Publiquen el expediente Uribe

Es vital que el expediente sea público para que todos tengamos certeza absoluta de que se está administrando justicia.

La medida de aseguramiento dictada contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez es un hecho que no tiene antecedentes en la historia del país. No solo por lo que Uribe significa para Colombia, sino por las atipicidades en las que se ha desarrollado el proceso.

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Me llaman la atención varios hechos, entre ellos que un proceso que se inició contra otra persona (en este caso el senador Iván Cepeda), haya dado un vuelco total y posteriormente se acusó al senador Uribe. Jurídicamente hablando, eso es algo exótico, jamás sucede. Menos aún, que este giro en el proceso haya sido consecuencia de interceptaciones realizadas sin que hubieran mediado los requisitos legales necesarios para ello.

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También sorprende que el detective del CTI al que se le encargó la labor de interceptar al senador Nilton Córdoba haya advertido a su jefe y gerente del caso, Clara López, que se estaba interceptando al senador Uribe y no al senador Córdoba, y que, pese a ello, se siguió grabando al expresidente. Así las cosas, las grabaciones no se realizaron por accidente, sino de forma deliberada e ilegal, sin que mediara orden judicial, lo que convierte a esta prueba en absolutamente ilegal.

De otro lado, partiendo del hecho de que las grabaciones fueran legales, no arrojan de modo contundente las presuntas ilegalidades en las que incurrió Uribe. Luego de leer los apartes de la providencia que le dicta medida de aseguramiento, en lo referente a las llamadas interceptadas puede concluirse que sus conversaciones no son nada distintas a las que cualquier abogado tiene con su cliente. Las palabras “Persista, siga en la pelea, eche para adelante, proceda”, utilizadas por el exmandatario, no son muestra de un actuar criminal.

La Corte parece olvidar la teoría del árbol de los frutos envenenados, clásica en materia penal. Cuando una de las pruebas es obtenida de manera ilícita, como es el caso, esta debe ser completamente desestimada. Es extraño que la sala penal de la Corte Suprema obvie un precepto como este.

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Otro elemento que vale la pena recordar es la historia reciente de la Corte Suprema de Justicia, llena de historias sórdidas y contradictorias. La renuncia de los magistrados Arturo Solarte, María del Rosario González y Jesús Vall de Ruten a sus cargos, en un acto de dignidad y honor, ponen de manifiesto la falta de coherencia y pulcritud con la que debe actuar este alto tribunal.

No podemos olvidar que, a principios de este año, Ariel Salazar, magistrado de la sala civil de la Corte Suprema, advirtió mediante un escrito contundente dirigido al presidente de este ente de manera textual: “nunca he estado de acuerdo con el vicioso sistema de acumular las vacantes como forma de presionar la elección de los recomendados, despreciando el sistema de selección por méritos que consagra el reglamento que la propia Corte se dio en cumplimiento de la función constitucional”. Posteriormente, agregaría que “las elecciones en la Corte no se vienen dando bajo parámetros objetivos que conduzcan a la elección de los mejores candidatos”.

De lo anterior se deduce que los magistrados de la Corte Suprema no son elegidos en muchos casos, aunque muy seguramente no en todos, por sus méritos y calidades académicas. Esta decisión es mayoritariamente política por lo que, hasta que no se modifique la manera en la que se eligen los magistrados, no podremos tener una justicia sin fallos politizados.

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Preocupan aún más las declaraciones del exmagistrado Ricaurte, hoy preso en la Picota, quien solicitó que el senador Uribe enviara un emisario con el fin de documentarlo sobre otro cartel de la Toga. La defensa de Uribe solicitó para efectos de esta visita el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación que no se ha pronunciado hasta ahora.

Efectos económicos del fallo

Quiero citar a Ramiro Bejarano, contradictor acérrimo de Uribe, en declaraciones al Financial Times, el periódico más influyente a nivel económico del mundo. En palabras de Bejarano “a menudo [todos] estos tribunales terminan trabajando con propósitos contradictorios…Por un lado, eso crea un sistema de controles y equilibrios a medida que los tribunales se equilibran entre sí. El problema, sin embargo, es que el sistema se ha vuelto corrupto, a menudo porque los jueces son nombrados a través de un proceso político”.

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El juicio a Álvaro Uribe es político y no jurídico.  La inseguridad jurídica no solo en este proceso sino en muchos otros nos pasará factura a nivel económico, fracturando nuestra economía de forma desastrosa.

Por todas las razones anteriormente expuestas, además de otras que no alcanzo a profundizar en estas líneas, sugiero a la Corte que garantice la transparencia de este proceso, por lo que es del todo razonable que el expediente se haga público. Estamos frente al juicio del siglo y los colombianos merecemos conocer su contenido.