¿Qué significa la doble instancia para Andrés Felipe Arias?

En momentos en que la Corte Constitucional se apresta a tomar una decisión en el caso del exministro Andrés Felipe Arias, quien pidió que le sea amparado su derecho a la segunda instancia, penalistas y juristas hablaron en Vicky en Semana sobre lo que la eventual determinación --favorable a Arias Leyva--, significaría para el país, tanto en el plano jurídico como en el político.

Según el abogado Iván Cancino, la decisión del alto tribunal –-que apuntaría a garantizarle el derecho al exfuncionario uribista, condenado en única instancia a 17 años de prisión--, será un importante mensaje en defensa del Estado Social de Derecho. “Acá no se trata de ponerle un apellido a la ley, así una persona haya liderado esta iniciativa. Acá se trata de una reivindicación de derechos”, dijo Cancino.

No obstante, hay voces que anticipan, desde ya, varios choques en torno a la decisión. Comenzando por el denominado ‘choque de trenes’ que se generaría entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia por cuenta de la decisión presumiblemente  a favor de Arias. Particularmente, porque esta última ya le había negada tres veces, en sus distintas salas, el derecho a la doble instancia.

Al respecto, de hecho, magistrados de este último tribunal hablaron con Semana Noticias y afirmaron que “la Corte en ese caso y en los demás similares cumplió con la Constitución y la ley. Tutelar en el caso del exministro es un escenario tremendamente preocupante. Una decisión como la que se anuncia, que ojalá no se produzca, pondría en graves aprietos al principio de seguridad jurídica, que tiene que ver con la seriedad de las naciones”, dijeron algunos magistrados a este medio.

¿Una debacle?

En el debate, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla advirtió que podría presentarse un debacle.  Arrubla explicó que se abriría la puerta para que más de 200 procesos de juzgados en única instancia sean nuevamente revisados, en casos como la parapolítica y la ‘yidispolítica’.

Iván Cancino, no obstante, reiteró que no habría ninguna “debacle” en el sentido de que la Corte Constitucional, por el contrario, lo que hará será proteger un derecho fundamental. “El derecho a la segunda instancia no es una hecatombe. Hecatombe es no tener derecho a una segunda instancia. Ningún boquete. Eso era lo que teníamos, un cráter, un hoyo negro de un tamaño absoluto que violaba las garantías de las personas que no tenían derecho”, reiteró el abogado penalista.

Argumento al que se le sumó el abogado penalista Jaime Lombana, quien señaló que "es muy plausible que la Corte Constitucional entre a revisar el caso de Andrés Felipe Arias. Creo que es el momento de llamar a disminuir el fanatismo y la prevención porque se llame Andrés Felipe Arias. La Constitución colombiana es muy clara en precisar que dentro del principio del debido proceso está el derecho fundamental a apelar la sentencia condenatoria dentro de lo penal y también lo contempla el artículo 31 de la Constitución Política. La sentencia de Arias tiene un salvamento de voto muy importante, es prueba disuasiva para la audiencia", explicó el abogado.

Lombana calificó la condena de Arias de "exorbitante y desbordada". A su juicio, el exministro de Agricultura tiene el derecho de apelar a la sentencia, pues "cualquier colombiano, cualquier ciudadano del mundo, debe tener derecho a segunda instancia", afirmó. "Bajo el argumento que serán 100 ó 200 sentencias que se tendrán que revisar, eso no significa que vaya a haber impunidad frente a las personas que se condenaron. Lo que significa es que se va a cumplir con una conquista democrática de la esencia de un Estado de derecho que es un principio que rige indistintamente para todo ser humano, y no porque se llame Andrés Felipe Arias entonces a él no le vamos a conceder el derecho a la segunda instancia", dijo al comentar lo expuesto por el exmagistrado Arrubla. 

El abogado recalcó que es importante darle la oportunidad a Andrés Felipe Arias a una segunda instancia "para que se revise si es inocente, como lo creemos muchos colombianos, o es culpable".

Arrubla continuó diciendo, en todo caso que, “por ser aforado ya fue juzgado en una primera instancia, que fueron ‘18 ojos’ los que hicieran el juzgamiento. Si se viene abajo el proceso del doctor Arias, los demás tienen derecho a que se revisen y es así que se deben juzgar nuevamente más de 200 procesos, no solo los condenados sino de los absueltos; eso es romper el debido proceso”, sostuvo Arrubla.

También señaló el exmagistrado que “aquí acabamos con el sistema. Ahora hay que echar para atrás los últimos 25 años, yo lo que veo es una debacle lo que se va a venir. Entonces necesitamos una tercera instancia, que haga una conformidad de lo primero con lo segundo, con tres niveles de decisión, o una super corte que sería lo peor que nos puede pasar”.

Una decisión de la justicia, no de la política

Agregó el exmagistrado Arrubla que “yo no discuto que el ex ministro Andrés Felipe Arias tenga el derecho a su doble instancia, bienvenida la segunda instancia , pero el diseño está malo. La forma es la garantía para la conquista de sus derechos. Arias está en su derecho, eso tendrá que reconstruirse con una perturbación del sistema para bien de algunos procesados, o para mal de otros”.

Luis Felipe Henao, también abogado penalista, está de acuerdo en que no se puede manosear la justicia y que hay que despolarizar el caso de Andrés Felipe Arias en búsqueda de una verdadera justicia.

El exministro considera que la familia del exministro de Agricultura lo que está pidiendo es justicia y por eso considera que está en todo su derecho a tener una segunda instancia. Señaló que lo que se tiene que hacer es recoger la decisión de la Corte Constitucional en la sentencia C72, que ya establece el derecho a la doble instancia.

Al lograr que Arias, dentro de su proceso, tenga una segunda instancia no solo a él sino a otras 250 personas se les respetaría el derecho a la justicia, indicó Henao. Internacionalmente Arias ya tuvo una segunda instancia, recalcó Henao, señalando que no entiende por qué en Colombia no se la aplican.

Sostuvo que la sentencia con la que se condenó a Arias tiene “unos vacíos enormes”. Referente al delito de peculado, el documento indica no hay pruebas suficientes que demuestren que él incurrió directamente en las irregularidades.

Lombana fue enfático al decir que el caso tiene "una connotación política, de intolerancia. Un hombre absolutamente honesto y que repitió una conducta que todos los ministros de Agricultura habían realizado sin apropiarse de un solo peso". Agregó que la Corte Constitucional en "jurisprudencia pacífica habla de que la doble instancia hace parte del debido proceso, el cual no puede quedarse en retórica y en letra muerta de la Constitución, hay que hacerlo valer". Lo anterior, lo dijo el abogado basándose en que en el pliego de solicitudes de Andrés Felipe Arias "hay que mencionar que él argumenta otra serie de violaciones al debido proceso, como que no le dieron el tiempo necesario para preparar sus pruebas. Eso es un tema que amerita que se pueda revisar en segunda instancia para confirmar o revocar", dijo.

Frente a los juristas que consideran que con la retroactividad a la hora de hablar de la cosa juzgada se afecta la institucionalidad, Henao refuta esta posición, y manifiesta que las garantías fortalecen la institucionalidad. "Es un proceso de evolución de la institución en búsqueda de los derechos; está siendo progresista con los derechos en diferentes sectores, en temas ambientales, entre otros. En esta oportunidad se defiende el derecho universal a la doble instancia”.

"Es un caso que genera apasionamientos. No juzgamos a ningún Uribito; estamos juzgando a un ser humano que está encarcelado y que duró encarcelado en una celda de Estados Unidos. Es una persona que merece una segunda instancia", concluyó el abogado Lombana.

“Generar ideología en las garantías universales sería muy grave”, advirtió el abogado Henao, quien agregó que las garantías universales son tan importantes que, de hecho, por eso Gustavo Petro pudo acudir a la justicia internacional.