Centrales obreras demandarán decreto de piso de protección social

El Decreto 1174 de 2020 expedido por el Ministerio de Trabajo el 27 de agosto sigue generando polémica en el país y más sectores se oponen a la reglamentación que sugiere para el piso de protección social.

Esta vez las centrales obreras han comunicado su inconformidad con la normativa y las características que tiene de reforma laboral, según lo expresaron.

“La expedición del Decreto 1174 genera la más agresiva reforma laboral y pensional de los últimos 30 años […]. Hemos decidido suspender nuestra participación en la misión de empleo creada por el Gobierno, por cuanto la misión pierde su efecto de supervivencia”, explicó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela.

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La demanda iría al Consejo de Estado o a la Corte Constitucional y se concretaría en los siguientes días, una vez los equipos jurídicos de las centrales terminen de construir sus reclamaciones.

En el anuncio, también se citó a todos los miembros de los sindicatos obreros y las diferentes confederaciones para una movilización nacional el próximo 7 de septiembre que estaría apoyada por caravanas vehiculares.

“Por tratarse de una reforma laboral en la práctica esto tenía que llevarse a la comisión permanente de concertación. El decreto elimina la progresividad de los derechos de los trabajadores a la luz de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo”, expresó el presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Julio Roberto Gómez.

Los líderes de los sindicatos de trabajadores desmintieron que el decreto sea una reglamentación del artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022, pues si ya estaba en la ley, no era necesario generar un nuevo decreto.

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El piso de protección social, según la normativa, es para aquellas personas que mensualmente perciben ingresos inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente como consecuencia de su dedicación parcial a un trabajo u oficio o actividad económica.

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo en días anteriores que “está previsto que sea en febrero de 2021 [que entre en vigencia] y lo va a asumir Colpensiones, que será la entidad encargada de recibir, dar todas las indicaciones y lo más importante, hacer el seguimiento respectivo. Esto va a durar varios meses para su implementación”.

El jefe de la cartera de Trabajo aseguró en dicha declaración que el decreto no se trataba de una reforma laboral ni pensional.

Otras de las reclamaciones de este miércoles de las centrales obreras están relacionadas con el préstamo que haría el Gobierno a Avianca por US$370 millones, que según ellos debería destinarse a otros sectores.

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