Empresas del gobierno valen $62,34 billones

El gobierno colombiano estima en $62,34 billones el ‘valor intrínseco’ de todas sus inversiones en empresas que son susceptibles de vender. La información está incluida en el Plan Anual de Enajenaciones, un documento remitido por el Ministerio de Hacienda al Congreso todos los años, como parte de un requisito establecido por la ley 226 de 1995.

Más del 70% de ese valor está representado en Ecopetrol y sus filiales. El grupo petrolero tiene un avalúo preliminar de $45,9 billones. Llama la atención que el “valor intrínseco” (que corresponde al patrimonio líquido de la compañía), es de $1.262,32 por acción; este valor está muy cercano al precio de la acción en el mercado de valores que ha superado a los $1.300 en los últimos días. Esto pone en evidencia el enorme impacto que ha sufrido esta compañía que registró pérdidas por $3,9 billones en 2015.

De hecho, como una de las estrategias para enfrentar la crisis, Ecopetrol ya anunció que buscará vender Propilco. Según el documento conocido por Dinero, Propilco tiene un valor estimado de $1,25 billones, equivalentes a $3.024 por acción. Su aparición en el listado es el primer paso necesario para concretar la operación pero no es el único.

La segunda inversión más importante del portafolio del Gobierno Central es ISA. El gobierno tiene el 51,4% de las acciones de la transportadora de energía. Esa participación está avaluada de forma preliminar en $4,03 billones o $7.086,69 por acción. En el mercado, ISA se está transando sobre los $8.200.

Una fuente del ejecutivo explicó a Dinero que es costumbre incluir en este documento todos los activos independientemente de si hay o no planes concretos de desinversión. Es claro que por ahora no hay la intención de salir de Ecopetrol, pues la compañía ha perdido valor en bolsa por cuenta de la caída en el precio del crudo.

Sin embargo, es claro que la administración Santos está enfrentando enormes problemas fiscales por cuenta de la caída en los ingresos petroleros. No sería descabellado suponer que en algún momento tendrá que plantearse si acudir a un programa de privatizaciones para cubrir parte del faltante fiscal.

El Plan Anual de Enajenaciones es fundamental pues cualquier activo que quiera vender el Gobierno debe aparecer en este documento; en caso contrario, la ley establece que no podrá ser enajenado ningún bien que esté por fuera de esta lista. De hecho el Gobierno tuvo que demostrar que sí incluyó a Isagen en el listado de 2013, para defenderse de las demandas contra el proceso. 

Por ahora el proyecto ‘Ley Isagen’, promovido por un grupo de congresistas, busca que el Congreso pueda debatir la lista en lugar de simplemente recibirla. Actualmente el plan no requiere ninguna aprobación o debate en el legislativo.