Pobres viejecitas

Flor del Campo y el Parque de la Comida del Caribe, fueron dos proyectos que en su momento provocaron enconada polémica y críticas por su inconveniencia en Cartagena.
 
El primero, fue un lote adquirido por el Distrito mediante una dación en pago durante la administración de Alberto Barboza Senior (2004 – 2005), acordada con unos particulares que debían unos impuestos. Y el segundo, fue un proyecto construido durante la administración de Carlos Díaz Redondo en 2003 para ubicar vendedores ambulantes de comida en un terreno donado por Inurbe.

Ambos negocios, de acuerdo con sendos fallos de responsabilidad fiscal de la Contraloría Distrital, resultaron lesivos para el patrimonio de la ciudad y los ex alcaldes Díaz Redondo y Barboza Senior, fueron declarados responsables por ese detrimento. En el caso del Parque de la Comida Caribeña, la Contraloría consideró que el daño consistió en el valor pagado en la ejecución de un proyecto inadecuado porque no cumplió la condición de usar los recursos públicos con prudencia y porque tampoco sirvió para satisfacer una necesidad pública.
 
El ex alcalde Díaz según la Contraloría cometió un error de conducta imperdonable y fue declarado responsable por el daño patrimonial  al Distrito por la suma de 1.135 millones de pesos. El fallo fue proferido en 2007 y ratificado en 2008 y a la fecha de hoy ha ascendido a 1.703 millones de pesos.

En el caso del lote conocido como Flor del Campo adquirido por el Distrito mediante una dación en pago aceptada a un particular durante la administración de Alberto Barboza, para desarrollar programas de vivienda de interés social, resultó lesivo para los intereses públicos por tratarse de un lote de terreno inadecuado para la construcción de vivienda pues está ubicado en una zona inundable y la sola adecuación del terreno sobrepasa la suma de 1.200 millones de pesos elevando el costo final a 2.700 millones de pesos.
 
La conducta del Alcalde fue calificada como de culpa grave o dolo porque, además, mintió al decir que desconocía el negocio achacándole la responsabilidad al comité de dación en pago, mientras que estos dijeron haber actuado en respuesta a las peticiones del ex alcalde Barboza.
 
Más grave aún resultó el hecho de que el terreno no se encontraba en el Plan de Ordenamiento Territorial como zona urbanizable y en ese momento no contaba con redes de servicios públicos, lo cual incrementó los costos del lote para proyectos de vivienda de interés social. Por tal motivo, la Contraloría Distrital lo condenó a pagar al Distrito la suma de 845 millones de pesos, pero con los intereses el valor a pagar, de acuerdo con un informe de jurisdicción coactiva asciende a la suma de 1.300 millones de pesos.

Hasta aquí todo marcharía bien: dos ex funcionarios fueron hallados responsables y deberían responder ante Distrito porque con sus decisiones y actuaciones dañaron el patrimonio público. Pero cuando la Contraloría Distrital los requirió para que pagaran, tanto Díaz Redondo como Barboza Senior dijeron no tener con que responder. En la cuenta de uno de los ex funcionarios hallaron 200 mil pesos y en la del otro cero.
 
Cuando fueron a buscar sus bienes para embargarlos ninguno de los dos posee bienes muebles e inmuebles con los cuales pagar el monto por el cual fueron declarados responsables fiscalmente. Semana solicitó en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena certificados de tradición y libertad y encontró que Carlos Díaz el único bien que poseía era una finca ubicada en el municipio de Santa Rosa en copropiedad con sus hermanos, la cual fue vendida en 1994 a un conocido ganadero de la región. No posee más bienes. Sin embargo durante el tiempo que fue Alcalde vivió en una casa en el barrio de Manga, urbanización Las Bongas, hasta que se separó de su esposa Eudenis Casas Bertel, y actualmente vive en una casa en la calle de La Sierpe en el barrio de Getsemaní, donde el metro cuadrado construido se cotiza entre seis y siete millones de pesos.

Barboza Senior tampoco tiene propiedades. Su parte de dos oficinas que tenía en el sector de La Matuna las vendió a su hermana Madalina. Al momento de posesionarse los servidores públicos deben llenar el formato único de hoja de vida y entregar una declaración juramentada de bienes y rentas en las que consten sus actividades económicas como personas naturales.
 
Semana tuvo acceso a la carpeta donde reposa la hoja de vida del ex alcalde Carlos Díaz Redondo, y no existe la declaración de bienes e ingresos a pesar de que se trata de una obligación establecida en las leyes 190 de 1995 y 489 y 443 de 1998.
 
En el caso del ex alcalde Barboza existe una hoja de vida en la que declara honorarios recibidos como abogado en 2003 por valor de 63 millones de pesos y un crédito con una entidad bancaria por 15 millones de pesos, pero no está firmada, es decir no sería válida y se trata de un requisito para posesionarse. La pregunta es por qué el juez que posesionó a Carlos Díaz y la notaría que posesionó a Alberto Barboza incumplieron con la obligación de exigirles los requisitos de ley?
 
En el acta de posesión de Díaz no existe tal declaración y en el acta de posesión de Barboza, la notaria señala que el Alcalde electo entregó una declaración personal juramentada de sus bienes y rentas así como los de su cónyuge e hijos, pero la que reposa en la Alcaldía desvirtúa lo anterior.

Carlos Díaz es médico y ejerce su profesión, y desde que terminó su periodo en 2003 ha intentado aspirar nuevamente a la Alcaldía, pero una sanción de la Procuraduría se lo impidió. En su hoja de vida existen varias sanciones disciplinarias y pecuniarias. Los cartageneros saben que es directivo del Partido Liberal. No se le conoce una actividad comercial y su esposa, de quien está separado, es la notaria segunda de Cartagena. En los últimos veinte años ha sido concejal de Cartagena, secretario de despacho y Alcalde durante tres años.

La última vez que los cartageneros vieron en un acto público al ex alcalde Alberto Barboza Senior fue en la cabalgata de la fiesta de la Virgen de la Candelaria el siete de febrero pasado. Montaba un brioso caballo, al lado de ganaderos tradicionales, que cada año exponen sus mejores corceles en la fiesta religiosa más importante de la ciudad, que la tiene como su patrona. Desde su retiro como Alcalde en diciembre de 2005, Barboza desapareció de la escena política y sólo es visto los jueves en la subasta ganadera dedicado a la compra y venta de ganado.

Alberto Barboza, fue casi todo el tiempo hasta el final de su gobierno en 2005, un político profesional de dedicación completa, salvo por el tiempo que estuvo como secretario general de la Cámra de Comercio (1983-1986).  Así lo demuestra la hoja de vida suya que reposa en la oficina de Talento Humano de la Alcaldía Distrital: diputado a la asamblea de Bolívar en 1986, concejal de Cartagena (1988 -2000), asesor jurídico de la gobernación de Bolívar, y alcalde entre 2004 y 2005. Durante dieciséis años fue un servidor público.

A la historia de Alberto Barboza y Carlos Díaz les cae como anillo al dedo el cuento del poeta Rafael Pombo de La pobre viejecita que no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. En este caso, Dios permita que algún día el Estado logre disfrutar las pobrezas de estos pobres y las ponga a buen uso de la ciudadanía.