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CONTRATACIÓN

¿Cómo evitar riesgos de corrupción en la contratación pública durante pandemia?

La Alianza Ciudadanía Activa ha hecho seguimiento a cerca de 20.000 contratos realizados durante la pandemia del coronavirus en Colombia por valor de $2,5 billones, razón por la que hizo recomendaciones al sector público para evitar hechos de corrupción.

7 de noviembre de 2020

Aumentar la disponibilidad de los datos públicos, el acceso a ellos y unificar las plataformas de seguimiento a la contratación pública, son parte de las peticiones y recomendaciones de la Alianza Ciudadanía Activa, que lidera procesos de seguimiento a los contratos hechos en la pandemia.

"La pandemia continúa y aunque ya no es una cuestión de inversión de emergencia, ahora resulta más importante hacer uso racional, eficiente y transparente de los recursos para seguir atendiendo esta situación", dijo el organismo.

Uno de los ejes de recomendación está dirigido a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, cuyas principales anotaciones están relacionadas con las plataformas Secop I y Secop II.

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"La calidad de los datos registrados en la plataforma Secop I, II y la Tienda Virtual del Estado es deficiente. Se recomienda estandarizar la información y utilizar los mismos términos y campos en las tres plataformas mencionadas", explica la Alianza.

En el informe se destaca que existen fallas en el diligenciamiento de la información disponible en las dos plataformas, por lo que se hace necesario también aumentar las labores de capacitación de los funcionarios que trabajan en ellas.

A la vez, se hace énfasis en "publicar los datos de manera oportuna y en un tiempo determinado. Durante el seguimiento se evidenció que algunas entidades cargaban contratos en el Secop días o inclusive meses después de firmados".

Los otros dos actores a los que se dirigen las recomendaciones para evitar riesgos de corrupción en la contratación pública durante la atención de la pandemia del coronavirus son las entidades contratantes y entidades locales, y los órganos de control y de investigación.

El informe destaca que en el seguimiento se han encontrado contratistas que no cumplen los criterios de idoneidad para las licitaciones o contrataciones directas que se hicieron desde marzo de 2020.

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También, se hace énfasis en que las entidades y autoridades locales respondan a tiempo las peticiones de información que hacen organizaciones y ciudadanos, pues "ignorar las solicitudes de información o dilatar los tiempos de respuesta impide el ejercicio ciudadano y viola el derecho a la información".

"Por eso se recomienda a las autoridades locales y entidades públicas un cambio de actitud, de manera que entiendan la transparencia como un medio para garantizar el acceso a la información".

Finalmente, a los organismos de control se les recomendó desde la Alianza mejorar la información disponible sobre las actuaciones realizadas y fortalecer el control preventivo, "sobre todo a nivel regional, con el fin de alertar a los funcionarios y evitar graves perjuicios por acciones u omisiones de las entidades públicas en la gestión contractual".