24 órdenes de captura para el “cartel de las tutelas”

La Fiscalía General anunció el pasado martes que ya se habían realizado 14 de las 24 capturas que se ordenaron a los responsables del “cartel de las tutelas”, una organización de abogados y funcionarios públicos que conseguían beneficios e incluso la libertad a condenados a prisión en centro de máxima seguridad.

Además, destacó la Fiscalía que el Juez 25 Penal Municipal de garantías de la época, César Alpidio Blandón Jaramillo y el médico de Medicina Legal, Andrés Felipe Moncayo Jiménez, aceptaron su responsabilidad en el caso que la misma entidad  denominó como “Los Tutelantes”.

A los 24 implicados se les imputarán los delitos de concierto para delinquir, concurso con prevaricatos por acción u omisión, falsedad ideológica en documento público o privado, fraude procesal, fuga de presos y cohecho.

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La Fiscalía explicó que se les imputarán dichos delitos por haber favorecido ilícitamente a condenados por concierto para delinquir; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; homicidios agravados y lavado de activos; entre otros.

Además, en su mayoría los beneficiados por este cartel son exintegrantes de grandes carteles, clanes del narcotráfico y estructuras criminales que según la Fiscalía “representan alta peligrosidad frente a la sociedad, u otros actores que a pesar de no estar involucrados con estos grupos al margen de la ley, tienen un poder económico elevado y/o son personalidades públicas”.

Por el momento, las 24 órdenes de captura que se dieron en este caso son consecuencia únicamente de las investigaciones realizadas en Cali, Valle del Cauca, por lo que la Fiscalía anunció que continuará el proceso en otras regiones del país.

De acuerdo con el ente acusador, el cartel funcionaba con ofrecimientos de abogados a ciertos condenados en cárceles de máxima y mediana seguridad.

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Una vez los implicados aceptaban el ofrecimiento, los abogados presentaban acciones de tutela con sellos de reparto que, según la Fiscalía, son presuntamente falsos; acreditaciones de vecindad y dictámenes médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal con información falsa; cartas cupos de secretarios de Gobierno, también falsas y directores de cárceles y certificaciones de testigos fallecidos.

Las cartas con la falsa documentación no seguían el debido proceso, por lo que eran enviadas directamente al Juzgado 25 Penal Municipal con función de control de garantías de Cali, en lugar de pasar por el Centro de Servicios Judiciales de esa ciudad.

Allí, el juez del momento que ya confesó su responsabilidad en el cartel, concedía la petición de medida provisional de traslado de reclusos a cárceles municipales como Florida, Yotoco, Miranda y Guapi, todas en Valle del Cauca, en coordinación algunos dependientes judiciales y oficinas de abogados.

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