Peligrosa banda de secuestradores busca colarse a la JEP

Jairo Gómez, un ganadero radicado en el Cesar, pasó tres meses recibiendo amenazas y golpes, encadenado a un árbol, mientras sus secuestradores extorsionaban a su familia. Y cuando terminó su pesadilla, se dedicó a buscar justicia. A finales del año pasado parecía que al fin la había conseguido cuando un juez condenó al actor intelectual de su secuestro, el quinto sentenciado por ese caso. Pero la satisfacción no le duró. 

Gómez se enteró de que uno de sus plagiarios había sido trasladado de una cárcel de máxima seguridad a una zona veredal de las Farc. Luego supo que el cerebro de su secuestro buscaba conseguir la libertad condicional. Y todo esto porque ambos sujetos argumentaban pertenecer a la guerrilla y haberlo secuestrado en el marco del conflicto armado. Sin embargo, ni durante el plagio, ni en los cinco juicios que tardaron varios años, nunca alegaron pertenecer a ese grupo. Parecía, de lejos, que intentaban colarse a la JEP. 

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El calvario de Gómez comenzó el 28 de octubre de 2009. Al anochecer siete hombres disfrazados con uniformes de la Policía y armados con revólveres irrumpieron en su finca, en zona rural de San Martín, Cesar. Pese a las súplicas de su esposa, se lo llevaron. 

Le fijaron una cadena a su muñeca, de la que lo arrastraban como si fuera un animal. Caminaron durante dos días hasta llegar a una finca en el Catatumbo. Allí lo encadenaron a un árbol, y empezaron a correr los días entre los malos tratos y la humillación. Mientras tanto, los secuestradores les pedían a sus familiares, 5 millones de dólares.

En las llamadas, los delincuentes se presentaban como la banda los Alemanes. El mismo Gómez les preguntaba si pertenecían a alguno de los grupos armados de la zona, donde operan el EPL y el ELN, y nunca recibió una respuesta afirmativa. Tampoco usaban distintivos ni armas largas, usuales de las guerrillas.

Tras 89 días de cautiverio, 12 hombres del Gaula de la Policía llegaron hasta el predio y, en medio de disparos, liberaron a Gómez. Entonces comenzó la búsqueda de los secuestradores. Entre 2011 y 2015, la Fiscalía y la Policía capturaron a 5, que recibieron condenas entre 18 y 46 años de prisión por secuestro extorsivo. En los juicios, y así lo dicen las investigaciones del Gaula y de la Fiscalía, la Justicia concluyó que los responsables eran delincuentes comunes. 

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Con cada una de las capturas, los investigadores completaban el rompecabezas del secuestro. Las delaciones de los miembros de la banda llevaron a establecer que Luis Hernando Quintero, alias Caja Grande, fue el autor intelectual que armó el grupo de delincuentes para ejecutar el delito. Por eso, cuando el año pasado lo condenaron a 41 años de cárcel, Gómez sintió que la justicia se imponía sobre ese doloroso episodio de su vida. 

Pero entonces ya había comenzado otra batalla ante los estrados. En junio de 2017, Gómez se enteró de que Alberto Vega, uno de los secuestradores condenados, ya no estaba en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, sino en la zona veredal de Mesetas, en Meta. Esto porque apareció en la lista de 6.800 excombatientes de las Farc que recibirían los beneficios judiciales del acuerdo de paz. Así se reconocía ese secuestro como un hecho enmarcado en el conflicto.

Gómez denunció la situación ante el alto comisionado de paz, ante la JEP y ante cada organismo de control. Finalmente, en septiembre pasado y por petición de las Farc, según informó la Oficina del Alto Comisionado, Vega salió de la lista de excombatientes cuando quedó en claro que era un colado, y lo devolvieron a la cárcel.

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Pero Gómez temía que los demás secuestradores se ampararan para buscar beneficios en esa lectura de su secuestro en el contexto del conflicto. Y efectivamente así sucedió. Caja Grande, el cerebro del plagio, le pidió a un juez otorgarle la libertad condicional en su condición de exguerrillero. La justicia ya se lo ha negado tres veces.

Detrás de esa solicitud estaba Gustavo Gallardo, el abogado de Caja Grande y también apoderado de Jesús Santrich, a quien Gómez denunció ante la Judicatura por un supuesto fraude procesal para meter a su defendido a la JEP. Gallardo dijo a SEMANA que su apoderado sí está en el listado de las Farc, aunque, como otros 800 excombatientes, el alto comisionado aún no lo ha certificado. Y aclara: “Las Farc no realizaron ese plagio. Lo que estamos denunciando es un montaje judicial contra Luis Hernando”. En los recursos que ha interpuesto, y que le han negado, asegura que Quintero “es un líder social y político reconocido” perseguido.

Por ahora, lo cierto es que este caso de los delincuentes comunes colándose en la JEP es indignante, preocupante y dará mucho de qué hablar.