Condena histórica contra Ruta del Sol II

Alrededor del caso de corrupción que envuelve al polémico proyecto de Ruta del Sol II se dio un fallo histórico: los participantes del Consorcio Ruta del Sol II –Odebrecht, Episol (filial de Corficolombiana, firma del Grupo Aval) y la empresa constructora de Carlos Solarte- fueron condenados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al igual que varios directivos, a pagar una indemnización de más de $800.000 millones, en el que también se vinculó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por omisión de sus funciones de vigilancia.

Además las firmas y los vinculados fueron inhabilitados para contratar con el Estado por 10 años.

Entre las personas naturales que fueron condenadas por el alto tribunal están el exviceministro Gabriel García Morales; el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo; Otto Bula y a los exdirectivos de Odebrecht en Colombia Luiz Antonio Bueno, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares.

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En la decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca levantó las medidas cautelares, con excepción a los embargos, pues los mantendrá “hasta tanto se verifique el pago de las condenas impuestas –los $800.000 millones- y se harán efectivas en relación con las cuentas bancarias, bienes inmuebles y dividendos” de todas las empresas y personas implicadas.

A la ANI, el Tribunal le ordenó que cualquier saldo que resulte a favor de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol como producto de la liquidación del contrato en el marco del Tribunal de Arbitramento que está en curso, o cualquier otra modalidad de arreglo, quede como parte del pago de la deuda.

El proceso de la acción popular se dio en enero de 2017 cuando el procurador general, Fernando Carrillo, la interpuso para que se suspendiera el contrato de la Ruta del Sol 2, luego de conocerse el pago de sobornos para quedarse con la concesión, que fue reconocido por el exviceministro Gabriel García y Odebrecht.

Aquí puede encontrar el fallo completo

Reacciones

Tras conocerse la decisión en primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la Acción Popular relativa al Sector 2 de la Ruta del Sol, Episol se pronunció, rechazó la decisión y anunció que la apelará. Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. (“CRDS”), los accionistas de CRDS, y algunas personas naturales.

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“Episol, accionista minoritario de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, disiente de la decisión en lo que a ella respecta, por lo cual la sociedad está estudiando los recursos legales a su disposición, los cuales presentará de manera oportuna” y señaló la entidad en un comunicado expedido en la noche del jueves 13 de diciembre.

Agregó que “Episol no es responsable por los delitos cometidos por terceros, confía en el respeto al debido proceso y reitera su interés de colaborar con las autoridades para seguir construyendo un país competitivo y moderno para todos los colombianos”.

Por su parte, el exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, calificó como “gran noticia” la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en su cuenta de Twitter señaló que “la sentencia proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca en acción popular promovida por la Procuraduría General de la Nación es un espaldarazo enorme a las decisiones que en su momento adoptamos cuando estuvimos en la Superintendencia de Industria y Comercio”. En su última decisión como superintendente, Robledo abrió pliego de cargos contras Odebrecht y Grupo Aval, y sus filiales Episol y Corficolombiana, en el marco de la investigación que adelantó esta entidad

Por su parte, en su cuenta de twitter, la Procuraduría señaló: “histórico fallo: Tribunal de Cundinamarca acoge petición del Procurador Fernando Carrillo y ordena una indemnización de más de $800.000 millones por corrupción de  Odebrecht”.

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Tras la determinación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se tendrá que definir el futuro de los proyectos de infraestructura, en especial los de 4G, en los que participan tanto Episol como los Solarte y cómo aplica la inhabilidad para la contratación con el Estado.

De hecho, Carlos Solarte y su hija Paola están vinculados a la investigación por supuestos casos de corrupción en el desarrollo del proyecto Tunjuelo-Canoas de la Empresa de Acueducto de Bogotá y se esperaba la venta de las participaciones de Solarte en algunos de los proyectos de 4G.

Por su parte Corficolombiana, a través de Episol y Concecol, tiene 5 proyectos de 4G, que incluye la iniciativa privada de Chirajara-Villavicencio 2, por más de $6 billones.

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