Wirecard 2: ética en la 'industria fintech' y de auditoría

Dichas medidas surgieron para garantizar el bien del mercado de valores y de sus usuarios. 

A partir de las investigaciones realizadas a Wirecard, el regulador alemán de la actividad contable (FREP) fue desmantelado y sus responsabilidades asumidas por el regulador financiero alemán BaFin. El FREP fue creado a raíz de la quiebra de Enron en 2001 con el objetivo de investigar y prever la potencial existencia de este tipo de fraudes en el país, pero solamente contaba con 15 empleados y un presupuesto de 6 millones de euros anuales para su operación.

En segunda instancia, el Reino Unido expidió regulaciones que obligan a PWC, Deloitte, KPMG y EY, las “Big 4”, a separar sus actividades de auditoría de las actividades de contabilidad, a partir de la estructuración de un plan de implementación de 22 principios emitidos por el FRC (Consejo de Informes Financieros, por sus siglas en inglés), que deberán presentar antes de finalizar el próximo mes de octubre y que tendrán como plazo máximo de puesta en marcha junio de 2024.

Estas medidas se asemejan a los requerimientos que tiene la banca de “murallas chinas” para delimitar las actividades de dos áreas especializadas, evitar el cruce de información y minimizar el riesgo de operaciones fraudulentas o actividades que comprometan la transparencia de dichas operaciones para el mercado de valores.

A partir de estas medidas, el regulador obliga la creación de una junta directiva sobre las nuevas compañías enfocadas en auditoría y que nacen con esta regulación, dando responsabilidad fiscal y judicial sobre los miembros de junta que supervisan el comportamiento y resultados de las empresas auditoras. De esta manera, cuando se presenten eventos como el de Wirecard, los miembros de junta tendrán tanta o más responsabilidad que los miembros de las compañías auditadas.

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Así, la entidad que regula la actividad de auditores, contadores y actuarios en el Reino Unido busca dar mayor transparencia al mercado de valores e impedir que conflictos de interés puedan beneficiar a una o varias líneas de negocio dentro de la misma firma, como en el caso de las “Big 4”. En el pasado, estas firmas han visto vinculado su nombre a escándalos como el de la tienda por departamentos BHS y la agencia de viajes Thomas Cook. 

Con el avance de las investigaciones, hoy se levantan nuevos cuestionamientos del porqué Wirecard, siendo una compañía de pagos digitales, fue tratada en Alemania como una empresa de tecnología, por fuera del alance del regulador BaFin, dejando en entredicho la efectividad de los entes de control responsables de velar por la transparencia en la actividad empresarial y financiera.

En el Reino Unido, por ejemplo, la subsidiaria de Wirecard, operativa en este país, estaba regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), que actúa como la Superintendencia Financiera bajo la regulación Fintech para Emisores de Cuentas Electrónicas. Esta razón llevó a la suspensión de las operaciones de la subsidiaria de Wirecard y solo se permitió su retorno a la normalidad una vez se confirmó que todos los volúmenes de pagos y cobros estaban respaldados por los fondos en cuentas de la compañía.

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Hoy, las empresas que conforman la industria fintech son jugadores preponderantes en la economía global y fundamentales para lograr la universalidad de los servicios financieros en Colombia. Satanizar su rol por los hechos acaecidos con Wirecard es desconocer el futuro del sector financiero y cerrar las puertas a nuevas formas de prestación de estos servicios.

Por lo tanto, es fundamental que la regulación del sector financiero en Colombia evolucione a la misma velocidad de la industria fintech y que las mejores prácticas implementadas en otros países sean incorporadas en el nuestro, sin desconocer lo particular del mercado local y buscando siempre brindar garantías a los usuarios y demás actores del mercado de valores.

En referencia al rol del auditor externo, desligar su función de las responsabilidades del gobierno corporativo y pensar en ella como una responsabilidad de un ente central, independiente y autónomo de las organizaciones auditadas, que reporte directamente a los entes de control y vigilancia, podría no solo dar mayor transparencia, también permitirá al Estado tener un mejor control sobre el cálculo y recaudo de impuestos. 

Una última reflexión me obliga a afirmar que todo lo que podamos sugerir para mejorar el ambiente de control en el interior de las organizaciones estará ligado a la ética de los profesionales que, con sus decisiones, moldean la cultura y el futuro de su organización.