¿Sigue hundido el sector marítimo?

La otrora Flota Mercante Gran Colombiana, que llegó a administrar hace 40 años más del 50% de la carga total de importación del país y la gran mayoría de las exportaciones cafeteras, operando en casi 190 puertos alrededor del mundo, y que en su momento de mayor auge llegó a ser una de las empresas más fuertes del país, es extrañada hoy día como vestigio de un modelo de fuerte apoyo institucional al sector marino, pilar fundamental del desarrollo logístico y de competitividad que tanto quiere mover y propulsar Colombia, no sólo por las grandes oportunidades que tenemos en fortalecer todos los aspectos relacionados con la dinámica de comercio exterior, sino también por el gran potencial que tenemos para que Colombia logre ser un hub comercial marítimo.

Ante la liquidación de la Flota Mercante (1993), se diluyó en su gran mayoría el potencial de seguir defendiendo la dinámica que mantienen países que, con potencial en el desarrollo marítimo tal y como lo tiene Colombia, despliegan en el desarrollo de astilleros, flotas de pesca, de barcos o formación de capital humano en diferentes áreas, tales como la de formación de “gente de mar”; ese rezago, con respecto a los países de la región, ha traído un gran atraso sectorial y  serias deficiencias a nivel tecnológico, de innovación,  en logística y de generación de empleo en áreas de acción sectorial.

Desde 1974, Colombia conjunto a otros 170 países hacen parte de la Organización Marítima Internacional (OMI), con el fin de ratificar convenios a nivel internacional que buscan homologar los diversos aspectos referentes a la actividad marítima, tales como acuerdos de protección de la vida humana en el mar, prevención de la contaminación, reglas de construcción de barcos y la formación de marinos, entre otros arreglos, bajo estándares internacionales, que buscan la armonización marítima en un territorio que mueve alrededor del 90% de la economía  global, en un porcentaje que es el 70% del territorio mundial.

Hoy día, un aspecto de suma importancia y que presenta un gran vacío institucional es el relacionado con la falta de gestión de una autoridad marítima local desde varios frentes; si bien a nivel nacional esto funciona de buena manera, al compararnos internacionalmente, son bastantes los retos que el país debe superar, de cara a tener un sector marítimo de talla mundial que compita con precios, seguridad, calidad del servicio y desarrollo de capital humano para las operaciones marítimas.

Como primera medida, se observa un estancamiento de política pública que promueva la infraestructura relacionada a las actividades del mar en muelles públicos,  sociedades portuarias y marinas; por otra parte, también se evidencia un bajo desarrollo de escuelas de formación en gente de mar profesionalizada (administradores portuarios, operadores de buques, servicios técnicos, entre otros), que permitirían fortalecer al sector, no sólo a nivel operativo, sino también a nivel gremial; vale la pena destacar el hecho de que existe una limitación, bajo la reglamentación vigente, acerca de las instituciones que tienen la potestad de formar a este personal, cuando las necesidades de profesionales de las empresas, sobrepasan con creces a los egresados que logran obtener una licencia para trabajar en los buques con bandera colombiana.

Entre otros aspectos, la Autoridad Marítima nacional no ha logrado cumplir a cabalidad con su función de asesoramiento en la adopción de políticas y programas relacionados con actividades marítimas, focalizados en las administraciones locales con una planeación de mediano y largo plazo, puesto que los lineamientos adoptados en esta materia han sido más reactivos que previsivos; prueba de ello, es que no se han logrado implementar los lineamientos definidos en la Resolución 489/15 que establece, entre otros, alineación de criterios de calidad para la recepción de barcos turísticos de pequeño tamaño, que se necesitan urgentemente en regiones con gran potencial de turismo marítimo tales como Santa Marta y Cartagena. 

Asimismo, un cuarteto institucional forjado entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) que es el responsable de la formación y aval académico en los temas marítimos, y que debe dar lineamientos claros para que esta formación no sea monopólica y estancada, ya que los estándares ya están definidos internacionalmente y no son de exclusivo conocimiento, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) preservando los derechos de los trabajadores que atracan en puertos nacionales según lo convenciendo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Dirección General Marítima (DIMAR) dando los lineamientos claros de planificación de largo plazo del país enfocados a insertarnos como hub marítimo mundial, que cumpla con los más altos estándares en términos de competitividad y no accionando como órgano operativo, y definiendo claramente su papel o de regulador o planificador, pero no ambos roles,  y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT), como garante del cumplimiento contractual, deben ser los ejes articuladores de la política pública que delinee rápidamente el enfoque competitivo del sector marítimo colombiano.

El estatus que merece el sector es clave para potenciar el desarrollo (tal y como se hizo en su momento con el sector energético); hacen falta agencias especializadas tipo la ANH o la ANI que den participación y socialización sectorial, así como una comisión de expertos que diseñen las políticas del uso y aprovechamiento de la infraestructura del mar.

De qué nos sirven las grandes apuestas que se han hecho en desarrollo de infraestructura vial hacia y desde los puertos, si estos no están listos para enfrentar al mundo.