¿Es hora de que las iglesias tributen?

Es claro que las finanzas estatales quedarán tremendamente maltrechas una vez sea culminada la pandemia del COVID-19. A pesar de que el Gobierno ha invertido enormes esfuerzos para lograr sacar a flote la economía nacional por medio de inéditos estímulos fiscales, es muy probable que no sea suficiente para evitar el colapso económico que con seguridad se avecina.

En varias ocasiones los economistas y las agencias de calificación han advertido que el gran obstáculo para la estabilización de las finanzas estatales es la falta de políticas claras para eliminar el déficit. Si bien se entiende que la actual coyuntura – que no es única del país - obedece a choques externos como lo son la caída de los precios del petróleo, la demanda agregada global derivada del COVID-19. Sin embargo, también es cierto que la respuesta gubernamental a la crisis ha incluido estímulos directos y otros en forma de deducciones tributarias – ambas que contribuyen al déficit. 

Llegará eventualmente el momento en que el gobierno deba ponerle frente al problema de ingresos estatales y deba buscar formas de lidiar con el déficit fiscal estructural. Para hacerlo el gobierno tiene un menú de opciones – ninguna de las cuales es políticamente favorable o apetecible para distintos sectores.

En primer lugar, el Gobierno podrá disminuir el gasto. Sin embargo, muchos de los gastos que el gobierno debe asumir están anclados a compromisos fijos como el pago de deuda externa, el pago de obligaciones estatales y el cumplimiento con el pago de pensiones. Disminuir gastos operativos de entidades como el ejército o introducir una reforma pensional provocará enormes disputas políticas.

En segundo lugar, el Gobierno podrá vender activos estatales. Si bien ya estaba sobre la mesa la posible venta de la participación accionaria del gobierno ISA, Ecopetrol, y un gran número de empresas del estado, una gran parte de los activos estatales han perdido valor por causa de la crisis actual haciendo poco rentable su venta en este momento. Del mismo modo al vender empresas rentables, el Estado puede estar mejorando su posición de corto plazo, pero no solucionaría el asunto de ingresos a largo plazo.

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En tercer lugar, el gobierno podría subir impuestos. Una forma de hacerlo sería detener las deducciones de impuestos a las empresas para evitar un mayor desangre a las finanzas estatales en 2021. Otra forma de hacerlo sería incrementar los impuestos a los individuos (como el impuesto a la riqueza, el IVA y otros tributos). Otra opción es colocar aranceles a productos internacionales.

Sobre la primera, el gobierno ha manifestado que la Ley de Crecimiento Económico sigue en pie, incluyendo el 100% de la deducción del Impuesto de Industria y Comercio para 2021. Del mismo modo, incrementar impuestos a las empresas - principal aparato productivo del país – sería mal visto a la luz de la competitividad del país y la recuperación económica.

En cuanto a subir los impuestos a los individuos, el gobierno podría experimentar con el volver a poner el IVA a la canasta básica, o subir impuestos a la riqueza. Sin embargo, ninguna de estas opciones es apetecible por el evidente malestar político y social que podría generar semejante movida.

Sobre los aranceles, es improcedente sugerirlo, pues Colombia estaría en violación de los términos de los TLC que ha firmado a nivel mundial. Aunque grandes empresarios han sugerido que el gobierno debería promover la producción nacional, e incluso algunos Congresistas han sugerido reducir el IVA a productos nacionales, tampoco es claro cómo estas propuestas podrían estar en sintonía con los compromisos comerciales internacionales del país.      

Ante esta calamitosa situación no sería desproporcionado sugerir que las Iglesias sean incluidas en el listado de contribuyentes por tres razones.

Primero las iglesias tienen unos importantes ingresos que hoy en día son libres de impuestos y podrían ser de gran utilidad a la nación. Según una nota de Portafolio, las iglesias del país declararon en 2017 un patrimonio bruto de $14,4 billones y un patrimonio líquido de $13 billones. Además, sus ingresos para el mismo año fueron de más de $5,4 billones lo cual podría representar ingresos a la nación por encima de $300 mil millones al año.

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Segundo, la división de Iglesia y Estado contemplada en la Constitución Política de 1991 no condiciona la extensión de impuestos a las iglesias, sin embargo, existe implícitamente un compromiso para las casas de culto de abstenerse de participación en asuntos políticos. Sin embargo, en las últimas dos décadas las iglesias han obviado esta división y han hecho campaña abiertamente por distintas causas políticas, han fundado movimientos políticos propios y han utilizado ese capital político para beneficiar candidaturas locales y nacionales.

Y finalmente, colocar tributos a las casas de culto no implicarían un obstáculos o choques a la productividad empresarial, a la demanda agregada, o a los compromisos contractuales y comerciales de la nación.

Es evidente que habrá muchísimos obstáculos políticos e incluso Constitucionales a la propuesta de que las iglesias paguen impuestos. ¿Sería posible?