No me amenaces…

Días atrás, luego del fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio en contra de la famosa empresa por incurrir en actos de competencia desleal por violación de normas y desviación de clientela al prestar irregularmente el servicio público individual de transporte, la compañía tuvo dos reacciones centrales: una carta abierta al público dirigida al presidente Duque y un tuit a la sociedad colombiana. De la primera se destaca la demanda que se anuncia contra el Estado colombiano y del tuit, la decisión de irse del país: "Adiós…ojalá hasta pronto", leímos en el Twitter corporativo y vimos un emoji de llanto y una imagen que, emulando el mapa que se muestra a los usuarios cuando esperan un carro, ilustraba que Uber se iría de Colombia el 31 de enero.

Doble amenaza fue la estrategia de Uber. Demanda y abandono del país. Litigio y drama. Estrategia que se ha vuelto -como dicen ahora en el mundo de las redes- “tendencia”, cada vez que una empresa está insatisfecha con el Estado colombiano. No es la primera empresa que lo hace y tampoco creo que sea la última. ¿Recuerdan a Coca-Cola FEMSA anunciando que se iría del país por el impuesto a bebidas azucaradas? ¿Y su decisión de retirar el patrocinio a la Selección Colombia? 

“Uber Colombia, organizada bajo las leyes de Colombia, es una subsidiaria de Uber. En consecuencia, Uber es un inversor protegido de los Estados Unidos y Uber Colombia es una empresa protegida en virtud del Tratado de Libre Comercio”, aseguró la compañía. 

¿Por qué las empresas multinacionales, en su legítimo interés de discutir con el Gobierno las políticas públicas que les impactan,  terminan mostrando sus bajos instintos? Echan mano de su “¡Usted no sabe quién soy yo!” dejando al Gobierno en una posición incómoda para negociar, porque un Gobierno serio no puede regular para una empresa en particular.  Allí se nota la mano de los abogados de las empresas que convierten argumentos jurídicos -como la presunta protección de los tratados- en estrategias de relacionamiento con el Gobierno. :(

Sin embargo, estas prácticas no son exclusivas de Uber. En tiempos de proyectos legislativos de impuestos, de regulación de precios y de condicionamientos a las licencias para operar, algunas empresas han optado por la intimidación contra el Estado: promueven cartas de las embajadas a los ministerios, solicitan la intervención de los gremios internacionales y amenazan con cerrar plantas en el país, entre otras acciones similares. Son medidas desesperadas, poco estratégicas y que no facilitan la construcción de una agenda público-privada. 

Pero debemos admitir que Uber mostró su vocación innovadora aún con la maleta lista. Creó el hashtag #UnaSoluciónParaUberYA para que los usuarios, conductores y ciudadanos expresaran su decepción no solo con la situación, sino con las decisiones del Estado. Quiso hacer política pública con la presión social, lo cual no está mal. Es una forma moderna de construir consensos para incentivar en el regulador su interés, lo cual hubiera sido posible porque miles de colombianos quieren a Uber.  ¿Pero por qué ahora con el agua hasta el cuello? 

Es claro que Uber no aprovechó oportunamente su poder, basado en 2 millones de usuarios y 88.000 conductores. No en el IVA que reembolsó, que es una falacia si se comunica como aporte al desarrollo económico del país. Ese poder real debió usarlo, hace mucho tiempo, para convocar con liderazgo a las demás plataformas y formular como sector una propuesta regulatoria que obligara al Gobierno a tomarse en serio la necesidad de establecer un marco normativo. 

Pero el Gobierno también falló al pasarse la papa caliente de Santos a Duque, dar largas, medir el tema con cálculo político y no asumir con seriedad su responsabilidad de regular, escondiéndose en dos medias verdades: que el Ministerio de Transporte no puede regular una aplicación porque su competencia no es regular empresas de aplicaciones, y que la formulación de una ley corresponde al Congreso de la República y no al Ejecutivo. ¡Por Dios! Un Gobierno serio hubiera presentado un buen proyecto de ley y lo hubiera hecho aprobar a tiempo. O hubiera perfeccionado y apoyado decididamente los proyectos legislativos que rondan por ahí. No reaccionar ahora, cuando la empresa amenazó con irse, generando nubarrones de inseguridad jurídica a inversionistas similares a Uber (tampoco es sensato decir que la inseguridad jurídica afecta todos los sectores productivos).

Uber remató su precipitada decisión adornando con drama su despedida. Vimos en los últimos días un Uber que se despidió más que circo pobre como queriendo quedarse. Eso debió hacer: mostrar más resiliencia, liderar la conversación regulatoria, generar consensos públicos, transferir su enorme conocimiento de modelos regulatorios internacionales a nuestro Gobierno (¡que tanto lo necesita!) y demostrar que la mejor carrera es aquella en la que Gobierno, sector privado y sociedad comparten la ruta. Nada fácil, pero en política pública, la mejor opción es el car-pooling.