Concurso de jueces y magistrados vuelve al ojo del huracán

El concurso de jueces y magistrados que adelantó la Universidad de Pamplona (Norte de Santander) en el 2014 sigue siendo materia de polémica. El Consejo de Estado ordenó otra vez calificar la prueba, que ha sido objeto de controversia por supuestas filtraciones de las preguntas y otras probables irregularidades.

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Por eso, la corporación judicial les ordenó a esa institución de educación superior y a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura recalificar el examen para todos los participantes, teniendo en cuenta las respuestas a las 10 preguntas que fueron excluidas.

A finales del 2014, días antes de la presentación de las pruebas de conocimiento de los interesados en hacerse a un cargo de carrera en juzgados y tribunales de todo el país, diferentes medios de comunicación denunciaron la venta de las preguntas del cuestionario que debía diseñar la universidad.
 
Se habló de la supuesta filtración de las preguntas en Nariño y, horas después de que los aspirantes respondieron el examen, el cuestionario empezó a rodar por las redes sociales, lo que sembró desconfianza en torno a la validez de las actuaciones.
 
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Cabe advertir, eso sí, que pese a esas supuestas pruebas de fraude u otras irregularidades, la justicia nunca puso en tela de juicio la transparencia con la que actuó la contratista, la Universidad de Pamplona, y tampoco los funcionarios responsables del proceso en el Consejo Superior de la Judicatura.

Pero aun cuando los organismos de la justicia penal no hubieren encontrado pruebas de irregularidades, otros estamentos de la Rama Judicial han ido poniendo al descubierto varios equívocos en el desarrollo de la prueba.

Así lo puso en evidencia el Tribunal Superior de Medellín, por medio de una acción de tutela, cuando ordenó recalificar el examen debido a que las entidades responsables del proceso decidieron excluir 10 preguntas con posterioridad a la práctica de la prueba.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia anuló ese proceso, con lo que evitó que la Unidad de Carrera del Consejo Superior y la Universidad de Pamplona tuvieran que revisar nuevamente los resultados del polémico proceso.

No obstante, una nueva demanda de tutela reabrió el debate sobre la validez del examen. Primero fue el Tribunal Administrativo del Valle el que encontró que los organismos accionados sí violaron los derechos de los aspirantes a juez o magistrado, por excluir las preguntas de manera intempestiva.

Y aun cuando estas entidades buscaron que el Consejo de Estado dejara sin efectos el fallo del tribunal, fracasaron en su intención. Con ponencia del magistrado Gabriel Valbuena, esa corporación les ordenó a la Unidad de Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad de Pamplona volver a calificar el examen, contabilizando los puntos obtenidos por las respuestas a la preguntas que fueron excluidas.

Al final, la corporación le hizo un llamado de atención al Consejo Superior de la Judicatura, exhortándolo a que en los próximos concursos procure cerciorarse de que los participantes tengan completa claridad en torno a los métodos de calificación, dado que en esa oportunidad nunca se advirtió que con posterioridad a la presentación de la prueba se podrían excluir algunos puntos, como se hizo en este proceso.
 
Para algunos de los participantes los problemas pasan por el cambio en el encargado de diseñar y administrar el concurso. Muchos dicen que cuando todo estaba a cargo de la Universidad Nacional, jamás se presentaron casos como este, en el que se decidió excluir preguntas por problemas en su redacción, ambigüedades o demás problemas de diseño del cuestionario.