La calidad de la educación pública y la jornada única

La propuesta del gobierno de avanzar en la educación oficial de la media jornada escolar a la jornada única sólo tiene sentido si se desarrolla como una extraordinaria oportunidad para mejorar la calidad de la educación de los estudiantes de las familias más pobres.

Además, la jornada única debe permitir avanzar en el bienestar de los estudiantes, con más tiempo para aprender, compartir y disfrutar la escuela (artes, deportes, bilingüismo y otros proyectos especiales); facilitar las condiciones de trabajo de los docentes y; fortalecer la gestión y la imagen de los colegios públicos.

En el Plan Nacional de Desarrollo, PND, del presidente Duque (2018-2022) se propone como meta duplicar el número de estudiantes oficiales en jornada única, pasar de 900.000 (12%) a 1.800.000 estudiantes (24% del total de estudiantes de colegios oficiales). Además, se estimó una inversión de $3,8 billones para suplir el déficit de 25.000 aulas y la implementación de la jornada única. Esta meta, comparada con la del gobierno Santos, es más realista, aunque difícil de alcanzar.

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Recordemos que el gobierno Santos se propuso en el PND (2014-2018) pasar de  11,2% a 30% de estudiantes con jornada única y el reto de construir 30.680 aulas escolares, según el CONPES  3831 de 2015. Un informe de la Contraloría sustentó que sólo se construyeron 1.310 aulas (que incluyeron tanto nuevas como mejoradas y especializadas), 4.3% del total proyectado.  

Sobre las virtudes o defectos de la jornada única existe una amplia discusión entre expertos. Sin embargo, frente a un entorno barrial o veredal poco predispuesto para los niños y adolescentes a la educación y la cultura, la política educativa del país debería incrementar el efecto de la escuela sobre el desarrollo y formación de los estudiantes. En general, los maestros de los colegios públicos se quejan del escaso acompañamiento de los padres de familia y de los efectos negativos en el proceso educativo que ejerce el entorno sobre los estudiantes.

La jornada única debe ayudar a disminuir el impacto negativo que sobre la escuela tiene la inequidad y las amplias brechas sociales y culturales entre los niños de Colombia, así como la condición social de las familias más pobres de alguna manera afectadas por el desplazamiento, la violencia e ilegalidad con la que viven niños y adolescentes.

Destaco, a partir de diversos documentos, que existe evidencia para sustentar que la jornada única, si se hace bien, puede producir mejoras en la calidad de la educación, en la medida que se proponga como una oportunidad para concentrar esfuerzos pedagógicos de los docentes y la comunidad educativa; disminuye la repitencia y la deserción escolar; en Chile ayudó a reducir el embarazo, el consumo de drogas y de alcohol, entre adolescentes, en familias pobres.  También, la jornada única puede ayudar a mejorar la protección de los adolescentes y su proceso de socialización dedicado al aprendizaje, debido a un mayor tiempo de exposición con sus compañeros y docentes en ambientes de aprendizaje, y hasta decrece la probabilidad de ser detenido antes de los 25 años.

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Así mismo, en las bases del PND del presidente Duque se menciona que la jornada única tiene resultados más significativos en estudiantes que asisten a establecimientos educativos con menores condiciones socioeconómicas y los resultados en las pruebas SABER 11 en Bogotá muestran que los estudiantes de colegios oficiales con jornada única o completa obtienen resultados más altos que sus pares que solo asisten a media jornada escolar.

Uno de los factores adversos a la jornada única es el desánimo que produce en los docentes, tema sensible en Colombia. La mayoría de ellos tiene organizada su vida laboral, familiar y social en torno a la media jornada escolar, por ello acá es clave la gradualidad para su implementación.

En primer lugar, el Gobierno nacional debe promover y cimentar un acuerdo con FECODE y las demás organizaciones del magisterio, en educación casi nada se puede hacer si no existe el compromiso de los docentes. En principio, existe una ventaja, el MEN y FECODE parecen estar de acuerdo con la necesidad de implementar la jornada única como una posibilidad de mejorar la educación oficial y de empezar a cerrar brechas a favor de los niños más pobres.

Un segundo punto que facilitará su desarrollo es convencer a los docentes que no se requiere imponer de un día para otro la jornada única. Alcanzar una meta de jornada única para más del 90% de los estudiantes es un proceso que puede tardar 30 años, o más. Los problemas de nueva infraestructura educativa y la reconstrucción de la actual son muy graves, de manera especial en el sector rural. Además, se debe tener en cuenta el caso chileno que lleva más de 22 años implementando la jornada única y aún no termina.     

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Un tercer punto es aceptar que la jornada única debe garantizar tiempo a directivos y a los docentes para la reflexión y la discusión pedagógica. En Colombia existe autonomía escolar, cada colegio tiene su propio proyecto educativo y debe desarrollar el currículo y el proceso didáctico para su desarrollo, pero en la escuela pública no existe el tiempo para llevar a cabo esta tarea, que no es fácil, porque demanda trabajo en equipo y una apuesta en común que responda al para qué de la educación, el cómo, el cuándo y las circunstancias e incidencias del entorno social sobre las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.

Para empezar, se puede establecer que, en la jornada laboral de los docentes, los colegios oficiales dediquen por lo menos 3 horas durante un día a la semana para la reflexión pedagógica, así como a realizar los ajustes al proceso educativo y, sobre todo, a pensar cómo fortalecer el aprendizaje de los niños con problemas o atraso por circunstancias ajenas a la escuela.    

Por último, la jornada única es más costosa (incremento del 25% por estudiante), razón por la que su desarrollo se puede sujetar a los nuevos recursos para la educación que deberán ser previstos en la reforma al Sistema General de Participaciones. Reforma constitucional que se presentará al Congreso Nacional para su discusión, según el acuerdo entre FECODE y el actual gobierno.