Obras por impuestos: ¿qué tan bueno salió el invento?

Una de las grandes medidas de la reforma tributaria aprobada en 2018, también incluida en la Ley de Crecimiento, fue cambiar la reglamentación del régimen de obras por impuestos.

Con este nuevo modelo, las empresas contratistas invierten recursos propios, y solo pueden recibir las contraprestaciones al entregar la obra. Esta modalidad garantiza que ejecuten totalmente los trabajos.

Con el mecanismo de obras por impuestos las empresas con ingresos brutos superiores a $1.152 millones pueden pagar hasta 50% de su impuesto de renta al ejecutar proyectos de inversión en las zonas más afectadas por la pobreza y la violencia.

Dichos proyectos se enfocan en optimizar o mejorar la infraestructura para el suministro de servicios como agua potable y alcantarillado, energía, infraestructura vial, educación y salud.

Según datos de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad encargada del programa de obras por impuestos, en 2018, primer año del mismo, participaron 28 empresas y aprobaron 23 proyectos en beneficio de 28 municipios, de los cuales 18 son PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque territorial). En total las empresas invirtieron $220.616 millones.

La acogida del programa dentro del sector privado ha venido creciendo. El año anterior se vincularon 41 empresas que realizaron 42 proyectos en beneficio de 57 municipios (28 PDET), por una inversión total de $ 247.319 millones. En estos dos años han puesto en marcha 65 proyectos, con una inversión de $467.935 millones.

Ecopetrol es una de las empresas que más ha participado del programa.

En 2019 el sector de infraestructura vial se quedó con 60% de los recursos aprobados ($150.000 millones), lo que muestra un incremento de 5,8% con respecto al año anterior ($142.000 millones). En segundo lugar se encuentra el sector de saneamiento básico, que alcanzó un monto cercano a $92.000 millones.

En los departamentos de Arauca, Antioquia y Cauca se concentra 50% del total de los recursos aprobados, con $101.506 millones, $93.155 millones y $37.275 millones respectivamente.

Actualmente hay nueve proyectos finalizados en los sectores de transporte y educación, por $21.633 millones, ubicados en los municipios de Rioblanco, San Martín, Chalán, Tame, Tumaco, Suárez, Santa Isabel y Barbacoas.

La ART espera este año que las empresas ejecuten 41 proyectos, con una inversión de $383.484 millones y preparar 15 más por un valor de $62.818 millones.

Cerca de 75% de las empresas que se han sumado al programa pertenecen al sector de minería y de hidrocarburos.

Ecopetrol, Cerromatoso, El Cerrejón EPM, Suramericana, Manuelita, Arturo Calle y Bavaria, entre otras se encuentran ejecutando proyectos de obras por impuestos.

Aunque el Consejo Superior de Política fiscal (Confis) estableció un techo de $250.000 millones anuales, la ley de presupuesto contempla cupos adicionales hasta de $1 billón.

Juan Carlos Zambrano, director de la ART, indicó que las obras por impuestos permiten llevar inversiones a los sitios con más alta conflictividad.

En la ART trabajan para agilizar aún más el proceso de postulación de las empresas. “Si un proyecto está bien presentado para ser viabilizado, el proceso dura alrededor de 6 meses, depende de la presentación, en muchos casos los municipios son apoyados por las empresas”, explicó Zambrano.

Es una relación ‘gana- gana’, pues permite una sinergia entre el Gobierno y el sector privado. Mientras el Estado logra llevar inversión a los lugares más apartados y golpeados por la violencia, las empresas pueden mejorar las relaciones con sus grupos de interés.

Mineros S.A y Cerrejón tienen proyectos en la Guajira y Antioquia.

Además, la infraestructura dinamiza la economía en estas zonas, lo que mitiga, en cierta medida, la dependencia de actividades ilegales, comunes en estos territorios.

El país vive una difícil coyuntura en materia de tensión social y de rechazo al empresariado. En estas circunstancias, este tipo de acciones conjuntas constituyen un avance importante en la tarea de generar confianza entre las comunidades, el sector privado y el Gobierno..