Hueco financiero de 4G es, por ahora, negociado por las buenas

Justo cuando la ejecución de la Cuarta Generación de concesiones (4G) mejoraba el ritmo de ejecución en los primeros dos meses del presente año, aparece la covid-19 para aguar la fiesta.

Ante la parálisis en el cobro de peajes que se extendió por 65 días y las restricciones en movilidad actuales, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y concesionarios negociarán en los próximos días un acuerdo que busca evitar una avalancha de demandas y tribunales de arbitramento sin precedentes en el país.

“Tenemos afectaciones significativas en las concesiones. En las viales estamos hablando de 46 contratos de los cuales 29 son de 4G. En aeroportuario tenemos 6 contratos que corresponden a 16 aeropuertos. Es por esto que decidimos hacer una negociación transversal con el acompañamiento de la Contraloría, Procuraduría, Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado”, explica Manuel Gutiérrez, presidente de la ANI.

El problema

A finales de marzo pasado y por orden del Gobierno nacional, los concesionarios suspendieron el cobro de peajes y solo permitiendo el paso de vehículos de carga para alimentos y medicamentos.

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Esto ocasionó una caída estrepitosa en los ingresos de las concesiones, una de las fuentes de financiación de estas compañías.

Por el lado de los aeropuertos, la situación fue más dramática, pues siguen suspendidos los vuelos internacionales y domésticos. Solo se permiten algunos vuelos de carga y humanitarios.

Pero no es el único problema que deben dirimir constructores y Gobierno. La parálisis de 1.450 frentes de obra en 4G generó mayores costos para los proyectos, pues las empresas mantuvieron la nómina y continuaron pagando los leasing de la maquinaría, entre otros costos fijos.

Además, la reactivación de frentes de obras ha sido lenta, debido a toques de queda en algunos municipios, dificultades para conseguir algunos insumos y al hecho que algunos trabajadores han realizado una cuarentena de 7 días en hoteles cercanos a las obras, como parte de las exigencias de diferentes alcaldes. Casi ningún contrato está al mismo ritmo de febrero.

Además, los viajeros y turistas no volverán a vías y aeropuertos de manera inmediata, lo que generará un mayor hueco en los recaudos y aumentará el nerviosismo en los bancos y bonistas, financiadores de las obras.

Las salidas

Los abogados dicen que más vale un mal arreglo que un buen pleito. De ahí que la primera opción es que la ANI y los 10 representantes de los concesionarios lleguen a un acuerdo que permita terminar las obras.

La infraestructura es uno de los pilares fundamentales para recuperar la economía en la era poscovid.

Entre enero y marzo de 2020, el indicador de obras civiles creció 7,9%. Durante ese periodo, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos tuvo un aumento en los pagos de 18% frente al mismo trimestre de 2019, según el Dane.

En la antesala de la negociación, la ANI plantea una extensión de los contratos, lo que conlleva un mayor plazo para recaudar peajes.

Sin embargo, los concesionarios de 4G no están de acuerdo, teniendo en cuenta que el retorno de lo que se dejó de recibir en esta pandemia se obtendría en 2040 o en años cercanos a esa fecha, que es cuando vencen los contratos actuales. “La propuesta de la ANI puede funcionar para la 3G, donde la terminación de los contratos está más próxima. Pero en 4G la situación es distinta, porque no se puede esperar hasta 2040 para recuperar ese dinero. Se debe hacer un ejercicio de ingeniería financiera que tenga en cuenta el valor del dinero en el tiempo”, dijo Menzel Amín, presidente de KMA, una constructora que tiene concesiones tanto de 3G como de 4G.

Mario Huertas Cotes, otro constructor importante del país, plantea que la mejor opción es utilizar los fondos destinados a predios y traslado de redes para compensar de manera inmediata los faltantes por levantar las talanqueras.

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Cada proyecto cuenta con estos fondos que tienen aportes de las mismas concesiones (equity), por lo que no habría que buscar en el Ministerio de Hacienda recursos nuevos, al menos en el corto plazo.

“En ningún contrato estaba previsto dejar de cobrar peajes. Por eso la necesidad de generar confianza con los bonistas y bancos. Además, cada otrosí que se quiera firmar debe pasar primero por el visto bueno de los bancos”, dijo Mario Huertas.

Los atenuantes

Para la ANI no será fácil negociar, pues no se puede arriesgar a un detrimento patrimonial derivado de una ampliación o compensación excesiva con los concesionarios.

Pero tampoco puede negar los hechos de imprevisibilidad de la pandemia y los efectos económicos que ha tenido esta crisis en las constructoras. Lo más seguro es que las dos partes tengan que asumir algún tipo de costo.

Otro hecho relevante es que en 2022 está previsto el primer corte de cuentas de 4G, en el cual se comparará el tráfico anual proyectado en los estudios con el reportado en peajes.

Los concesionarios podrían recibir millonarias compensaciones si el tráfico estuvo por debajo de las expectativas.

Se sabe que, desde 2014, cuando se firmaron los contratos, el Gobierno nacional ha fondeado cada año aportes para esas cuentas. Obviamente, el hueco en 2020 podría ser mayor, debido a que la gente no ha viajado como antes.

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4G consiguen plata en medio de la crisis

Proyectos que están a punto de entregarse, como Girardot-Honda-Puerto Salgar, presentan un déficit muy alto debido a la existencia de una autopista paralela y por tratarse de un trayecto nuevo. En contraste, otros proyectos estarían más cerca del tráfico esperado por lo que la compensación sería inferior o inexistente.

Los negociadores son optimistas frente a un acuerdo que evitaría una nueva parálisis del sector y un golpe a las ya mermadas finanzas públicas.

El presidente de la ANI, Manuel Gutiérrez, explica en el siguiente video detalles de la negociación: