El fracking divide opiniones sobre el modelo de desarrollo en Colombia

En los últimos días se presentó en el Congreso de la República una nueva iniciativa para prohibir la práctica del fracking en Colombia, impulsada por 36 congresistas de diferentes bancadas políticas.

El proyecto llegó al Legislativo en un momento en el que el Gobierno nacional busca reglamentar esta práctica de fracturación hidráulica en el país, y en específico, el inicio de los proyectos piloto de fracking en diferentes regiones.

En conversación con el director de Dinero, Carlos Rodríguez, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, y la senadora Angélica Lozano, debatieron sobre las implicaciones ambientales, fiscales y sociales de realizar exploración y explotación de los Yacimientos No Convencionales (YNC).

El grueso de las discusión también se concentró en si resulta oportuno o no para el país dar vía libre a los tres pilotos de fracking que se han planteado para conocer los impactos de esta técnica en suelos colombianos.

El debate ambiental

El articulado que llegó al Congreso propone una transición energética del país que se daría en 10 años y que disminuye de manera progresiva la dependencia de la extracción convencional.

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Para la senadora Angélica Lozano Colombia tiene un pendiente con los pasivos ambientales que produce la industria de hidrocarburos y que en el país no tienen un manejo adecuado.

“Hay dos variables que brillan por su ausencia, la dimensión ambiental y social. La crisis climática prueba que buscar la renta en el corto plazo expone al país y la sociedad a mayor vulnerabilidad, porque los efectos de los no convencionales son graves para la vida humana, el entorno, la agricultura, el turismo”, dijo la congresista.

Por su parte, el presidente de la ACP, Francisco Lloreda, expresó que se está utilizando la información internacional disponible sobre la materia para asegurar que la práctica tiene riesgos.

“Se están confundiendo los posibles daños e impactos en las operaciones a lo que se conoce como pasivos ambientales. En los primeros se habla de lo que ocurre en la etapa de exploración, desarrollo y explotación de un yacimiento petrolero o de gas, que está reglamentado desde hace años en el país”, dijo el líder gremial.

La discusión en torno a lo ambiental estuvo también alrededor de la deforestación y la minería ilegal, para lo cual el presidente de la ACP señaló que “no ha visto el mismo ímpetu de los congresistas” en estos campos.

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Incluso, durante este espacio alrededor de los Yacimientos No Convencionales, ambas posiciones de confrontaron:

Francisco Lloreda: La pregunta que le hago es ¿por qué le tiene miedo a los pilotos?

Angélica Lozano: Le tenemos miedo al fracking, al cambio climático y la crisis climática. Amamos la ciencia y porque le creemos es que hay evidencia en el impacto para la vida, para el agua.

Sobre la realización de los pilotos de fracturación hidráulica en tres zonas de Colombia, la congresista precisó que el Gobierno estaría incumpliendo los lineamientos del Consejo de Estado en su reglamentación, mientras el presidente del gremio señaló que es la mejor oportunidad para que el país tenga su propia información.

El debate fiscal

La industria petrolera tiene un peso en la economía colombiana cercano al 6% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, cerca de $60 billones.

El presidente de la ACP señaló que la situación en materia de reservas de petróleo y gas en Colombia es crítica, pues ambas no superan los 10 años y la autosuficiencia energética del país se debe garantizar.

“Los pilotos de fracking si cumplen con las exigencias y la evaluación, nos van a permitir unos 450.000 barriles diarios de crudo promedio, cuando vemos que la producción del país está cayendo. Las reservas incrementarían alrededor de 20 años”, precisó Lloreda.

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A esto sumó que los recursos de la industria anuales superan con creces los recursos que se buscaron en las últimas tres reformas tributarias que apenas superan los $30 billones, por lo que se necesitan para las inversiones sociales, reducir la pobreza, invertir en la infraestructura, impulsar el turismo o para tener un país más sustentable en lo ambiental.

Estas razones económicas fueron aceptadas y confirmadas por Lozano. Sin embargo, manifestó que la transición energética debe ser un paso obligatorio en Colombia.

La congresista dijo que: “Es innegable la crisis económica que ya estamos viviendo […]. Debemos evaluar cómo manejamos la riqueza, el patrimonio que tenemos en manos de Ecopetrol. La industria petrolera es muy de buenas, tiene 229 exenciones [tributarias]”.

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Allí señaló que el desequilibrio fiscal son las exenciones amplias, generosas y sin justificación en varios campos de la economía y que se debe controlar ese “desfogue de recursos”.

Finalmente, Lloreda explicó que la industria sí aporta al desarrollo de las sociedades y aquellas en donde hay proyectos, el indicador de pobreza multidimensional es mejor que en otras zonas del país, lo que refuerza la importancia del sector.