JOSÉ EDUARDO GÓMEZ

Hacia una política pública de garantía de trabajo

Colombia es uno de los países sudamericanos con mayor tasa de desempleo. Ahora que en el país se discute sobre las políticas más adecuadas para reducirla estructuralmente, planteo en esta columna una alternativa que, en mi opinión, puede funcionar para dicho fin. Un análisis de José Eduardo Gómez.

2 de marzo de 2020

El desempleo se ha entendido tradicionalmente en economía como una característica del mercado o como una falla de este. Es decir, se ha entendido como un fenómeno natural debido a la existencia de una tasa natural de desempleo (NAIRU) que se ve afectada por las condiciones socioeconómicas propias de cada país y por procesos como el progreso tecnológico y la automatización, o como el resultado de fallas de mercado tales como las rigideces de los salarios y las fricciones presentes en los procesos de búsqueda en el mercado laboral. Desde ambos puntos de vista, el desempleo es una consecuencia indeseable pero inevitable del funcionamiento de la economía.

Una situación de pleno empleo, entendida como una situación en la que cualquier persona en edad de trabajar que quiera hacerlo pueda encontrar un empleo digno del cual devengue un salario que le permita cubrir sus gastos de subsistencia, parece para muchos una utopía. La tasa de desempleo se convierte entonces en un indicador de actividad económica que preocupa a muchos, pero cuya reducción significativa no parece ser un objetivo de política pública implementable.

Sin embargo, algunos economistas en la tradición postkeynesiana vienen planteando desde hace varios años que el desempleo debe pensarse como una epidemia que afecta la economía, pero que puede y debe combatirse decididamente. Para ellos, la eliminación del desempleo debe ser uno de los principales objetivos de política pública.

El desempleo se puede entender como una epidemia debido a sus mecanismos de transmisión y a sus impactos socioeconómicos. En lo que respecta a los mecanismos de transmisión, varios estudios han mostrado que el desempleo varía notoriamente de acuerdo con el estado del ciclo económico y exhibe un fuerte componente regional. Presenta picos estacionales y es más elevado en momentos de recesión que en momentos de auge de la economía. Además, afecta diferencialmente a las regiones. Mientras que en Colombia hay centros urbanos con tasas de desempleo relativamente bajas para el promedio nacional, hay otras ciudades y pueblos en los cuales la tasa de desempleo es tan alta que parece que estuvieran en recesión continua. Como lo muestran varios estudios internacionales, esta misma realidad se replica en la mayoría de los países del mundo.

La dinámica del desempleo, como la de las enfermedades contagiosas, se va transmitiendo de centro a periferia. En momentos de recesión, en los cuales el desempleo aumenta en los principales centros urbanos, las tasas de desempleo de los lugares contiguos a dichos centros urbanos empiezan a incrementarse también. El radio de las áreas afectadas se va incrementando a medida que avanza la recesión. Todo esto sugiere que el desempleo se comporta más como un virus contagioso que como una sucesión de eventos aleatorios.

Por otra parte, el desempleo genera grandes costos socioeconómicos. Por una parte, se ha mostrado que el desempleo aumenta la probabilidad de muerte de las personas debido al aumento de enfermedades físicas y mentales que ocasiona, como lo mencionan Case y Deaton en dos trabajos publicados en 2015 y 2017. El desempleo es una enfermedad mortal. Nordt y coautores, en un documento de 2015 en el que estudian 63 países entre 2000 y 2011, muestran que el desempleo incrementa significativamente el riesgo de suicidio en la población. Otros autores han mostrado que los efectos negativos del desempleo sobre la salud de las personas persisten aún 20 años después de los picos de desempleo.

El desempleo también afecta las familias de los desempleados. Incide en depresión y ansiedad, especialmente de los hijos, aumenta las tasas de divorcio e incide negativamente sobre la escolaridad de los miembros menores de las familias afectadas. Afecta también a la sociedad en su conjunto debido a sus efectos negativos sobre la demanda agregada, sobre las tasas de criminalidad e incluso sobre el medio ambiente.

El hecho de que el desempleo se comporte como un virus y que sus consecuencias socioeconómicas sean tan marcadamente negativas, llama a que la política pública se enfoque en combatirlo buscando erradicarlo. Una política de garantía pública de empleo (Wray, 1988, Harvey, 1989, Tcherneva, 2018) es una alternativa para lograr este importante fin. En pocas palabras, esta consiste en la actuación del gobierno como empleador de última instancia. La idea general es que el gobierno ofrezca, de forma permanente, empleos para realizar diversas labores productivas que contribuyan a la sociedad a toda persona en edad de trabajar que quiera hacerlo y no encuentre empleo en el mercado competitivo.

Para que se constituya en un empleo de última instancia, se requiere que su remuneración esté por debajo de la que el mercado remunera el trabajo (una referencia es, por ejemplo, el salario mínimo). Se requiere que la persona sea libre de entrar (tomar el trabajo de última instancia) y libre de salir del mismo cuando quiera, en el momento en que obtenga una posibilidad mejor en el mercado laboral. Para que sea productivo, se requiere que el gobierno defina el tipo de empleos que ofrecería en áreas en las que haya necesidad (labores sociales, cuidado de parques, etc.).

Algunos pensaran que la alternativa aquí propuesta no es viable. Pero la experiencia del programa “Plan Jefes y Jefas” implementada en Argentina en 2001 (y otros implementados en India y Estados Unidos) muestra que sí es posible. En dicho país se logró casi que eliminar el desempleo en un momento severa de recesión económica. Y el costo fiscal de este programa no fue sustancialmente mayor al de otros programas de alivio de la pobreza tradicionalmente implementados en países en desarrollo.

Ojalá tomemos el tema del desempleo en serio y desde la academia ofrezcamos alternativas viables para acabar con este flagelo.

*José Eduardo Gómez, profesor asociado, de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana.