Lecciones del índice de libertad económica

El mes pasado fueron revelados los resultados de un nuevo análisis realizado por The Heritage Foundation en Washington sobre del índice de libertad económica de varias naciones a nivel mundial. En este caso, se estudiaron 186 países que alcanzaron un promedio global de libertad económica de 60,8, representando una reducción de 0,3 puntos respecto al año anterior.

No obstante, desde 1995, año en que se lanzó el primer indicador de libertad económica, a nivel mundial hemos mantenido una tendencia al alza con considerables contracciones en las crisis financieras de 1997 y 2008. Esto nos ha llevado a elevar el score solo en 3,2 puntos en los últimos 25 años.

Dicho puntaje nos deja mundialmente en un estatus de “moderadamente libre” según la clasificación del mismo ranking, que se despliega en libres (puntaje mayor a 80), mayoritariamente libres (70-80), moderadamente libres (60-70), mayoritariamente no libres (50-60) y reprimidos (menor a 50). En esto, lideraron principalmente países de Asia Pacífico, configurándose el top 5 por Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y Australia. ¿Pero qué significa realmente la libertad económica?

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Los países que obtienen un mayor índice de libertad económica lo hacen gracias a una gran capitalización, basada en el aumento de las habilidades de sus ciudadanos para innovar y prosperar en un país, que no se ve influenciado por un gobierno de mano dura en temas vitales como la regulación y los impuestos. Por ende, un sistema abierto económicamente no sólo involucra un ambiente propicio para una mejor dinámica comercial, sino que también maximiza todas las posibilidades para potenciar el trabajo y el consumo.

Siendo la libertad económica un componente fundamental para la generación de la riqueza, el empoderamiento gubernamental y de la ciudadanía en sí, en términos en los que ambos queden capacitados para generar valor, se vuelve algo trascendental. Por ende, el estudio tiene en cuenta factores como el Estado de Derecho (derechos de propiedad, efectividad judicial), el tamaño del gobierno (carga y salud fiscal), la eficiencia regulatoria (libertad empresarial, laboral y financiera) y la apertura del mercado (libertad comercial, de inversión y financiera).

En el continente americano, las economías que lo componen se muestran altamente diversas frente a la calificación. El 53% se consideraron moderadamente libres y el 22% mayoritariamente no libres. Canadá, Estados Unidos y Chile fueron los únicos países destacados como mayoritariamente libres, mientras Bolivia, Cuba y Venezuela permanecen catalogados como reprimidos. Dada la volatilidad, el promedio en América fue de 59,6 dándonos el status de mayoritariamente no libres.

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Pero bajo un enfoque sobre América Latina el problema principal, como viene siendo usual, es la corrupción. Y a esto se le ha sumado la frágil protección sobre los derechos de propiedad que mantenemos actualmente. Ambos se han venido fortaleciendo como aspectos que profundizan problemáticas ligadas a la ineficiencia regulatoria y a la inestabilidad monetaria gracias a varias distorsiones gubernamentales, sobre todo políticas, que se imponen en nuestros mercados.

Colombia es un claro ejemplo de ello. En el ranking de América, logramos ocupar el octavo puesto con un puntaje de 67,3, mientras que en el escalafón mundial ocupamos el puesto 49. Respecto al año pasado, obtuvimos 1,6 puntos menos, lo que nos hizo caer en 7 posiciones en el ranking mundial.

Particularmente, empeoramos en criterios de carga fiscal, libertad empresarial y libertad comercial. Se requiere una profunda reforma institucional que fortalezca aspectos básicos y mínimos para configurar un Estado de derecho propicio y que reduzca los índices de corrupción. Además, sigue existiendo un vacío en políticas efectivas que promuevan los emprendimientos y que posibiliten la duración de las empresas.

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El cartel de la toga, los carteles empresariales, la evasión tributaria, las redes de corrupción institucionales y un sin fin de malestares enquistados en nuestro país, han contribuido a deteriorar la estabilidad social, económica, política, judicial y cultural de la sociedad colombiana. Y aunque somos capaces de reconocerlos una y otra vez, no hemos afrontado realmente los problemas desde un marco de acción en donde las políticas públicas hagan algo realmente efectivo y perdurable en el tiempo.

La ausencia de un sistema judicial efectivo es el factor de la libertad económica en el que más deben trabajar las economías en vías de desarrollo. Su importancia yace en los efectos positivos que trae en el empoderamiento de la sociedad, el fin de la discriminación y el estímulo hacia la competencia e innovación. En nuestro caso, si se le suma la crisis fiscal del país, esto ha contribuido a generar una percepción gubernamental de sacar provecho de las personas y de las empresas a través de mayor pago de impuestos, reduciéndoles márgenes de gasto que contribuyan a su bienestar y prosperidad.

En realidad, la búsqueda no debe centrarse ni en la libertad plena de actuación del gobierno ni en brindar plena libertad a la ciudadanía. Se trata de buscar un equilibrio en donde el Estado de derecho sea un condicional necesario para crear una economía realmente productiva. Se trata de capacitar a ambas partes, de darles lo necesario para que puedan contribuir al crecimiento económico, a mejorar la calidad de vida y aumentar la oferta de oportunidades.

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