Investigan a 19 empresas de energía, acueducto y alcantarillado

De acuerdo con la superintendente, Natasha Avendaño García, estas indagaciones preliminares se iniciaron como resultado de quejas y reclamos sobre cobros en las facturas presentados por usuarios, autoridades y congresistas, entre otros dirigentes.

"Nuestra gestión en esta etapa es determinar si hubo o no incumplimientos al régimen de los servicios públicos domiciliarios en relación con la obligación de facturar la prestación del servicio con base en la medición real del consumo y no por promedio”, señaló.

En la lista de prestadores a los que se inició averiguación preliminar se encuentra Enel – Codensa sobre la que se recibieron al menos 9.000 reclamos y denuncias de usuarios contra la empresa que presta sus servicios en Bogotá y en algunos municipios de los departamentos de Cundinamarca, Meta, Tolima y Boyacá.

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Otras ocho empresas operan en ciudades capitales: Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá, Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, Aguas de Manizales, Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, Acueducto y Alcantarillado de Popayán y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San José del Guaviare. 

Las 10 restantes prestan sus servicios en municipios intermedios como la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios Industrial y Comercial del Estado de Miranda (Cauca), Empresas Municipales de Chinácota (Norte de Santander), Empresas Públicas de San Rafael y Empresas Públicas de la Ceja (Antioquia), Empresa de Servicios Públicos de Chaparral (Tolima). Aguas de Puerto Wilches (Santander). Aguas Manantiales de Pácora (Caldas). Aguas de la Sabana (Sucre y Córdoba), Empresa de Servicios Públicos de Villanueva (Casanare) y Empresa de Servicios Públicos de Tabio (Cundinamarca). 

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Estas indagaciones preliminares se suman a las tres iniciadas la semana pasada contra Cedenar, Alcanos y Gases del Caribe.

“Es importante precisar que, en cumplimiento del debido proceso establecido por ley, este procedimiento es una primera fase; en la que buscamos determinar si hubo acciones contrarias a la normatividad legal vigente por parte de los prestadores, para dar paso a investigaciones administrativas que puedan terminar en sanciones”, indicó la superintendente.