¿Cuáles son los retos de la vivienda rural en Colombia?

Este año el Ministerio de Vivienda recibió el sector de vivienda rural que en los últimos 20 años había estado a cargo del Ministerio de Agricultura.

Desde entonces la cartera se enfocó en pasar de un programa de vivienda a una política de largo plazo, cuya primera fase de aplicación sería del 2020 a 2022 y cuya estructuración comenzó con el aporte de información por parte de 943 municipios del país, es decir, el 85% del territorio nacional.

La destinación anual a esta política alcanzaría los $500.000 millones, en los que el Ministerio estructuraría los proyectos de vivienda y los entregaría en estado de pre factibilidad, para que sea más fácil de desarrollar desde las entidades territoriales.

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En conversación con Dinero, la directora de Vivienda Rural de esta cartera, Saira Samur, señaló que están identificando los territorios más vulnerables en materia de déficit de vivienda y de pobreza, para priorizar los proyectos en estos territorios.

“La política y sus resultados los tendremos a finales de este mes, está aterrizada y avanzada. Lo que sigue es la implementación de la política, sigue la contratación de la fiducia que va a administrar esos recursos y la fiducia va a contratar la construcción de obras, que será en este segundo semestre que ya empezó”, explicó la directora.

Aunque en Colombia el 50% de sus municipios tiene desactualizados sus Planes de Ordenamiento Territorial, esta no sería una limitante de la vivienda rural, pues los POT tienen mayores limitantes en la utilización del suelo urbano.

Otras de las restricciones, citadas por Samur, son el no desarrollo de vivienda en zonas de reserva natural, en zonas de alto riesgo no mitigables y otros, que son condiciones que en las zonas rurales no tienen mayores cambios en las políticas de los entes territoriales.

“Al final del Gobierno las metas son más de 26.000 mejoramientos de vivienda y 10.000 viviendas nuevas”, precisó la directora de Vivienda Rural.

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El país tiene al 37% de los hogares nacionales en déficit de vivienda, siendo el 10% en déficit cuantitativo y 27% en déficit cuantitativo. De estos, 2,3 millones de hogares rurales componen este déficit.

Surtido el proceso de escucha a los entes territoriales, comunidades y líderes sociales, la cartera de Vivienda nacional se encuentra en la fase de escuchar a los gremios del sector para consolidar la política.

El proyecto de ley de vivienda y hábitat

El Ministerio de Vivienda radicó hace unas semanas un proyecto de ley en el Congreso de la República con el que busca simplificar el acceso a los subsidios de vivienda rural y urbana. En el articulado se plantea el aumento de plazos de financiación y la reducción de tiempos para la venta de viviendas adquiridas con subsidio.

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Teniendo en cuenta las limitaciones de acceso a algunos territorios, la ley avalaría el aumento del valor de los subsidios de vivienda nueva, construcción en sitio propio, reforzamiento estructural y mejoramiento de vivienda social y prioritaria rural, a través del rubro de transporte.

“Hay zonas muy excepcionales en donde ese subsidio no es lo suficiente. Un ejemplo, en zonas selváticas donde la única forma de llegar es en helicóptero o río, los costos se suben. En ese tipo de zonas obviamente necesitamos pasarnos del tope del subsidio y el proyecto de ley flexibiliza el rubro de transporte”, manifestó Saira Samur.

Para el caso de la vivienda rural también se incluirán el crédito hipotecario y el leasing habitacional, así como los mecanismos de pago de obras por impuestos, obras por regalías o a través de donaciones.

La atención diferencial sería un pilar en esta norma, pues se realizaría en el país de acuerdo con el género, etnia, edad, condición de discapacidad, reconocimiento como víctima del conflicto armado o en proceso de reincorporación.

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