El ICA y el reto de no seguir frenando el campo

Recientemente les conté sobre el Agustín Codazzi, una joya de la ineficiencia estatal, pero hoy le dedicaré estas líneas a otro instituto que me preocupa, el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario).

Dirían algunos lectores, ¿por qué me incumbe eso a mí? Bueno, parafraseando la canción, más de lo que se imaginan. El ICA es el que hace prevención, vigilancia y control del sector agropecuario, garantizándonos la seguridad en los alimentos, pero también buscando el progreso científico que se ancla en potenciales comerciales. Que no haya brotes de aftosa, fruta de mala calidad, etc. tiene que ser el efecto de la labor del ICA. Para algunos ganaderos y agricultores, el tema es preocupante, no solo por numerosos escándalos de corrupción, sino por un problema que guarda una estrecha relación: la ineficiencia. Sobre el tema de corrupción hay bastantes reportes, entonces no me detendré ahí, sino en la preocupación derivada de la ineficiencia.

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Un agricultor, que me pidió mantener su nombre anónimo, me contó un caso emblemático. Su fin es certificar un cultivo de una fruta tradicional colombiana. A finales de 2017, pasó sus papeles al ICA por primera vez. Al ver que en enero no había pasado nada, fue a reclamar. Así transcurrió todo su 2018: como una bola de ping-pong, lo mandaban aquí y allá, y nada. La excusa, como en el Agustín Codazzi, es que no hay personal. Curioso. Me da la impresión que en Colombia en ningún lado hay suficiente personal, y eso pasa porque la forma en que se inventan las tareas y burocracia, desde su nacimiento es ineficiente y hasta absurda. Al señor se le venció la solicitud varias veces, y por ello le tocó volver a pasar papeles y esperar. Estamos en junio del 2019, y nada. En el caso de los ganaderos, hay trámites como la obtención del bono de venta y la guía de transporte, que terminan demorándose varias horas, cuando en teoría deben salir en minutos.

El ICA, como sus homólogos internacionales, también es un garante de seguridad en los alimentos a través de un poco de proteccionismo. Recuerdo un caso de importación en donde el productor de un queso de un país europeo que no está homologado, como sí lo están, por ejemplo, España y Francia, debía presentar las respuestas a un cuestionario eterno. Lo mejor es que no era el productor el que lo debía llenar, sino el equivalente del ICA allá, para poder exportar. Diría uno, bueno, protege la industria nacional porque el ICA de allá es igual de ineficiente y nunca va a llenar el cuestionario. Quizá, pero en algún momento esa protección se tiene que ejercer por diferenciales de producto, técnicas y, en general, haciéndole honor al concepto catch-all de la competitividad, no a punta de proteccionismo. Y para los que sienten que esto es bueno, les cuento que productos casi idénticos pero muy distintos en calidad y sabor están en Colombia hace rato, Made in USA.

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El ICA tiene una oportunidad increíble de impulsar la ciencia aplicada, mejorándole la vida directamente a muchas personas. Pero si no hace nada o sigue como su primo cercano de la cartografía, terminará frenando el campo. Recientemente me llamó la atención la entrevista de la directora de ColCapital, Isabella Muñoz, con la Revista Nacional de Agricultura, porque precisa que los fondos de capital difícilmente invertirán en el campo colombiano mientras sigan los problemas de titulación de tierras (IGAC/SNR, te hablan), infraestructura vial y falta de sofisticación acompañada de formalización.

Este último punto es el que más debe interesarle al ICA, porque en su misión está traer la sofisticación y no la complicación. Que un trámite de certificación se demore tanto tiempo, genera varios efectos: uno es el incentivo a prácticas corruptas. Por eso no es raro que el mismo MinAgricultura haya acusado a más de 80 personas de casos de corrupción en el ICA. Otro efecto es la incertidumbre en la planeación de una empresa agropecuaria. Si no puede estar segura de certificarse en un periodo x, ¿cómo sale a buscar más clientes y a expandir su potencial comercial? Otra consecuencia es la misma informalidad. Si no se puede certificar, resulta mejor vender sus productos rápido y al que primero compre y pague rápido. Puede que su empresa tenga el RUT, e inclusive que pague prestaciones, pero eso no es garantía de que sus transacciones se hagan formalmente, golpeando al mismo Estado que propició el tema involuntariamente.

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Confío en que la diplomacia sanitaria que busca el gobierno con el plan de desarrollo pueda ayudar a cambiarle la cara al ICA, pero insisto que con un mero aumento de presupuesto, un cambio de estrategias bien puesticas en powerpoint y unas ruedas de prensa, no vamos a lograr el cambio tecnológico que requieren estos institutos. No pidan fondos internacionales prestados, como lo hizo el Gobierno anterior, para combatir la corrupción a punta de foros, folletos inútiles y capacitaciones. Tampoco esperemos un milagro moral en una sociedad tan estructuralmente enferma como esta. Si se indignan por lo que digo, de pronto la Corte Constitucional nos puede guiar con sus recientes luces de moral o podemos analizar algunos perfiles de ‘parlamentarios’ que se atreven a opinar sobre ascensos militares.

La solución está en tecnología aplicada a los trámites, tal cual lo hicieron hace años con el proceso de obtención de apostilla en la Cancillería. Si quieren probar el impacto de la ciencia y la tecnología en el progreso del país, el ICA es un muy buen sitio para empezar.

Post Scriptum: ¿Recuerdan el artículo que escribí sobre el Igac?. Bueno, les cuento: luego de más de un año y medio de haberse radicado la solicitud que comenté, el Igac concluyó que la misma no procede con un buen enjambre jurídico de respaldo. Recuerdo cuando lo decíamos en chiste hace unos años: en Colombia el clúster productivo que más se mueve es el de la cerámica, ¿no ven que aquí todos nos lavamos las manos?

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