Congreso: llegó la hora de debatir una verdadera reforma laboral

Con el inicio de una nueva legislatura esta semana, el Congreso adquiere más que nunca la responsabilidad de sacar adelante proyectos laborales que realmente les sirvan a los colombianos.

El país atraviesa una situación apremiante. La pandemia ha acabado con miles de empresas y destruido millones de empleos cada mes. Además, el endurecimiento de algunas medidas de confinamiento podría agravar este oscuro panorama.

Los senadores y representantes, así como el Gobierno, saben que los ojos de millones de ciudadanos están sobre ellos. Sin duda, esta legislatura será determinante para que la reactivación económica del país llegue a toda marcha, una vez superado el pico del virus. 

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No es gratuito que, en su discurso al instalar las sesiones ordinarias, el presidente Iván Duque haya asegurado que buena parte de su plan de reactivación tiene al empleo como piedra angular. De hecho, invocó un compromiso con generar empleo, del cual se desprenden varias aristas.

Reforma en veremos

Por un lado, anunció que presentará un proyecto de Ley de Emprendimiento que articule mejor la institucionalidad al servicio de las micro, pequeñas y medianas empresas, facilite su participación en el sistema de compras públicas y promueva el concepto de "comprar lo nuestro, de comprar colombiano". Además, buscará crear un fondo de inversión para puestos de trabajo vinculados al sector cultural y les pondrá el acelerador a proyectos de infraestructura y transformación digital, con el fin de aumentar los puestos de trabajo en otras ramas.

En plata blanca, Duque se comprometió con darles vía libre a inversiones por más de $100 billones, que se traducirían en más de un millón de empleos directos e indirectos en los próximos años. El resto de su agenda legislativa para este nuevo año será revelado en las siguientes semanas. Aún así, que no haya mencionado una eventual reforma laboral dejó un sinsabor en más de un experto.

Si esta discusión permanece en el congelador un año más, los tiempos políticos podrían pasarles factura a las intenciones del Ejecutivo de combatir las pandemias de la informalidad y el desempleo.

Analistas políticos coinciden en que el Gobierno Duque tiene que sacar adelante sus grandes cambios para Colombia en lo que queda de 2020 y los primeros meses de 2021. El año entrante, el país entrará en etapa preelectoral y pocos parlamentarios querrán debatir y votar leyes impopulares, como las relacionadas con el empleo y las pensiones.

Para el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, este es el momento para ambos debates. "El presidente Duque se comprometió a impulsarlas (reformas laboral y pensional), ya aplazó su trámite una vez y ya creó comisiones y grupos de expertos para estudiarlas. Ahora sí llegó la hora", escribió en su columna de El Tiempo. 

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El problema es que, según estableció Dinero, en Palacio no hay ambiente para discutir ninguno de los dos proyectos en el corto plazo. Mientras llega el momento, en la mesa habrá otros temas importantes, pero que no atacan de lleno los problemas estructurales del mercado laboral colombiano.

Es más, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, señaló que la Misión del Empleo comenzará a sesionar en las próximas semanas, con lo cual sus resultados solo se conocerían en 2021. En su lugar, tanto Cabrera como el alto consejo Económico y de Transformación Digital, Víctor Muñoz, le apuntan a sacar adelante otras iniciativas.

De un lado y del otro

Por un lado, el Mintrabajo impulsará un proyecto para regular el trabajo en casa, que por estos días se convirtió en la normalidad de millones de colombianos. Esta es "una nueva modalidad no prevista y a la que nos vimos obligados a recurrir por la pandemia para conservar los puestos de trabajo. Por eso, es importante seguir adaptándonos a estas nuevas situaciones”, explicó el ministro. 

El Ministerio de Trabajo presentará un proyecto de ley para reglamentar el trabajo en casa.

De forma paralela, Muñoz estará al frente de las discusiones sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas de darles seguridad social a sus colaboradores.

La idea es que estas personas tengan acceso pleno a salud, pensión y riesgos laborales, ya sea por medio del sistema de Seguridad Social o por el Piso Mínimo de Protección. Además, las empresas vinculantes deberán aportar unos recursos a un Fondo de Seguridad Social, que permite cubrir la totalidad de los trabajadores de estas industrias colaborativas.

Todo el mundo cree que ambas leyes son importantes para el presente y futuro del empleo en Colombia. Pero se quedan cortas para mitigar la crisis que trajo la pandemia y le dan más posibilidades al Congreso para sacar adelante sus propias leyes laborales. 

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Por ejemplo, el Centro Democrático confirmó que en su agenda tendrá proyectos como la reglamentación de plataformas digitales de transporte, la fijación de seguridad social para ediles y la reducción de la jornada laboral en Colombia.

En tanto, la Alianza Verde promoverá ajustar los contratos de prestación de servicios, cambiar la normativa de los regímenes pensionales, eliminar las tarjetas profesionales como requisito para obtener un trabajo e incentivar la generación de empleos verdes.

Estos son apenas dos ejemplos de los planes del Congreso de "coger el toro por los cuernos" en materia de empleo, y que podrían quitarle margen de maniobra al Gobierno. 

La regulación del trabajo en plataformas será una de las discusiones más importantes en la legislatura que empezó esta semana.

La verdadera reforma

Ahora, esto no significa que el Ejecutivo haya descartado los planes de reforma laboral. De hecho, el ministro Cabrera dio algunas puntadas de hacia dónde apuntará dicha iniciativa. “Los costos laborales serán una discusión permanente: se analizarán con todos los actores y se discutirán dentro de la Misión de Empleo. El tema de parafiscales ha sido muy complejo de parte nuestra”, precisó el ministro de Trabajo.

Los otros frentes sobre los que hasta ahora hay claridad abordan el impulso de exenciones tributarias para generar nuevos empleos, fortalecer el piso de protección social, en el cual el Gobierno ya avanza con un decreto, y la reducción de la informalidad.

Lo anterior, no obstante, deberá incluir más frentes de estudio, para que la reforma tenga el título de "estructural". Si bien la discusión formal solo comenzaría el próximo año, los empresarios consideran que en esta legislatura hay que tratar sí o sí los temas laborales.

En un comunicado, el Consejo Gremial Nacional les pidió a los congresistas y funcionarios "ponerse la 10" con el país y sacar adelante proyectos que les permitan a los colombianos tener mejores oportunidades. 

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"Consideramos que se requiere una estrategia integral de reactivación del empleo y la economía", señalan los principales gremios del país. En su concepto, hay que crear condiciones regulatorias diferentes y generar estrategias para combatir la "altísima tasa de informalidad laboral y empresarial".

Para los empresarios, cualquier reforma de este tipo debe encaminarse a reducir costos laborales y flexibilizar algunos aspectos del mercado, como la duración de la jornada laboral o el trabajo por horas.

No obstante, la verdadera reforma podría ir más allá, según expertos del sector. De acuerdo con Stefano Farné, director del Observatorio de Mercado Laboral de la Universidad Externado, es importante analizar la implementación del salario por horas, aunque aclara que esto no puede ser para todos los trabajadores.

En el caso de la jornada, señala que "en el Congreso se está tramitando una ley que quiere reducir el horario de trabajo. Eso se podría aprovechar para flexibilizar la jornada laboral, pero que la flexibilidad sea tanto para empresarios como para trabajadores".

Por su parte, Juan Carlos Guataquí, consultor en temas laborales, va más allá y señala que esta puede ser la hora de ajustar la concertación laboral en Colombia.

De igual forma, señala que el coronavirus y sus efectos en los ingresos de los colombianos reafirmaron la necesidad de ajustar el mecanismo de protección al cesante. "La incidencia de este seguro es mínima, pues solo cubre a los cesantes que eran asalariados cuando laboraban. Es necesario revisar en detalle este mecanismo para tener mecanismos reales de protección", añadió. 

Estos y otros puntos, sin duda, estarán en las discusiones que comenzarán estas semanas con la instalación de la nueva legislatura.

Los debates estarán para alquilar balcón, máxime cuando los congresistas saben que, ahora que terminaron las emergencias económicas, el balón está en su cancha. Esto puede convertirse en un arma de doble filo y permitir que más de uno intente aprobar proyectos populistas, que por estos días pueden convertirse en cantos de sirena para los partidos políticos.

El papel del Congreso será determinante y en este nuevo año legislativo marcará la pauta de la recuperación de la economía y el empleo. Este tema está relacionado con la suerte de por lo menos 5,4 millones de personas que perdieron su empleo durante la pandemia.

Los otros proyectos

El Presupuesto General de la Nación (PGN) del año próximo será uno de los proyectos más importantes en la legislatura que empieza. Este proyecto se discute todos los años, pero este en particular será importante por la pandemia. Todos los cálculos del Gobierno cambiaron de un día para otro.

En los próximos días, el Ministerio de Hacienda radicará en las comisiones económicas el proyecto de PGN de 2021, con mayores inversiones sociales y para el sector salud. Con justa razón, estos recursos se requerirán para atender la emergencia de la covid-19 y las necesidades sociales que surjan. Además de esta iniciativa, el Legislativo tendrá que debatir el proyecto de protección social para trabajadores de plataformas digitales. Este es un mandato del Plan de Desarrollo del Gobierno Duque, liderado por la Consejería Presidencial de Asuntos Económicos y de Transformación Digital y el Ministerio de Trabajo. 

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Tiene como eje la protección social de millones de ciudadanos vinculados a dichas aplicaciones. De forma paralela, habrá que reglamentar la reforma al Sistema General de Regalías, que aumenta las destinaciones de este presupuesto para las regiones productoras, sin quitarles a las demás. Lo anterior se materializará ahorrando menos cada año y podría efectuarse en el próximo presupuesto bianual de regalías, que se discutirá para el periodo 2021-2022.

En el Ministerio de Hacienda también está en los planes presentar las reformas de mercado de capitales y posiblemente un proyecto de desarrollo sostenible. Este último podría incluir mayores impuestos por contaminación, daño ambiental y por el consumo de plástico, entre otros. En el caso de la reforma de protección a la vejez o pensional, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha señalado en varias ocasiones que le gustaría mantener esta discusión para el segundo semestre de este año.

Sin embargo, fuentes de esta cartera indicaron que, con la situación de la pandemia encima, no ven cercana la discusión de la reforma de protección a la vejez. En todo caso, analistas creen que esta y una eventual reforma tributaria tendrían que avalarse entre este año y el próximo, pues, en términos políticos, es el "último" que le queda a Duque y su gabinete para tramitar reformas duras. En el caso de la tributaria, una comisión de expertos analizará las exenciones que hay en el país, pero está cantando que el Gobierno quiere aprobar de una vez por todas la extensión del IVA a más bienes y servicios, y la ampliación de la base gravable del impuesto de renta para personas naturales.