Contraloría: Hidroituango seguirá generando pérdidas en el futuro

Este proceso de control excepcional fue iniciado por parte del ente de control fiscal en 2019, producto de la crisis que tuvo el proyecto en 2018 y la emergencia que causó en las poblaciones cercanas.

Los resultados presentados este jueves involucran a 28 personas, entre naturales y jurídicas, entre las que están exgobernadores de Antioquia, exalcaldes de Medellín, exgerentes y altos mandos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), y las empresas involucradas en el desarrollo de la obra.

La responsabilidad fiscal imputada a los 28 actores es por $4,1 billones, de los cuales $2,9 billones corresponden a pérdida de valor del proyecto.

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"Las imputaciones llevan a la pérdida del valor neto del proyecto Hidroituango y a generar un lucro cesante por un valor de $1,1 billones", explicó el vicecontralor general encargado, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez.

¿Qué sigue en el proceso?

Según lo explicó Ruiz Rodríguez, "no existe plazo para proferir un fallo definitivo. Lo que sigue es que en los próximos 10 días se notifican las imputaciones para que los implicados puedan defenderse. Posteriormente vendrá un período probatorio, que sean solicitadas por las partes y después se analizarán y se proferirá el fallo de responsabilidad fiscal que corresponda".

El proyecto, según el proceso desarrollado, pasó de un valor neto de $6 billones a $13 billones, destruyendo el valor del proyecto hasta junio de 2019.

La Contraloría señaló que la Universidad Nacional fue la encargada de correr el modelo financiero del proyecto durante la actuación especial y según Ruiz, "a tiempo muy lejano, el proyecto seguía presentando números en rojo o valor presente neto negativo".

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"Para la Contraloría General era imprescindible saber si el valor invertido iba a generar una retribución para el proyecto y las comunidades aledañas", dijo el contralor General, Carlos Felipe Córdoba.

El jefe de la entidad cuestionó también los compromisos de EPM con la generación de energía que comenzaban en 2018 y se extienden hasta el 2038, pues de este proyecto depende parte de la demanda energética que tiene Colombia de cara a la próxima década.

Consorcios involucrados

Según la Contraloría, son cuatro los consorcios imputados por diferentes conductas en las nuevas decisiones conocidas este jueves.

El Consorcio CCCI, que se mantiene vigente en las obras que se desarrollan en Ituango, fue imputado por la Contraloría como constructor de las obras principales en el período 2012 - 2015. Entre las empresas imputadas de este consorcio están: Constructores e Comercio Camargo Correa S. A, Constructora Conconcreto S. A y Coninsa Ramon H S. A,

Las conductas imputadas al Consorcio CCCI involucran, según el ente de control, sistemáticos atrasos en la construcción de obras, defectos de construcción y aumento de valores del contrato.

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Al tiempo, fue imputado el Consorcio Túneles Ituango FS (CTIFS), constructores de los túneles de desviación, también por retrasos en obra y aumento del valor del contrato. Allí se vinculas las empresas Ferrovial Agroman Chile S. A y Sainc Ingenieros Constructores S. A; durante el período 2012 - 2015.

La Contraloría vinculó al Consorcio Ingetec Sedic como interventor de la obra y a las empresas Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S. A Ingetec y Sedic S. A., por ausencia de seguimiento al contrato de obras principales.

El último consorcio imputado en el proyecto de la hidroeléctrica es Consorcio Generación Ituango, que actuó como diseñador y asesor de la obra, vinculando a Integral S. A. S. y a Integral Ingeniería de Supervisión S. A. S., por deficientes asesorías y omisiones en las advertencias de la obra.