INFRAESTRUCTURA
En 7 años la ANI le ahorró $2,4 billones al país
En los primeros 7 años de funcionamiento de la Agencia Nacional de Infraestructura, la entidad le evitó al país el pago de varios litigios por las obras en concesión y una disminución en los mismos.
La Agencia Nacional de Infraestructura calculó en $2,4 billones el pago de pretensiones económicas que presentaron concesionarios ante 39 tribunales de arbitramento durante los últimos 7 años.
De acuerdo con el director de la ANI, Dimitri Zaninovich, en dicho periodo de tiempo se han emitido 23 laudos arbitrales, con un tiempo promedio de proceso de 2 años y 6 meses. El proceso más largo se tardó 5 años y 3 meses, mientras que el más corto se tomó apenas 1 año y 2 meses.
La agencia destacó que “aún así, es más rápido que el tiempo promedio de emisión de las sentencias en segunda instancia en la jurisdicción administrativa que ha llegado a registrar casos de hasta 10 años”.
El director de la agencia agregó que la entidad ha orientado su defensa en los tribunales arbitrales “principalmente en garantizarle a los colombianos que los contratos para la construcción de la infraestructura se deben ejecutar en los tiempos y con las condiciones con las que se fijaron desde el inicio”.
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La ANI agregó que “aunque tiene similares pasos a un proceso judicial, no se cuenta con segunda instancia, por lo que solo procede recurso de anulación, que es una oposición muy excepcional”.
De acuerdo con el informe de auditoría regular de la Contraloría General, para el cierre del 2016 la Agencia Nacional de Infraestructura tenía vigentes 848 procesos judiciales, que sumaban $3.004 millones.
Fuente: Contraloría General
El informe destaca que, del total de pretensiones, el 65% correspondía a reparaciones directas y equivalían al 33% del valor total de los procesos. Les seguían las acciones populares con el 15% y los procesos de nulidad y restablecimiento con el 3%.
Por otro lado, durante 6 años, ha invertido $23,2 billones en infraestructura, de los cuales $2,7 billones se ejecutaron entre 2011 y la primera mitad del 2017, mientras que los restantes $4,4 billones debían ejecutarse en el segundo semestre de ese año.
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