Enfoque nacional

Guardaparques bajo amenaza: el costo de proteger los parques naturales

En 2018 se presentaron 17 amenazas contra funcionarios que trabajan en la conservación de 10 reservas ambientales del país. Así como se necesita defender estos lugares de la deforestación y la minería ilegal, también se requieren garantías de seguridad para quienes los protegen.

17 de enero de 2019
Ciudad Perdida es uno de los atractivos del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta. | Foto: Efraín Herrera

El asesinato de Wilton Fauder Orrego León, operario del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, pone al descubierto otro delito en las áreas ambientales protegidas de Colombia y del que poco se habla: la violencia contra quienes trabajan por conservarlas. Es un problema que se suma a la creciente deforestación en estas zonas de reserva, la presencia de cultivos de uso ilícito, el tráfico ilegal de madera y la ocupación indebida de tierras.

Orrego León, de 38 años, recibió varios disparos en la noche del lunes mientras se encontraba en la vereda Perico Aguao, sector de La Lengüeta, en zona rural de Santa Marta y dentro del área del parque. Es el primer hecho de inseguridad del 2019 que se da en unos de estos lugares, pero el año pasado la situación no fue diferente.

Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales, señala que en 2018 la entidad interpuso 17 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por intimidaciones a jefes o equipos completos de guardaparques en 10 reservas ambientales del país. “Nosotros tenemos amenazados, por ejemplo, a todos los funcionarios del parque Los Picachos y por eso nos tocó sacarlos del área. Además, hay amenazas contra quienes trabajan en Tinigua, La Macarena, La Paya, Nukak, Paramillo, Sanquianga, Las Orquídeas, Farallones y Catatumbo Barí”. En el caso de Sierra Nevada de Santa Marta, su jefe también se encuentra amenazado.

 

 

 


«Nosotros tenemos amenazados, por ejemplo, a todos los funcionarios del parque Los Picachos y por eso nos tocó sacarlos del área. Además, hay amenazas contra quienes trabajan en Tinigua, La Macarena, La Paya, Nukak, Paramillo, Sanquianga, Las Orquídeas, Farallones y Catatumbo Barí».

JULIA MIRANDA, directora de Parques Nacionales Naturales


 

 

Miranda dice que no sabe con certeza de dónde provienen las amenazas, pues la investigación para dar con los responsables le corresponde a la Fiscalía y a las demás autoridades. De lo que sí está segura es de que las intimidaciones tienen que ver con la labor que los funcionarios adelantan contra las bandas criminales o personas que perjudican los parques. “El trabajo de ellos está orientado a frenar las construcciones ilegales y la invasión del territorio, a verificar la propiedad de la tierra, a prevenir los delitos ambientales como la tala y a controlar la expansión de la ganadería y los cultivos ilícitos. Eso genera malestar en algunos sectores”.

 

Video Julia Miranda- Directora Parques Nacionales

 

Julia Miranda Londoño, directora deneral de Parques Nacionales Naturales, publicó este video en la cuenta de Twitter de la entidad. En la grabación rechaza y lamenta el asesinato del funcionario de la Sierra Nevada de Santa Marta.


Semana conoció la crítica situación que enfrentan los funcionarios del parque Los Farallones, en el Valle del Cauca, para poder hacer control en la zona. El gran problema de este espacio natural es la minería ilegal. A pesar que esta actividad se encuentra prohibida por ser un área de protección ambiental, el año pasado las autoridades descubrieron cerca de 30 socavones activos.

La situación es tan crítica que los funcionarios no pueden realizar labores de vigilancia y control si no van acompañados de miembros del Ejército. “Los operativos tienen que coordinarse con mucha anterioridad y en completo sigilo. Como demandan tanto tiempo y son tan costosos, no los podemos hacer constantemente”, reconoce una fuente consultada.

Pero los guardaparques no son los únicos en riesgo: la inseguridad se ha ido recrudeciendo al punto de que las comunidades residentes en las zonas aledañas a los parques también vienen siendo objeto de amenazas por parte de grupos armados. “Con varias comunidades hemos llegado a acuerdos para que adelanten el desmonte gradual de las actividades que no están permitidas en los parques por otras que sí lo están, pero la situación se viene complicando por la inseguridad”, comenta Miranda.

Las bandas criminales interesadas en acaparar tierras dentro de los parques nacionales, y que las usan para los cultivos de uso ilícito, aumentaron su presencia. Mientras en 2011 había 3.207 hectáreas de coca en 20 parques, en 2017 se sembraron 8.301 en 16 de estas reservas. Según el más reciente informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos de uso ilícito, publicado en septiembre de 2018 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre 2016 y 2017 se incrementó en un 4 por ciento las siembras de esta planta en los parques.

 

 

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, comentó hace unos días que la tasa de deforestación para 2018 podría estar en 280.000 hectáreas, 60.000 más que en 2017. “Nos preocupa la degradación de los bosques que se viene registrando en parques como Chiribiquete, La Macarena, Tinigua y Picachos, ubicados en la Amazonia y Orinoquía, así como en el Pacífico”.

De acuerdo con los resultados del más reciente informe Monitoreo de la Deforestación, en 2017 se arrasaron con 12.417 hectáreas de árboles dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

 


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Tanto el acaparamiento ilegal de tierras dentro de las áreas de reserva ambiental, que se acercaría al 48 por ciento para 2018 según el ministro Lozano, como la creciente deforestación, son dos factores determinantes en el debilitamiento de la seguridad en esas zonas.

Ante este panorama, Miranda considera que se necesita más apoyo por parte del gobierno y de la fuerza pública para la protección y el control de los parques; en la práctica, la única manera de evitar que más actividades ilegales se sigan produciendo en estos ecosistemas.

 


«El llamado al gobierno y a la comunidad en general es que se solidaricen con la función noble e importante que cumplen los guardaparques. Es fundamental que la ciudadanía sepa que los parques nacionales son vitales para nuestro desarrollo y calidad de vida. Y que la labor que hacen quienes lo cuidan es crucial para su conservación»
 

JULIA MIRANDA, directora de Parques Nacionales Naturales


 

¿Qué está pasando en la Sierra Nevada?

 

Pese a los esfuerzos de las autoridades, en los últimos 15 años fueron asesinados tres funcionarios de Parques Nacionales Naturales en el área de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entre 2015 y 2017 no se presentaron hechos violentos en la zona, pero se redujo la presencia de la fuerza pública y crecieron proporcionalmente las acciones la banda criminal Los Pachenco.

Adolfo Bula, secretario de Seguridad de Santa Marta, le explicó a Semana que Los Pacheco son un reducto del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), comandado por Hernán Giraldo Serna. “Desde noviembre del año pasado venimos recibiendo información de la población sobre los movimientos de este grupo, que no supera los 50 hombres. Está integrado por exmiembros de las Auc que ya cumplieron sus penas y que regresaron a la región con la intención de recuperar los negocios y territorios que consideran suyos”.

Están tratando de recuperar su presencia en la zona con amenazas a instituciones y funcionarios públicos. “En su propósito de empezar a generar ingresos, están convirtiendo al puerto de Santa Marta y a la Sierra (como el sector de Guachaca, cerca al punto en donde asesinaron al funcionario de Parques Nacionales Naturales) en el sitio por el que sacan droga. También vienen promoviendo la extorsión y la intimidación a quienes tienen producción de cacao y café, y a los pequeños comerciantes”, agrega el secretario.

Los Pachenco han ganado terreno por la reducción de la presencia del Ejército en el área. Priscila Zúñiga, investigadora de la línea de crimen organizado de la fundación Paz y Reconciliación, señala que las acciones de esta organización criminal crecieron luego del retiro de un considerable número de unidades militares del Batallón de Alta Montaña No. 6, que hace presencia en la Sierra Nevada y en el resto de Magdalena.

“En el primer semestre del 2018 se redujo la presencia del batallón de Alta Montaña por una decisión del Ejército en la reorganización del territorio. En 2015, 2016 y 2017 se dieron unos operativos importantes que tuvieron impacto en la seguridad de la Sierra Nevada y la región, lo que perjudicó a ese actor ilegal. Esto es parte del proceso de estabilización de la zona, que empezó en 2012 y aún continúa. Por eso la decisión de los militares perjudica esa estrategia”, comenta Zúñiga.

 

En los últimos 15 años fueron asesinados tres funcionarios de Parques Nacionales Naturales en el área de la Sierra Nevada de Santa Marta. © LEON DARIO PELAEZ | SEMANA


 

El asentamiento en la Sierra Nevada de Santa Marta se lo han disputado las bandas criminales y organizaciones dedicadas al narcotráfico desde hace 30 años, con el auge del negocio de la marihuana y que continuó el tráfico de cocaína.

Las alarmas sobre el fenómeno de violencia e inseguridad en esa región del país fueron ratificadas por la Defensoría del Pueblo, que a través de una alerta temprana publicada el 7 de mayo del año pasado, advirtió sobre las amenazas a la integridad del ecosistema. También reconoció el riesgo de la gente que vive en su área de influencia y de los funcionarios de Parques Nacionales Naturales, por intimidaciones de grupos delincuenciales que quieren apropiarse de ese territorio para delinquir.

“Ese informe fue puesto en conocimiento del Ministerio del Interior y de la fuerza pública que ha venido trabajando en la zona. Desafortunadamente hoy podemos darnos cuenta de la gravedad de la situación, luego de este terrible asesinato y tras la amenaza que han sufrido varios integrantes del equipo de parques nacionales en la Sierra Nevada de Santa Marta y en el Parque Tayrona”, destaca Miranda.

 

¿Cómo afecta esto al turismo?


De las 59 áreas ambientales protegidas que tiene Colombia, solo en 28 se puede hacer turismo. La Sierra Nevada de Santa Marta fue el cuarto parque natural más visitado entre enero y septiembre de 2018. En ese periodo llegaron 19.266 turistas, de acuerdo con datos de Parques Nacionales Naturales. Junto al Tayrona y a Corales del Rosario, son los tres atractivos ecológicos más importantes del Caribe.

 

La Sierra Nevada de Santa Marta fue el cuarto parque natural más visitado entre enero y septiembre de 2018. Otros parques conocidos por los turistas son el Tayrona (izquierda), el Cocuy (centro) y La Macarena (derecha).  © GUILLERMO TORRES | DIANA REY MELO | CARLOS SIERRA 


 


¿El asesinato de Wilton Fauder Orrego puede perjudicar el turismo en los parques? Julia Miranda espera que no, porque la ruta hacia Ciudad Perdida, uno de los planes de los visitantes en la Sierra Nevada, queda apartada del lugar donde asesinaron al funcionario. “Pero indudablemente una noticia así es perjudicial, pues la gente podría pensar que no se pueden ir a estos sitios que son muy importantes para el turismo”.

La investigadora Zúñiga recuerda que desde 2003, cuando el Ejército de Liberación Nacional (Eln) secuestró a un grupo de extranjeros, no se atenta contra los turistas que llegan a la Sierra. De todas maneras cree que este crimen debe servir como alerta para mejorar las medidas de seguridad para todos, y para aumentar de nuevo la presencia militar. “Pero esto tiene que ir paralelo con las acciones de judicialización”, recomienda.

Este martes, el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, rechazaron el crimen de Orrego. Pero más allá de la indignación por el asesinato, quienes trabajan por conservar las áreas ambientales protegidas esperan que el gobierno central los proteja. A ellos y a los parques naturales.

 

POR: José Puentes Ramos | Editor regional sur - SEMANA RURAL
@josedapuentes

Mauricio Ochoa | Periodista de SEMANA SOSTENIBLE
@MauroOchoa16

 

 



Este artículo fue realizado en colaboración por los equipos periodísticos de SEMANA RURAL y SEMANA SOSTENIBLE, medio del Grupo Semana especializado en temas de medioambiente.