El caso Glencore: ¿qué tan efectiva será la última carta de Colombia?

Por medio de un comunicado de prensa la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) anunció que le solicitará al tribunal arbitral del Ciadi la anulación del laudo arbitral por medio del cual se obliga a Colombia a pagar US$19,1 millones a la multinacional Glencore.

A los ojos de la ANDJE, el tribunal internacional “quebrantó de manera grave” una serie de normas de procedimiento, al desconocer varias pruebas relacionadas con actuaciones engañosas de la empresa Glencore. Para la agencia, la multinacional actuó en detrimento de la nación cuando obtuvo el Otrosí No. 8 del contrato, y el tribunal inadmitió las pruebas documentales que evidenciaban dicho actuar.

Sin embargo, abogados expertos en la materia consultados por Dinero, aseguran que la pretensión de la Agencia es muy poco probable. El Consejo de Estado ya ha establecido que los criterios para anular un laudo arbitral son absolutamente estrictos y se ciñen a casos muy concretos. Por ello, la anulación de una decisión de un tribunal arbitral ocurre muy pocas veces, y se debe a situaciones extremas como graves errores en el procedimiento. 

Para los expertos, este recurso no puede ser argumentado bajo la idea que no se valoraron ciertas pruebas, debido a que no está comprendido como una de las causales de anulación. La justicia arbitral tiene una ley de procedimiento rigurosa como método alternativo de solución de conflictos, que como tal, muy pocas veces puede quedar sin efectos. 

El pleito tuvo origen en la adición al contrato de explotación que Glencore suscribió en 2008, cuando la empresa le solicitó al antiguo Ingeominas la modificación del régimen de regalías referente al contrario de la mina Calenturitas en el departamento del Cesar. La minera Suiza optó por demandar al Estado ante el Ciadi bajo el Acuerdo Bilateral de Protección y Promoción a la Inversión Extranjera en vigor con Suiza en 2016, por la sanción impuesta por la Contraloría General de la Nación en su momento, que obligó a la renegociación del contrato. En agosto pasado, Colombia fue condenada a pagar una multimillonaria cifra de la que hoy se defienden por violación al debido proceso.