Levantan el pico y placa de taxis en Bogotá para enfrentar el paro de transportadores

Los desmanes protagonizados este lunes 23 de septiembre por conductores que protestaban por las sanciones incorporadas en el Código de Tránsito de 2002 pusieron a muchos colombianos a caminar largos trayectos para ir o regresar a sus trabajos y a decenas de conductores a reparar sus vehículos que fueron objeto de actos vandálicos.

Sin embargo, estos actos ilegales tendrán severos castigos según anunciaron la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

En horas de la mañana el fiscal encargado, Fabio Espitia, anunció la apertura de investigaciones a quienes participen en el cierre de vías, el daño a vehículos o quienes en medio de esta jornada de protesta, cometieran cualquier tipo de delitos.

La referencia del Fiscal era directa para los grupos de conductores que protagonizaron bloqueos en sectores como los límites entre Soacha y Bogotá o la autopista Norte, en los límites con el municipio de Chía. En estos puntos, algunos de los manifestantes procedieron a vandalizar los vehículos desinflando las llantas con puñales o amenazando a los conductores que prestaban normalmente el servicio de transporte.

También la Superintendencia de Transporte anunció que trabaja de manera conjunta con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, así como con las Secretarías de Movilidad de los municipios de Cundinamarca, “para identificar a las empresas, a los conductores y otros sujetos responsables de la afectación al servicio público”.

Según la Supertransporte, las multas para quienes sean encontrados responsables de afectar la libre prestación del servicio alcanzan los $579 millones, y pueden ir inclusive hasta la cancelación de las habilitaciones o permisos de operación de las empresas de transporte.

Es decir que en este caso les saldría mucho más costosas las sanciones porque incluso podrían ir a la cárcel los conductores, que lo que buscaban: tumbar la norma que señala que quien tenga dos infracciones en menos de seis meses sea castigado con la suspensión de la licencia de conducción.

La Supertransporte adelantó un proceso de vigilancia especial durante las protestas y encontró que se presentaron algunas situaciones aisladas “en lugares muy puntuales como ocurre en algunos municipios de Cundinamarca”. Sin embargo, la ciudadanía siente las consecuencias económicas del paro, pues muchas personas tuvieron que emplear demasiado tiempo para llegar a sus sitios de trabajo o para volver a sus hogares, mientras que otros definitivamente no lograron movilizarse.

Por esa razón, y al confirmar que este grupo de manifestantes contra el Código de Tránsito estaban violando derechos fundamentales de los colombianos a la libre movilización, la entidad decidió abrir investigación “a las empresas, conductores y otros sujetos que se encuentren afectando la prestación del servicio, para lo cual se están identificado a estos sujetos y se continuará vigilando en el curso del día para individualizar a las personas que han colaborado en estas acciones”.

Por otra parte, en el marco de la jornada de protestas se conoció un duro pronunciamiento de la Unidad Gremial de transportadores, que rechazó lo que considera un “paro de transportadores ilegales”.

La Unidad Gremial, integrada por la Asociación de Transportadores (Asotrans), el Consejo Superior de Transporte (CST) y la Asociación Nacional para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) expresó su “rechazo al paro anunciado a partir de mañana por parte de los transportadores informales como protesta a la suspensión de más de 13 mil licencias de conducción”.

De acuerdo con voceros de estas tres asociaciones, “esta protesta no tiene el respaldo de la #Unidadgremial ya que detrás de ella hay individuos que no son conocidos en el gremio del transporte y buscan protagonismo”, según confirmó José Yesid Rodríguez, presidente de ADITT.

Para el directivo, la solución a este tema solo se logra modificando el Código de Tránsito. Sin embargo, esta norma ya tiene prácticamente 17 años de vigencia, porque fue expedida en 2002.

Los afiliados a estos gremios denunciaron además que transportadores informales estarían usando el nombre de reconocidas empresas legales para convocar a este paro. “Es posible que la ilegalidad esté apoyando esta protesta desde la redes sociales usando los logos de muchas empresas de transporte reconocidas y no debemos caer en ese tipo de provocaciones. El terrorismo no es solo tirar bombas y disparar, también es asustar a la gente e impedir que la economía de un país se mueva”, dijo.

Finalmente, los gremios del transporte terrestre hicieron un llamado a la cordura y a “vivir cívicamente y no bajo la ley de la selva o la ley del más fuerte”, los dirigentes gremiales reiteraron que no existen razones válidas para acudir a la violencia, y “menos cuando lo que se pretende defender, por un grupo de transportadores que prestan un servicio ilegal, va en contra del pacto social escrito en la Ley”.