Avanza decreto que definirá obras por impuestos en Zomac

En muchas regiones del país los ánimos están caldeados: las consultas populares contra la industria extractiva –minería y petróleo– han puesto en entredicho el futuro de las operaciones. En ocasiones, las protestas están relacionadas con que no se resuelven problemas críticos que afectan a las poblaciones.

De hecho, las empresas se han quejado de cómo las comunidades, en el marco de sus protestas, han bloqueado accesos y dificultado sus operaciones porque piden puestos de salud, mejoramiento en las escuelas y hasta la pavimentación de las vías, entre muchas otras obras.

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Desde el año pasado, en la discusión de la reforma tributaria y en el escenario de posconflicto, se empezó a ver con interés una salida que permitiera llevar a las comunidades soluciones más rápidas y efectivas a sus problemas: se trata del mecanismo de obras por impuestos, que opera en países como Perú y que ha dado resultados muy favorables. La idea, en principio, es que las empresas en lugar de pagar impuestos directamente al gobierno central, puedan desarrollar obras físicas en los municipios donde tiene influencia.

En el pasado Congreso de la Asociación Colombiana de Minería, el representante a la Cámara Carlos Jiménez aseguró que el principal incentivo para que las empresas cambien obras por impuestos es el de estar más cerca de las comunidades. “El hacer obras por impuestos les permite que una obra que se vaya a hacer en cuatro o cinco años se reduzcan sus tiempos a seis o siete meses”, dijo el Congresista.

Sin embargo, en el desarrollo de la implementación ha habido diferencias. La principal fue que inicialmente quedaron por fuera los sectores de hidrocarburos y minería. Aunque esta situación ya fue solucionada en el marco de las facultades extraordinarias conferidas por el Acto Legislativo 1 de 2016 y el decreto Ley 883 de este año que permite que las empresas dedicadas a estas actividades puedan realizar obras por impuestos.

Foto: Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda.

Pero también hay preocupación con relación a la reglamentación, la identificación de los proyectos –para que no aparezcan nuevos elefantes blancos, sino que se prioricen soluciones básicas– y los efectos contractuales y tributarios de las obras.

Según conoció Dinero, el proyecto de decreto para comentarios estará listo entre agosto y septiembre. En él se definirán las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (Zomac), que se estima sean más de 300 municipios beneficiados.

En la Reforma Tributaria se introdujo un capítulo que tiene como objetivo cerrar las brechas de desigualdad socioeconómicas en las Zomac y promover la generación de empleo.

En el primero, el Régimen Especial de Tributación busca incentivar la creación de nuevas empresas en los municipios Zomac.

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Por los próximos 10 años las empresas que se ubiquen allí tendrán tarifas reducidas del impuesto de renta. Las micro y pequeñas iniciarán con una tarifa del 0% y las medianas y grandes del 50% de la tarifa general de su impuesto. En el segundo, obras por impuestos, las empresas podrán destinar una parte de sus impuestos en la realización directa de una obra pública priorizada en temas como educación, vías terciarias y energía, entre otras, explicó una fuente del Gobierno.

Al cierre de esta edición seguían los análisis para definir la medida que, aunque es de buen recibo en el sector empresarial, no deja de generar dudas en su implementación porque, como mencionó el presidente de una minera, “el diablo está en los detalles”.

Preocupaciones

¿Qué desvela a los empresarios? “Tenemos que ver cuál va a ser la reglamentación de estas obras, la forma en que se van a escoger, cuál es el listado y bajo qué criterios, cuál es exactamente el tratamiento tributario que se le va a dar y el tema de la responsabilidad frente a la obra. Somos compañías extractivas y es necesario definir cómo terminamos respondiendo ante una obra, bajo la lupa de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría”, agrega el empresario.

Según fuentes del Gobierno, ya se están haciendo cambios con el objetivo de garantizarle al contribuyente seguridad jurídica. “Por ahora podemos adelantar que se construyó un procedimiento totalmente detallado, el cual empieza desde el momento en que la empresa desea estructurar un proyecto para que este haga parte del banco. El tratamiento tributario quedará mucho más claro, y se están aclarando algunos temas que estaban generando confusiones”, dijo un vocero del Gobierno.

La otra gran preocupación está relacionada con la definición de las Zomac, pues algunas zonas podrían quedar por fuera. Uno de los mayores focos de atención es La Guajira y qué decisión se va a tomar en torno a esta región, que si bien no tuvo un gran impacto en el conflicto con las Farc, sí tiene una gran influencia minero-energética (con producción de sal, carbón y es uno de los departamentos claves para el desarrollo de energías alternativas como la eólica y la solar), y es una de las zonas del país donde se requieren obras con mayor urgencia.

De acuerdo con el Gobierno, los beneficios del posconflicto son para todo el país. “El Gobierno está desarrollando, en cabeza de cada uno de sus Ministerios, Planes Nacionales Rurales que buscan en un periodo de 15 años inversiones en temas como vivienda, electrificación, educación, entre otros. Lo anterior muestra que la llegada de bienes públicos rurales no solo depende de obras por impuestos, sino que esta iniciativa es apenas un mecanismo más que contribuye con este propósito”, agrega la fuente.

Foto: Rafael Pardo Ministro del Posconflicto.

Finalmente, Ramón Espinasa, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), planteó en el pasado Congreso de la ACM una inquietud adicional: “si las magnitudes pasan a ser grandes pueden tener unas consecuencias fiscales muy perversas. Si hay balance fiscal y se gasta más en las provincias productoras de bienes extractivos, va a ser a expensas de otras regiones que no tienen recursos naturales y es un juego que tiene que sumar cero. Ahí tiene que preguntarse en términos de la legalidad es a quién pertenecen los recursos del subsuelo: a la Nación o a las municipalidades”. A la luz de los debates en torno a las consultas populares, este es un tema clave para tener en cuenta en la reglamentación.

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Para los empresarios, las obras por impuestos pueden convertirse en un instrumento de cercanía y convivencia en las regiones donde operan, más aún cuando la presencia del Estado es limitada. Es clave definir los alcances de la iniciativa porque, como dijo el empresario, “el diablo está en los detalles”.