Caso de niña indígena: ¿el Ejército es responsable?

El país está consternado e indignado por el caso de la presunta violación de una menor de 13 años de la comunidad embera chamí, en Risaralda, por parte de siete soldados pertenecientes al Batallón San Mateo, quienes aceptaron el delito de acceso carnal violento imputado por la Fiscalía General de la Nación e irán a prisión.

El mismo presidente Iván Duque calificó la situación como “un hecho doloroso, bochornoso e inadmisible” que debe castigarse ejemplarmente y pidió que a los culpables “les caiga todo el peso de la ley sin contemplación alguna”. Inclusive el mandatario se mostró a favor de “estrenar” la ley de cadena perpetua, aprobada hace pocos días en el Congreso.

Varios sectores se pronunciaron al respecto y pidieron todo el peso de la ley contra los uniformados señalados de presuntamente haber cometido el abuso sexual. Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la directora Lina Arbeláez dijo que se ordenó activar la ruta de atención de restablecimiento de derechos de la menor “ante el repudiable acto de violencia sexual”.

Para hablar de este caso, en el programa Vicky en Semana estuvieron Angélica Lozano, senadora de la  Alianza Verde; María del Rosario Guerra y María Fernanda Cabal, senadoras del Centro Democrático; Aida Avella, senadora de la lista Decentes; Ángela María Robledo, representante a la Cámara; y Esperanza Andrade, senadora del Partido Liberal.

Robledo opinó sobre el tema y fue clara al decir que, “lamentablemente esta es una práctica en el país y tenemos un código y norma que no se cumple a pesar de que la Constitución del 91 establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”

Sobre el tema de la cadena perpetua, que varias voces pidieron aplicar en este caso, la exfórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, señaló que esta no es la solución pues “se necesita una justicia pertinente y efectiva. El 90 por ciento de los delitos que ocurren en niños y niñas no transcurren de manera pertinente en la Fiscalía”.

Además criticó que habrá que analizar de fondo cómo están entrenando a los soldados para ver qué está pasando para que lleguen a cometer un delito como estos. “Evidentemente habrá que demostrarse este delito pero los soldados no pueden ser juzgados por la jurisdicción militar. Es decir, el presidente Duque por qué envía a Zapateiro al lugar de los hechos y no al ICBF”,  argumentó Robledo.

Frente a la polémica que ha generado un trino de María Fernanda Cabal en el que alerta al Ministerio de Defensa para que este caso no sea un falso positivo, la senadora explicó que dijo esto sobre otro tuit que denunciaba que el lugar de los hechos era una zona cocalera.

“Mi preocupación no es que absuelvan a los delincuentes, sino que debe haber un debido proceso y una noticia por más sensible que sea debe estar condicionada a una garantía judicial”, replicó Cabal.

 Algunos medios señalaron que puse en duda la veracidad de los hechos. Lo más abominable son los crímenes contra niños. Acompañé con mi voto la cadena perpetua quienes no lo hicieron los que me lapidan en redes sociales. Es una hipocresía”, puntualizó la congresista.

Asimismo, indicó: “Quiero saber la verdad porque la niña desaparece una noche y le dice a su hermana que unos uniformados la habían violado y habla de 12, luego de 7 y ahora de tres. Se dice que son tres soldados regulares y hasta ahí sabemos los hechos. No sé si Medicina Legal hizo el examen. Aquí no se puede condenar anticipadamente porque debe haber un debido proceso”.

En contraste, la senadora Angélica Lozano, aseveró que en el país existe una realidad y es que la violencia sexual afecta a todas las mujeres, sin importar estrato o  grupo étnico. “Hay un sistema de machismo patriarcal en el que algunos hombres dominan sobre el cuerpo de las mujeres”, lamentó.

De igual manera, la parlamentaria puso sobre la mesa otro punto que también tocó Robledo y es la formación de los soldados. “Hay otro tema que se abre sobre la formación de las Fuerzas Militares. ¿Qué pasa en la mente de estos hombres para que cometan este delito? No se trata de enfermos mentales, los violadores tienen sus cinco sentidos para tomar la decisión de destruir a un niño, niña o mujer”, precisó Lozano.

Añadió que se deben mejorar todos los procesos de reclutamiento y seguimiento de los soldados porque hace solo tres días conocimos el escándalo de maltrato animal. Es un tema que se debe revisar de fondo”.

En contraste con Lozano, la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, replicó que “un caso no puede manchar a una institución de más de 200.000 hombres. Evidentemente allí hay manzanas podridas y tendrán que sancionarlas, pero cualquier ciudadano tiene presunción de inocencia”.

Asimismo, insistió en que no se pueden permitir estos hechos atroces porque “tenemos que cuidar a todos los niños, por eso apoyamos la prisión perpetua porque no podemos permitir que haya un solo beneficio de reducción de pena o que quede impune”.

Recordó que la legislación señala que estos casos dan entre 40 y 60 años de cárcel y “por esto aprobamos la cadena perpetua además de que estamos trabajando en el Congreso para apoyar que estos delitos sean imprescriptibles”.

La senadora Guerra insistió en que lo del Ejército es tan grave como el mismo que comete delitos de esta clase en la guerrilla o si es un paramilitar o cualquier otro ciudadano.

Frente al tema, la congresista Aída Avella manifestó su preocupación porque “son conductas recurrentes. Hay que mirar qué está pasando con la formación de nuestros militares (…) esto no puede seguir sucediendo, es gravísimo”, recalcó.

Añadió que en su opinión considera que alguna Comisión del Congreso debe formar una subcomisión para ver cómo están formando a las Fuerzas Militares.

En ese sentido, Cabal culpó la administración del expresidente Juan Manuel Santos: “La disciplina militar y su conducta se han deteriorado gracias a los tantos años de Santos destruyendo la fuerza pública”, apuntó la senadora.

El panorama en el país es lamentable y desafortunadamente el caso de la menor indígena no es el único. De acuerdo con Medicina Legal, entre enero y mayo de este año se han realizado 7.544 exámenes por presunto abuso sexual. En 6.479 de los casos, las víctimas eran menores, 5.422 mujeres y 1.057 hombres. El informe señala las edades de las víctimas así: de 0 a 4 años, 744; de 5 a 9 años, 1.749; de 10 a 13 años, 2.433, y de 14 a 17, 1.553 víctimas.

Al respecto, el ICBF también reveló cifras preocupantes: actualmente hay 62.000 menores bajo protección de esa entidad, de los cuales el 38 por ciento está por casos de violencia sexual y en un 85 por ciento son niñas.