¿Qué esperar del Congreso?

La pandemia de la covid-19 es hoy el centro de atención de todas las ramas del Gobierno. El poder Ejecutivo ha sido bastante productivo, emitiendo en menos de 90 días más de 164 decretos de emergencia que tocan una variedad de asuntos: desde la economía, la liquidez de emergencia y la respuesta fiscal hasta la reapertura gradual y los permisos especiales para viajar. Del poder Legislativo, en cambio, no se puede decir lo mismo. 

Estamos, actualmente, experimentando un vacío de poder y liderazgo del Congreso, que arrancó la legislatura tarde por causa de la covid y, luego, no pudo organizarse para expedir modificaciones a su propio reglamento para adaptarse a las circunstancias presenciales, semipresenciales y virtuales que la situación exigía.

Mientras algunos miembros del partido de Gobierno argumentaron que era la oportunidad perfecta para reducir el tamaño del Congreso o, incluso, cerrarlo temporalmente, otros expresaron preocupación por la potencial extralimitación ejecutiva y la importancia de la función de control político en un momento en que la imprudencia fiscal ha mostrado su poder tentador, las libertades políticas han sido socavadas en nombre de la obediencia a las medidas de bioseguridad y el Gobierno nacional ha aprovechado la pandemia para lanzar un programa presidencial que no tiene derecho a réplica.

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El Congreso es ahora más vital que nunca para ejercer sus funciones básicas, que incluyen la revisión constitucional del funcionamiento del país, la promoción de la legislación y el control político sobre el poder Ejecutivo. Pero, para deleite del Gobierno nacional, no lo está haciendo y parece ser que, mientras continúen la pandemia y la polarización, nada cambiará.

La rama Legislativa debería fungir para detener la lluvia de decretos del Gobierno, para hacer frente a la emergencia social, exigir la realización de debates de control político e introducir una nueva legislación que cubra temas de interés estratégico para la Nación. Será, entonces, el Congreso el escenario donde se discutirán tres temas de la mayor importancia: la reforma tributaria, la reforma laboral y las medidas anticorrupción. Sin embargo, es muy probable que cualquier esfuerzo de avanzar en lo anterior se desdibuje con los dramas políticos del día, que incluyen lamentablemente la pelea por la presidencia del Senado.

Sobre la reforma tributaria considero que es imprescindible presentar una este año. Hacerlo en 2021 sugiere un enorme riesgo político para el Gobierno, por cuenta de unas elecciones de 2022 que ocurrirán solo unos meses después de que se tramite la reforma. Será fundamental, entonces, que el Gobierno busque implementar una reforma concertada que tenga como principal propósito incrementar los ingresos de la Nación a partir de la eliminación de exenciones tributarias innecesarias, además de brindar mayores herramientas a la Dian en la lucha contra la evasión, por medio de una reforma estructural a ese organismo, y suspender algunas reducciones tributarias cuya entrada en vigor está prevista para 2021.

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El Congreso también será el centro del debate de la regulación y legalización del cannabis para uso recreacional e incluso de la cocaína, como lo plantea el senador Marulanda. Medidas que, de igual forma, también podrían resultar muy provechosas desde el punto de vista tributario.

Del mismo modo, la venidera reforma laboral será el escenario de una nueva puja entre los trabajadores —que buscan conservar privilegios obtenidos tras muchos años de lucha sindical y obrera— y los empresarios, quienes buscando sobrevivir a la crisis solicitan a gritos una reforma laboral que permita mayor flexibilidad a la hora de contratar y despedir trabajadores. De nuevo, el vaivén político que ocurrirá en el Congreso impedirá que se lleve a cabo el serio y necesario debate sobre medidas ordinarias y extraordinarias que deberán ser implementadas para hacer frente al reto enorme que supone un histórico desempleo formal de 21,4%, según reporta el Dane. 

Finalmente, a pesar de que las últimas dos legislaturas han permitido a pulso que se pasen cuatro de los siete puntos de la Consulta anticorrupción, no debemos esperar que las actuales mayorías den trámite a los tres puntos que restan. Estos incluyen la reducción de los salarios para los congresistas, los límites de periodos para los miembros de las corporaciones públicas y la posibilidad de que los congresistas puedan presentar modificaciones a las partidas contempladas para las regiones en el Presupuesto General. Ahora que el gasto fiscal ha incrementado sustancialmente, las medidas legislativas y controles anticorrupción de órganos como la Comisión de Acusaciones de la Cámara se vuelven escenarios de primera línea en la lucha e investigación a la corrupción.

A pesar de esto, es poco probable que el Congreso juegue el papel protagónico que le pertenece. El fastidio público hacia la institución y su actual pobre desempeño para dirigirse a los temas que más importan a los colombianos justifican sus elevados niveles de desaprobación, que según la última encuesta de Gallup se encuentran en 76%.

¿Podemos esperar que el Congreso 2020-2021 sea diferente? Sería ingenuo creer que la crisis actual hará que los miembros del Congreso abandonen sus intensas rivalidades para encontrar un terreno común con el Gobierno. Tampoco es realista esperar que desaparezca una oposición política que busca espacios para figurar antes de la contienda de 2022. Se nos presenta, así, un Congreso desaparecido con unas ganas enormes de figurar. ¿Será capaz el Congreso de sorprendernos o terminaremos igual de decepcionados que siempre?

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