Superindustria recomienda sanciones por el caso Ruta del Sol

La entidad también sugirió declarar responsable a Gabriel Ignacio García Morales, exministro de Transporte, quien se acogió al programa de beneficios por colaboración y cumplió con las obligaciones derivadas de este programa, por lo que se recomendó exonerarlo de la sanción. 

El documento revela que Odebrecht habría acordado con el exviceministro de Transporte el pago de un soborno por US$6,5 millones. Este pago se habría realizado a cambio de que García garantizara que los términos y condiciones del proceso fueran seguidos con completa rigurosidad.  

De esta forma, la concesionaria aseguraría la adjudicación del contrato, pues, según el entendimiento, cualquier error en que incurrieran los demás proponentes conllevaría a la eliminación de estos.  

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De otro lado, en la Resolución de Apertura de Investigación se advirtió que el ofrecimiento y pago del soborno habría ocurrido con el conocimiento y la aquiescencia de Corficolombiana.  

Adicionalmente, se indicó que el exdirector de Corficolombiana, José Elías Melo sabía de lo acordado entre García Morales y Odebrecht. Así, el expresidente de Odebrecht para Colombia, Luiz Antonio Bueno y Melo habrían acordado que Odebrecht pagaría la totalidad del soborno, mientras que Corficolombiana, con cargo a la ejecución del contrato, reembolsaría la parte del soborno que le correspondía en proporción a su participación en el negocio.  

Para esto, el entonces director del contrato, Manuel Ricardo Cabral, autorizó los pagos del Consorcio Constructor Ruta Del Sol, a través de los cuales Corficolombiana reembolsaría del soborno a Odebrecht.  

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De acuerdo con la Delegatura, las evidencias que corroborarían la forma en que Corficolombiana reembolsó el soborno a Odebrecht, consisten, entre otras, en una serie de pagos que, por su falta de soporte y justificación, podrían obedecer a esta dinámica. 

Adicionalmente, el informe indica que, pese a que las empresas conocían previamente la relación conyugal de María Victoria Guarín, quien entonces era senior investment officer de la Corporación Financiera Internacional y Diego Solano, que se desempeñaba como vicepresidente de planeación corporativa de Grupo Aval, se comunicó la situación de manera inoportuna. 

Es decir que, las empresas omitieron comunicar la situación y no tomaron las medidas necesarias para evitar su configuración. De hecho, involucraron a Solano en actividades relacionadas con el proceso y en general con el Proyecto Ruta del Sol.  

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Sin embargo, la Delegatura cree que se debe archivar la investigación respecto de los agentes de mercado Corporación Financiera Colombiana, Episol y Grupo Aval. 

De igual manera, sostiene que se debe archivar la investigación por conflicto de interés del presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez; de Diego Fernando Solano; José Elías Melo; Gustavo Ramírez; Alejandro Sánchez, y María Victoria Guarín.