NACIÓN
Por denuncia de menor abusada por soldados en Guaviare, la versión de Defensoría
SEMANA habló con el defensor del Pueblo, quien reconoció que en septiembre recibió la información que reseñaba que se trataba solo de un caso de secuestro y desaparición.
Luego de conocer la denuncia que hizo Ariel Ávila, director del programa ‘El Poder‘, del canal digital de SEMANA, sobre la presunta violación de una menor indígena de 15 años en Guaviare por parte de uniformados del Ejército Nacional, varias entidades se han pronunciado al respecto.
El propio Ejército reconoció, a través de un comunicado, que tuvo conocimiento de los hechos en septiembre del año pasado, fecha en la que ocurrió la situación que fue denunciada el lunes en SEMANA TV. “El Batallón de Infantería N.° 19 General Joaquín París, tan pronto tuvo conocimiento de lo ocurrido, inició la indagación disciplinaria, la cual fue verificada por la Procuraduría Regional del Guaviare a comienzos del presente año”, se lee en el comunicado.
Y agrega: “En cuanto a la investigación penal, los hechos son conocidos por la Fiscalía 02 Local de San José del Guaviare”. Esto porque una vez la comunidad informó de la desaparición de la adolescente, las autoridades competentes habrían iniciado una investigación oportuna e hicieron los respectivos informes. No obstante, la información solo fue puesta en conocimiento de la opinión pública nueve meses después.
El equipo de ‘El Poder‘ conoció que la Defensoría del Pueblo supo de la situación en septiembre de 2019 y se trasladó en octubre al sitio de los hechos, junto con un equipo de las Naciones Unidas. Por esto, SEMANA conversó con el defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien reconoció que la primera información del caso llegó en septiembre con la denuncia de una desaparición en el pueblo nukak makú que hizo la propia comunidad a la Policía. “En septiembre tuvimos conocimiento de la desaparición de una menor del pueblo nukak. Esa es la primera información que tenemos y lo sabemos porque la comunidad y familiares de la menor víctima lo denunciaron a la Policía”, aseveró el defensor.
De acuerdo con el jefe de ese órgano de control, primero se tuvo conocimiento de una desaparición, pero desconocían que se tratara de un caso de violencia sexual. “Por esto hacemos el requerimiento a la Policía precisamente para que nos informaran sobre las acciones de búsqueda de la menor”, aseguró Negret a SEMANA.
Según Ávila, la Defensoría se trasladó a Guaviare luego de que la comunidad elevara las denuncias ante esa entidad y solicitara la presencia de la misma para esclarecer los hechos. Sin embargo, el defensor Negret aclaró que la comisión fue a la región no por petición de la población, sino para constatar el caso. “La comisión la realizamos justamente para ir a hacer seguimiento a lo que hasta ese momento era un caso de desaparición de una menor. Y no lo hacemos por petición de la comunidad, sino para ir a constatar este y otros hechos relacionados con las garantías de derechos humanos para la población indígena”, comentó Negret.
El defensor del Pueblo, Carlos Negret, habló en SEMANA sobre la presunta violación de una menor indígena que involucra a soldado del Ejército / Defensoría.
En esa visita, señaló el jefe del organismo, es cuando se tiene “por primera vez” conocimiento de un relato que da cuenta de hechos de violencia sexual. “Inmediatamente hacemos la denuncia penal en la Fiscalía para que se investiguen los hechos, se esclarezcan y se dé con los responsables para su sanción. Asimismo, demandamos su intervención urgente para la atención de la menor y su núcleo familiar”, puntualizó.
Luego, en marzo de este año, cinco meses después de lo ocurrido, la Defensoría tomó el testimonio de la menor de edad, en el que relata el maltrato que tuvo en el batallón del Ejército, donde habría sido violada constantemente por dos soldados. Al respecto, el defensor enfatizó en SEMANA que “la declaración tomada en el mes de marzo fue para su inclusión en el registro como víctima de violencia sexual en el marco del conflicto. En este momento la declaración está siendo valorada por la Unidad de Víctimas para su inclusión y atención”.
Vale mencionar que este hecho reposa desde el año pasado en la Fiscalía 02 de San José del Guaviare y, según el director de ‘El Poder‘, el caso se ‘engavetó’ y no se le dio celeridad al proceso. Solo hasta enero de este año, la Defensoría recibió una respuesta por parte del Ejército, en donde se informaba de la apertura de una investigación disciplinaria a un sargento, un cabo y seis soldados. “Esperamos que después de cinco meses, ya el Ejército a través de su oficina de control interno disciplinario nos tenga una información para saber qué fue lo que pasó en septiembre de 2019”, advirtió Negret.
Por último, tras conocerse que la adolescente se fue de un centro de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a vivir con una de sus hermanas en el casco urbano de San José del Guaviare, el defensor aclaró que “la información que nosotros tenemos como representantes judiciales de la menor víctima es que en este momento sigue bajo protección del ICBF”.
Los hechos
El 8 de septiembre del año pasado, la comunidad indígena nukak makú reportó a la Policía el secuestro de la menor de edad a manos de militares del Ejército, esto por la denuncia que hizo una amiga de la víctima que estaba con ella cuando dos uniformados la cogieron del brazo y se la llevaron. Cuatro días después, la adolescente indígena apareció “deambulando por la calle totalmente desnuda”, de acuerdo con el informe de la Defensoría, en el que la menor también cuenta que fue violada constantemente y no le daban de comer ni de beber. Es con este relato que el organismo de control se percata que no solo fue un secuestro, sino un acto de violación.
En ese momento, las autoridades investigaron los hechos y se trasladaron documentos, informes y declaraciones de lo ocurrido, sin conocerse a fondo los resultados de las indagaciones. Cabe aclarar que este es uno de los casos de presunto abuso que está totalmente documentado, pero habría otras denuncias de cuatro menores de esa comunidad que también aseguran haber sido abusadas por militares en esa región del país.