Pensiones: razones por las que es necesario modificar el Régimen de Prima Media

A raíz de una supuesta filtración de un proyecto de reforma pensional, el Gobierno tuvo que salir a desmentir que estuviera pensando en acabar con el Régimen Público de Prima Media y a Colpensiones. Al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, le llovieron rayos y centellas desde varios sectores políticos cuando, tratando de explicar los lineamientos de su reforma de Protección a la Vejez –como la ha denominado– afirmó que “hay que eliminar el subsidio que se paga hoy en el sistema público para financiar una extensión de la jubilación a toda la población (…)y que hay que luchar para que haya una correspondencia entre lo que se ahorra en el trabajo y lo que recibamos en nuestra tercera edad”.

Y puede tener razón. La próxima reforma pensional tendrá que acabar con la alta inequidad en el Régimen de Prima Media (RPM) y lograr una mejor distribución de los recursos estatales. La mayor crítica es que el régimen público hoy solo sirva para pensionar a quienes más tienen mientras excluye a los más pobres.

¿Hay que modificar el RPM? Estos son algunos de los puntos de discusión y debate.

¿Es una pirámide? El régimen público de pensiones en Colombia es un sistema de reparto donde las cotizaciones de los trabajadores más jóvenes financian la pensión de los más viejos. Es decir, un esquema piramidal que servía hace unos años cuando había muchos jóvenes por cada adulto mayor. Sin embargo, con el envejecimiento de la población, la revolución tecnológica y la alta informalidad hoy menos de 2 trabajadores jóvenes cotizan por cada pensionado. La solidaridad “intergeneracional” será imposible hacia futuro, lo cual hace insostenible este tipo de sistemas en el mundo.

¿Ya quebró? Las reservas del RPM se agotaron desde 2004. Desde entonces, el país ha tenido que destinar una parte importante del presupuesto de la Nación –cerca de la cuarta parte de los impuestos de todos–, para financiar las pensiones de unos pocos. El gasto público en pensiones desde 2004 supera $300 billones y solo este año fueron alrededor de $40 billones más. Según Anif, el pasivo pensional actual (lo que tendrá que pagarse a futuro) representa alrededor de 114% del PIB.

¿Es insostenible? Tan solo el próximo año el país tendrá que destinar alrededor de $43,29 billones para el pago de pensiones estatales, 12% más que los $38 billones que se gastaron este año. Esto representa 20% del presupuesto total de 2020 –el mayor gasto que hace el Estado por encima de cualquier sector– y es equivalente a cerca de dos terceras partes de lo que se recauda por impuesto de renta tanto de personas naturales como jurídicas. A pesar de ser la mayor tajada del presupuesto, beneficia a solo cerca de 2 millones de personas.

¿Subsidia a los que más tienen? El RPM es muy desigual, pues brinda altos subsidios a las personas de mayores ingresos. Por ejemplo, alguien que cotice por $8 millones puede recibir un subsidio con cargo a recursos estatales de $500 millones. Con esto, el sistema público de pensiones se ha vuelto paradójicamente una de las mayores fuentes de inequidad en el país, pues literalmente les quita a los pobres para darles a quienes más tienen. Un Robin Hood al revés, como lo ha denominado Anif.

¿Les quita a los más pobres? Mientras subsidia a quienes les fue bien en el mercado laboral, castiga a la gran mayoría que no logró las condiciones para pensionarse, es decir, 1.300 semanas de cotización. Y les devuelve sus recursos sin ningún tipo de interés real por sus aportes. Esa devolución se denomina indemnización sustitutiva en el RPM. Durante los últimos años, Colpensiones les ha devuelto los recursos mediante indemnizaciones sustitutivas a más de 515.000 personas, mientras ha pensionado alrededor de 442.000 en ese mismo período. Es un sistema pensional que no pensiona a todo el mundo.

¿Es un arbitraje perverso? El gasto pensional no es mayor porque las personas de ingresos más altos se trasladan al régimen público para pensionarse. Un arbitraje perverso, pues, si bien representa un alivio para las finanzas públicas al corto plazo, también implica un altísimo costo hacia el futuro. Además, el sistema se presta para abusos. Los regímenes especiales están prohibidos desde 2010 (Acto Legislativo 01 de 2005) y hay límites a las pensiones con dineros públicos. Pero verdaderos carteles de abogados, funcionarios y hasta jueces mediante tutelas y fraudes al sistema acceden a grandes pensiones o regímenes a los cuales no tienen derecho.

En fin, hay razones contundentes para modificar el RPM. No se puede seguir con un sistema que gasta buena parte del presupuesto del país en unos pocos, mientras la gran mayoría de la población está desprotegida.

Sin embargo, cabe aclarar que una cosa es Colpensiones y otra el RPM. Colpensiones puede considerarse un caso de éxito en la administración pública frente a los atrasos, ineficiencia y corrupción que existían en el antiguo Seguro Social (ISS).

Según Juan Manuel Villa, presidente de Colpensiones, el déficit de la entidad solo explica una porción del déficit pensional colombiano, pues el grueso corresponde a regímenes especiales que todavía están vigentes. En términos generales, la mayoría de sus pensionados reciben una mesada de entre 1 y 4 salarios mínimos (entre $826.116 y $3‘304.464).

Colombia tendrá que definir en qué población concentrar el sistema público. Pero nada de esto implica que el sistema de ahorro individual constituya una panacea y que no requiera cambios para que tenga más competencia y transparencia. Todo en función de entregar al final mejores pensiones.

Sin duda, los rayos y centellas que le llovieron al Gobierno por cuenta de algunos pronunciamientos en este frente demuestran el duro camino que tendrá la reforma pensional.