Los sombreros de la DEA: una columna de Antonio Caballero

“Raspachines de coca en el Catatumbo. Según Estados Unidos, hoy en Colombia hay al menos 209.000 hectáreas sembradas con coca: una cifra sin precedentes en la historia del país”. Cita del artículo en cuestión publicado por El Tiempo.

Estos dos trabajadores tocados con descomunales sombreros de paja son, según el pie de foto, raspachines de coca en el Catatumbo. Curiosos sombreros: no recuerdo haberlos visto nunca semejantes en los campos de Colombia. Uno de copa plana, otro de copa en punta, y tan amplios de ala que recuerdan los anchos y cónicos chapeaux de paille d’Italie como pantallas de lámpara usados en los arrozales por los campesinos vietnamitas. Es una fotografía curiosa, que parece un montaje de agencia publicitaria: todo verde, y en la mitad los dos sombreros amarillos. Abajo, bien visible, la colcha de plástico cubierta de hojas de coca recién arrancadas. Pero ¿de verdad están esos dos raspando matas de coca? Las manos de los retratados parecen demasiado flojas para semejante trabajo. ¿Y por qué se tapan la cara con esos sombrerotes? ¿De quién se esconden?

El artículo que acompaña la foto, en El Tiempo, es aún más curioso. Trata sobre la legalización de las drogas prohibidas, la coca entre ellas. Lo firman tres autores, que son tres expresidentes de sus países respectivos: Juan Manuel Santos de Colombia, Ernesto Zedillo de México y Ruth Dreifuss, de Suiza. ¿De Suiza, cuya única producción de cosas adictivas es la de chocolates? Sí. Pero es que es en los bancos de Suiza donde se lava buena parte de los dineros sucios –¿suizos?– que produce el comercio de las drogas ilegales. Suiza lava más blanco se titula un ya viejo libro de denuncia del crítico suizo Jean Ziegler al respecto. Y Dreifuss es además la actual presidenta de la Comisión Global de Políticas de Drogas. Una Comisión que reúne, con los firmantes del artículo, a otros expresidentes y exprimeros ministros de una docena de países, a ricos empresarios como el inglés Richard Branson y a célebres intelectuales como el peruano Mario Vargas Llosa; y que en su más reciente informe –de septiembre pasado– descubrió por fin que el agua moja: es decir, que la única manera de controlar las drogas ilegales es su legalización.

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El artículo del periódico, que es un resumen de ese informe, concluye diciendo: “En definitiva, la elección es simple. Podemos entregarles el control a los gobiernos o a las organizaciones criminales. No hay una tercera opción”.

Y estos firmantes cuando estaban en el poder ¿es que no se daban cuenta? Ya era hora, por fin, de que personajes tan importantes como los que conforman la Comisión se percataran de semejante obviedad, que muchos opinadores de prensa hemos venido repitiendo sin eco desde hace medio siglo. Desde que se declaró, por iniciativa del gobierno de Estados Unidos, la insensata “guerra frontal contra la droga”. Y solo cabe lamentar que estos políticos poderosos no se hubieran dado cuenta un poco antes: específicamente, cuando eran presidentes y primeros ministros de sus países respectivos y hubieran podido tomar medidas al respecto, y no ahora que son expresidentes y exprimeros ministros y carecen ya de poder decisorio. Algunos, como el difunto Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, esperaron incluso hasta después de su propia muerte para percatarse de lo evidente: de que la guerra contra la droga es una insensatez. Y es por eso que el informe se publica en su memoria: “In memoriam” del difunto.

¿Por qué esperaron tanto? Pues precisamente porque eran presidentes, o secretarios generales, o primeros ministros, o aspiraban a serlo. Y en consecuencia no podían, salvo que osaran correr graves riesgos, atreverse a contrariar el capricho imperial de los gobiernos de Estados Unidos, inventores a la vez del problema y de su solución, que agrava el problema.

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Lo de “imperial” no necesita explicación: el norteamericano ha sido el único imperio casi universal del último siglo. Lo de “capricho”, sí. No hace mucho que uno de los principales asesores del presidente Richard Nixon que desató el problema y su solución hace cuarenta y pico de años reveló su motivo: dadas las protestas crecientes de la sociedad norteamericana contra la guerra de Vietnam, el gobierno de Nixon consideró que había que desacreditar a quienes las encabezaban tachándolos de drogadictos: los hippies y los negros. Los unos fumaban marihuana, los otros sorbían cocaína. Apresándolos a todos se acabarían las protestas y el presidente podría proseguir su guerra en paz. No fue así. Los ejércitos de Estados Unidos tuvieron que retirarse de Vietnam dejando destruido el país y sin haber conseguido ganar la guerra. Pero en torno a esa pretendida solución a un problema inexistente, la llamada “guerra frontal contra la droga”, fue creciendo un aparato burocrático con visos jurídicos y aristas policiales y militares cada vez más numeroso, más rico y más poderoso, encabezado por la DEA (Drug Enforcement Administration) de Estados Unidos.

Ustedes lo habrán visto, sin duda: todos los casos político-jurídicos recientes que se han presentado en Colombia, ya sea el del exguerrillero Santrich o el de la minga indígena del Cauca, el de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o el que ustedes quieran, han sido provocados por denuncias de la DEA a través de quien parece ser (aunque no tengo pruebas) su agente principal en Colombia, que es el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Y tengo la impresión (aunque tampoco tengo pruebas) de que los dos fingidos raspachines de coca de la fotografía que ocultan la cara tras el ala de sus sombrerotes de paja son también, como Néstor Humberto, agentes encubiertos de la DEA.

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