El futuro de las empresas del Estado

Las empresas más grandes de Reino Unido presentan 107 billones de libras de deuda corporativa con altas probabilidades de ser insostenibles. Esto pone presión al ministro de Hacienda, dado que sus consecuencias son el incremento en la tasa de desempleo y la disminución de los ingresos futuros del Estado, deteriorando el déficit fiscal del país.

Con todo y que los fondos de inversión del mercado londinense tienen cerca de 150 billones de libras disponibles para ser invertidos, muchos de ellos con experiencia en reestructuración de deuda corporativa, no cabe duda de que el apetito de riesgo de estos fondos tiene un límite.

Por lo tanto, muchas empresas deslumbrarán con la opción de pertenecer al tan renombrado UK Government Investments (UKGI), el fondo soberano del Reino Unido que actualmente administra un portafolio de empresas del Estado valoradas en 440 billones de libras.

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Pero pertenecer al UKGI conlleva una responsabilidad importante, dado que su principal objetivo es generar valor para el contribuyente. Esto fue recordado por los parlamentarios al ministro de Hacienda, recientemente, cuando en marzo del presente año este mencionó que soportaría a las aerolíneas del Reino Unido y los parlamentarios exigieron que dicha financiación generara para los contribuyentes beneficios y una rentabilidad apropiada para el riesgo que se está asumiendo.

A diferencia de países donde una empresa nacionalizada o pública es sinónimo de ineficiencia y las juntas directivas tienen poca independencia para tomar decisiones sin el beneplácito del Gobierno de turno, el UKGI ha desarrollado un gobierno corporativo y una metodología de actuación de sus empleados, que le permite tener independencia de los gobiernos de turno.

Esta independencia radica en permitir a las compañías tener una junta directiva con significativa experiencia en la industria que opera la entidad, y sin ser elegida por el líder de turno. Adicionalmente, los miembros de junta tienen responsabilidades penales de sus actos en caso de que la empresa no logre generar valor y mantenga la sostenibilidad de largo plazo.

Lo anterior es un lineamiento mencionado por la Ocde en 2011, después de realizar una investigación sobre las políticas tomadas por todos los países del grupo, con el objetivo de mejorar los resultados de las empresas estatales. Se evidenció un consenso en implementar políticas del sector privado, que residen en:

• Una junta directiva compuesta en su mayoría por miembros independientes.
• Un CEO con significativa experiencia en la industria y definido en un proceso competitivo, en el que los gobiernos de turno no puedan influenciar directa o indirectamente.

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Pero existe un caso con mayor éxito que el de UKGI: el fondo noruego Norges Bank, que ahorró desde 1990 el 10% de los ingresos provenientes del petróleo para constituir un fondo de inversión independiente. Este fondo comenzó en 1998 con un portafolio similar al que tiene hoy la Alcaldía de Bogotá, y 20 años después su portafolio vale US$1.1 trillones, equivalente a $195.000 dólares por cada ciudadano Noruego.

No cabe duda de que han alcanzado su objetivo de “trabajar para salvaguardar y construir riqueza financiera para las generaciones futuras”, pero lo más interesante es que su junta directiva es autónoma e independiente del Gobierno noruego desde 1990 y actualmente sigue los lineamientos de la OCDE.

Por lo tanto, hoy, que el Gobierno nacional se enfrenta día a día al reto de utilizar política pública —para reducir el desempleo, incentivar la economía y salvaguardar el déficit fiscal de mediano y largo plazo—, es entendible que se piense en nacionalizar empresas que, en otras circunstancias, no se nacionalizarían, así como en privatizar empresas que tienen el potencial de generar valor para los contribuyentes.

Pero antes de tomar cualquier decisión, es importante evaluar si este es el momento adecuado para crear una entidad independiente, que maneje los activos del Estado de forma eficiente. Sobre todo, aprendiendo de los casos de Reino Unido y Noruega, podrían darle total independencia a esta entidad para implementar una adecuada administración de portafolio, que evite los nombramientos influenciados por el Gobierno de turno.

¿Por qué no soñar con generar 195.000 dólares para cada colombiano en 20 años? De pronto, esta nueva entidad pueda ayudar a lograr el objetivo principal del ministro Alberto Carrasquilla cuando llegó a su cargo: disminuir los años en los cuales un colombiano dobla su riqueza, tal como lo estipula el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

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