La seguridad energética pende de un hilo

El 1 de agosto la Procuraduría emitió un fallo que obliga a detener todos los procesos de consulta previa relacionados con los parques eólicos de La Guajira y el proyecto Colectora 1. La orden sugiere que no se pueden realizar procesos de consulta previa de forma virtual, en atención a la pandemia, y los detiene hasta que los procesos de consulta con las comunidades indígenas puedan reanudar con los debidos parámetros de bioseguridad y de forma tal que no perjudique sus derechos constitucionales.

Por supuesto, los procesos de consulta deben realizarse para obedecer los parámetros de ley y así contribuir a que los proyectos realizados en estas zonas otorguen licencia social de operar a las empresas que ahí están. Sin embargo, en este caso la detención de las consultas previas pone en serios aprietos al país ya que se espera que para el 2031 al menos 65 parques eólicos funcionen en la Alta y Media Guajira. Esto requiere que se lleven a cabo más de 600 procesos de consulta previa con comunidades Wayuu para acomodar los 2.600 aerogeneradores, así como los 470 kilómetros de alta tensión. Esta línea de transmisión es el componente más sensible, ya que la línea planea conectar siete parques eólicos de La Guajira con capacidad de 1050MW, y estima atender cerca del 10% de la demanda de energía del país. La línea programada para ser construida en 2021 y 2022, afectaría el 98% del territorio Wayuu, por lo que la orden de detención de la procuraduría afectaría estos planes de una forma significativa.

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Los proyectos eólicos de La Guajira fueron una parte clave de la estrategia del Gobierno luego de la catástrofe de 2018 que afectó el proyecto hidroeléctrico Hidroituango y se realizó una subasta de energía para asegurar el servicio energético en el país para el periodo 2022-2023. Como estaba previsto, es poco probable que Hidroituango entre en línea para el 2022, lo cual hace fundamental que los proyectos renovables de La Guajira entren en línea tan pronto sea posible. Esto con el fin de evitar que el país tenga un desabastecimiento energético en caso tal que en 2021 o 2022 tengamos efectos climáticos adversos que dificulten la generación hidroeléctica y aumente el riesgo de apagones.

El gobierno se la jugó por la transformación energética a partir de las energías renovables y lograr poner los parques eólicos a funcionar es un componente fundamental de ese esfuerzo. No lograrlo hacer a tiempo sería caldo de cultivo para que los críticos del presidente Duque nuevamente arremetan contra su gestión y peor en antesala a una nueva elección presidencial, en donde con certeza el modelo extractivo será nuevamente el foco del debate.

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Pero entonces el reto es claro, ¿cómo conducir las consultas previas, en plena pandemia, sin pasar por encima de los derechos de los Wayuu? Es necesario, y prácticamente imperativo, repensar el modelo de consultas previas que logre dar mayor celeridad a los procesos y al mismo tiempo respetando la autonomía constitucional y ancestral que tienen las comunidades. Desafortunadamente, todo sugiere que no hay tiempo suficiente para replantear estas cuestiones y lograr desenredar las consultas previas de La Guiajira a tiempo para cumplir con los cronogramas previstos de los proyectos eólicos.

Quedará entonces esperar a que el 2021 traiga consigo cuantiosas lluvias, pues de otra manera con seguridad volverán los apagones en plena campaña electoral dando un duro golpe al gobierno y de paso al aparato productivo del país en un momento muy poco conveniente. ¿Logrará el presidente Duque enchufar el país a tiempo?