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TELECOMUNICACIONES
Siguen los problemas para la subasta del espectro
La situación generada en la subasta de espectro por un supuesto error o inconsistencia en una de las ofertas sigue dando de qué hablar. La Procuraduría pidió a MinTIC suspender el otorgamiento de permisos.
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La renuncia de Partners –uno de los jugadores que participó en la subasta de espectro de finales del año pasado– a una de las bandas que ganó en el proceso sigue en el centro del debate y a la espera de un pronunciamiento por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
Los resultados de la subasta no cuadraron, pues mientras el presidente Iván Duque en un tuit celebraba los más de $5 billones recaudados en este proceso, las actas y certificados finales señalaban que la operación llegó a $7 billones.
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Partners, un fondo de capital privado inglés y que opera en Chile bajo la marca Wom, en una de las etapas del proceso de subasta de la banda de 2.500, en la que también estaban participando Claro y Telefónica, ofreció $1,7 billones por 10 MHz de espectro, diez veces más que el valor base. En el proceso Partners se quedó con 20 MHz en la banda de 700 y 30 en la de 2.500.
Sin embargo, días después envió una carta al MinTIC renunciando a ese bloque de 10MHz. Eso produjo el pronunciamiento de los operadores que participaron en la subasta, a raíz de una solicitud del MinTIC para conocer sus comentarios sobre la carta de Partners. En sus respuestas, operadores como Tigo y Telefónica han advertido inconsistencias jurídicas que genera esta solicitud y los riesgos de una aceptación por parte de MinTIC.
Pero ahí no han parado ni las cartas, ni las reacciones y la dinámica epistolar es cada vez más alta. El pasado 15 de enero, la Procuraduría le envió al MinTIC una misiva con cinco cuestionamientos: tres alrededor del proceso de subasta y la afectación por el desestimiento de Partners –si se trata de una oferta integral, y si afecta la legalidad del proceso–; otro interrogante en términos de competencia sobre la afectación a los precios y los resultados; y una pregunta más sobre la validez de la oferta.
Al cierrre de esta edición, la Procuraduría solicitó al MinTIC evaluar la suspensión del otorgamiento de permisos para el uso del espectro producto de la subasta de diciembre. Además abrió investigación disciplinaria contra el director de Industria de Comunicaciones del MinTIC, Jorge Guillermo Barrera.
El 22 de enero, Telefónica mandó una carta a Martha Angélica Martínez, contralora delegada para el Sector de Infraestructura Física, Comercio Exterior y Telecomunicaciones. En ella advierte “graves irregularidades que se presentaron en el proceso de subasta, tanto en el diseño de las condiciones de subasta, como por la ocurrencia de hechos que afectan el interés y los recursos públicos en un proceso de contratación de la misma naturaleza, pero que además versa sobre un recurso escaso que tiene un tratamiento constitucional y legal especial”.
Entre los señalamientos, Telefónica advierte una causa de pérdida de bienestar para el país, “traducida en un costo de oportunidad de explotar ese espectro calculado por el consultor independiente e internacional experto en subastas FTI Consulting en $271.000 millones”.
Dinero conoció que la Contraloría ya está analizando el caso y se estima que se pronuncie en menos de un mes. Al parecer habría preocupación por el valor recaudado en el proceso, que para algunos analistas pudo haber sido superior a los $5 billones.
Apenas siete días después de la carta de Telefónica a la Contraloría, se conoció uno de los primeros pronunciamientos de Álvaro Rendón, nuevo gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM). En su calidad de accionista de UNE, que a su vez participa en Colombia Móvil (Tigo), junto con Millicom, envió una carta a la ministra de TIC, Sylvia Constaín, en la que manifestó, como lo han hecho otros operadores, que en ningún momento la resolución por la que se reglamentó la subasta “habilitó la devolución parcial de lo que fuese adjudicado, tal como lo está solicitando Partners. Su oferta presentada en el proceso de subasta es vinculante e irrevocable, por lo tanto, aceptar la solicitud de Partners tipificaría un incumplimiento a las reglas de la subasta por parte del Ministerio”.
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El auge epistolar en el caso de la subasta viene en ascenso. Distintos jugadores y organismos de control han fijado sus posiciones.
Aunque aún, al cierre de esta edición, no se conocía un pronunciamiento oficial de MinTIC sobre la controvertida renuncia de Partners al bloque, sin duda, la carta más importante y que da algunas señales fue la respuesta de MinTIC a un cuestionario que le envió el senador Horacio José Serpa sobre el proceso.
Al responder por las implicaciones de la solicitud de Partners, el MinTIC advierte que “otorgará el permiso para el uso del espectro radioeléctrico mediante actos administrativos de carácter particular a los participantes que hayan sido asignatarios de alguno de los bloques subastados. Estos actos contendrán, entre otros, la descripción precisa de las bandas de espectro asignadas, según los resultados de la subasta, el valor a pagar, la forma de pago, las condiciones de uso y ejercicio del derecho otorgado, así como las localidades en las cuales deberá cumplir la obligación de ampliación de cobertura (...). Por tanto, cada bloque y banda de espectro obtenida por cada participante en el proceso de subasta es independiente”, dice en su respuesta.
Esta será una de las principales controversias. En las consideraciones de algunos de los operadores, una de las más evidentes es la imposibilidad de dividir el espectro para efectos de la renuncia. “Partners debe cumplir con lo ofertado o renunciar a la totalidad del espectro que le fue adjudicado por el ministerio (…) Las reglas del Pliego de Condiciones evidencian que se trata de un solo proceso, con una sola garantía y una sola oferta”, dijo Tigo en su respuesta a MinTIC.
Todo indica que el panorama de la subasta está lejos de aclararse. Y, además de la intervención de los organismos de vigilancia y control, lo que estaría por venir es una profunda contienda y controversia jurídica.