Eso, es más peligroso que la mermelada.