El billonario debate sobre la asignación del espectro

Las tensiones en el sector de telecomunicaciones no ceden. Primero, llegó el debate sobre una posible posición de dominancia de Claro en servicios móviles y datos. Este quedó en stand by porque la anterior Comisión de Regulación no falló y la nueva institucionalidad contemplada en la reciente Ley TIC todavía no está lista para definir esta controversia. El segundo tema ha sido el de las dificultades de Avantel con los otros operadores –Tigo, Movistar y Claro– para operar en las redes de sus competidores.

Y ahora el debate se concentra en la discusión por la esperada subasta de espectro para la asignación de permisos para el uso de las bandas de 700, 1.900 y 2.500 MHz.

La subasta, un tema muy técnico, es clave para aumentar la cobertura, mejorar la calidad del servicio y garantizar nuevas inversiones. “Es una oportunidad histórica para que el Gobierno promueva la competencia en el sector y saque al mercado de un letargo que ya supera los 15 años”, dice Marcelo Cataldo, presidente de Tigo Une.

El presidente Iván Duque, en el pasado Congreso de Andicom, le solicitó a la ministra Sylvia Constaín “sacar adelante la subasta”. Además, señaló que “la subasta de los 700 MHz… es fundamental para la inversión de los próximos años en el sector de las TIC (…) detrás de esa subasta viene el impulso que necesita la industria a todo nivel y en todo el territorio nacional”.

En los meses pasados el proceso estuvo quieto por el impulso que le estaba dando el Gobierno al trámite del proyecto de Ley TIC en el Congreso, que salió aprobado. Ahora enfocarán sus esfuerzos en sacar adelante la subasta.

En octubre estará listo el borrador final del proyecto de resolución de asignación del espectro. Pero ya jugadores del sector han hecho comentarios al proceso, que debe terminar con la asignación en la subasta en diciembre de este año.

El espectro electromagnético, propiedad del Estado, se maneja por bandas. Mientras más baja sea la banda, menos antenas se requieren para tener cobertura. Particularmente, la banda de 700 MHz permite llevar de forma eficiente servicios de banda ancha móvil.

Algunos operadores reconocen el esfuerzo del Gobierno, que incluso estuvo acompañado de un cambio en el sector por la Ley TIC. Pero hay algunas preocupaciones.

“Estamos a la espera de la resolución final para tomar la decisión de participar o no. Nuestra expectativa es que, con base en los análisis y datos proveídos, el Gobierno suministre las aclaraciones e información solicitadas y defina condiciones para equilibrar el mercado, generando condiciones de competencia para operadores sin bandas bajas. La subasta debe disponer de condiciones para todos los operadores, como se ha hecho en otros países del mundo en los que, al igual que en Colombia, es evidente la desventaja competitiva que supone tener un operador sin la mezcla de bandas bajas y altas. Esto, por los mayores costos de despliegue de red y la diferencia marcada al aproximar el mercado, cuando unos tienen bandas bajas y otros no”, dijo Cataldo, de Tigo Une. Y no descartó una posible demanda contra el Estado.

¿Qué preocupaciones hay? Por una parte, que no se va a publicar el precio mínimo. Según un análisis del consultor Nera, ningún país de la Ocde hace el proceso de esa manera. Esto haría que el interés fuera más recaudatorio que por el objetivo de ampliar la cobertura.

Por otra, no está claro –según algunos operadores– que el Gobierno saque todo el espectro a disposición y aún no ha definido cuánto va a poner. Esto podría hacer que los operadores necesitaran de un gran esfuerzo financiero, pero que no alcanzaran los megahertz que necesitan.

Fabián Hernández, presidente de Telefónica Colombia, considera, de acuerdo con un estudio de Nera, que si el Gobierno no subasta todo el espectro podría golpear la economía y generar pérdidas al PIB de US$425 millones.

Además, tampoco hay información suficiente sobre los 5.900 lugares elegibles por el Gobierno para hacer los mayores esfuerzos de cobertura. Eso impide hacer el análisis de costos de inversión y de operación.

Para Hernández, otro aspecto complejo es no haber definido el tema de dominancia de Claro. “La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) puede analizar las condiciones de la subasta y ver si se promueve con ellas la competencia. Con una declaratoria de dominancia en voz y el impacto que tiene, como lo dijo la Comisión de Regulación en sus estudios, se trasladó a otros servicios. Debe hacerse un análisis previo del mercado de competencia y dentro de la subasta determinar qué impacto tiene. No se puede pasar por alto”, dice.

Por su parte Claro considera, frente a la posibilidad de que no se subaste todo el espectro, que esto dependerá del interés de quienes manifestaron su intención de participar y que efectivamente estén dispuestos a invertir.

La regulación vigente prevé para bandas bajas un tope de espectro de 45 MHz. Eso implica que dos de los actuales operadores que ya tienen espectro en bandas bajas (Claro y Movistar, cada uno 25 MHz), solamente podrían participar por 20 MHz adicionales en la frecuencia de 700, mientras Tigo, que actualmente no tiene espectro en bandas bajas, podría hacerlo hasta por 45 MHz que es el tope existente.

“De esta forma, la ley garantiza que ningún operador pueda acaparar el recurso escaso. Algo para tener en cuenta es que después de esta subasta todos los operadores nos acercaremos a los topes de espectro y cuando llegue la 5G necesitaremos más, por lo que el Ministerio debería revisarlos y modificarlos”, dijo la empresa.

Y frente al tema de dominancia, Claro señaló que ni en el mercado de datos móviles ni en el de Servicios Móviles (oferta conjunta de voz y datos móviles) se ha constatado la existencia de dominancia de ningún operador.

Finalmente, la empresa señaló que parecería que los otros operadores están poniendo las dificultades. “Si tienen vocación de invertir y competir en el mercado de telecomunicaciones, deben aprovechar el entorno y las condiciones (…) y no estar hablando de demandas al proceso”.

Las tensiones en el sector siguen y será clave la acción del Gobierno para garantizar la pluralidad de las ofertas en la subasta. Pero también el normal desarrollo de un renglón clave para la economía colombiana.