Tras dura controversia, Gobierno da por aprobado proyecto de circunscripciones de paz

La tensión que se vivió en las últimas horas del fast track continúa vigente y cobrando fuerza, en específico por el resultado de la votación de las 16 circunscripciones especiales de paz que tiene dos interpretaciones jurídicas y que han desatado un intenso debate político.

Mientras la Secretaría del Congreso dejó en el acta final del debate que ese proyecto no logró los requisitos necesarios de ley para ser aprobado, pues se quedó a tan solo un voto para pasar, en el Gobierno se resisten a admitir esa tesis y aseguran que el quórum era diferente, porque hay tres sillas vacías, y así las cosas esta iniciativa sí habría logrado la mayoría requerida para ser aprobada. La Casa de Nariño la da por aprobada.

Es una intensa polémica en la que, al final de cuentas, podría ser una decisión judicial la que dirima el asunto, pues si el Congreso mantiene su tesis y el Ejecutivo la suya todo quedaría en manos de los magistrados del Consejo de Estado.

La historia es la siguiente. El registro de votación de la plenaria del Senado duró abierto durante unos 20 minutos y al final el proyecto de 16 curules quedó con una votación de 50 por el sí y 7 por el no. De acuerdo con las normas vigentes, esta iniciativa requería de la mitad más uno de los integrantes de la cámara alta para ser aprobada, que en principio se contaba en 52, pues hay 102 curules.

Puede leer: Ni Santos pudo salvar en el Congreso las 16 circunscripciones de paz: faltó un voto

Sin embargo, hay tres congresistas de la U que están tras las rejas (Bernardo Miguel ‘ñoño’ Elías, Musa Besaile y Martín Emilio Morales), por lo que el pleno del Senado se reduce de 102 a 99. Y sobre esta última cifra es que se debería configurar la mayoría, que tendría que ser superior a 49,5 que es la mitad.

Al aproximarlo al siguiente número entero debería tenerse en cuenta que es 50, pero manteniendo la tesis de la mayoría absoluta debió haber tenido un voto adicional: 51. Esto es lo que defiende el secretario del Senado, Gregorio Eljach, quien al cierre de la votación dijo que el proyecto no logró los requisitos de aprobación, precisamente porque le quedó faltando un solo sufragio para superar el examen final en el Legislativo.

Y es eso, precisamente, lo que refuta el Gobierno y está dispuesto a acudir a los escritorios y estrados judiciales para defender su teoría. ¿Cuál? Pues que esta iniciativa no necesitaba de una mayoría absoluta como tal sino simple, lo que se traduce en que le bastaban solo los 50 votos que obtuvo para ser aprobada.

Esa tesis la basa en una sentencia de la Corte Constitucional, la C-784 de 2014 con ponencia de la magistrada María Victoria Calle, en la que se asegura que cuando se trata de corporaciones integradas por un número impar de miembros, se entiende como mayoría absoluta el número entero siguiente que surja de la mitad de integrantes.

"En la jurisprudencia de la Corte, en el derecho comparado, en la doctrina y en la práctica parlamentaria, cuando se tiene en cuenta el caso de las asambleas impares, se concibe la mayoría absoluta o bien como cualquier número entero superior a la mitad de los integrantes, o bien como más de la mitad de los integrantes, o bien como la mayoría de los integrantes de una célula", se lee en dicho texto constitucional.

Y a renglón seguido agrega: "Si la Corporación está integrada por un número par –y tiene 102 miembros–, la mayoría absoluta es 52 o más; si la conforma un número impar –y tiene 105 miembros– la mayoría absoluta es 53 o más. En ambos casos, los resultados responden exactamente a cualquiera de las definiciones antes mencionadas".

Esto es lo que el ministro del Interior, Guillermo Rivera, le explicó al Congreso en una carta, con el fin de que se analice un mecanismo jurídico para que reverse la decisión que dejó en el acta final de la plenaria, y admita esta tesis para salvar el proyecto. 

Si bien a penas se terminó la votación Rivera dijo que el proyecto se había hundido "por un grupo de senadores que le fallaron a la paz", minutos después y tras recibir directrices del equipo jurídico de la Casa de Nariño cambió de opinión y esbozó la tesis explicada unas líneas más arriba. 

Y no era para menos, pues el presidente Juan Manuel Santos no quería ver morir otro de sus proyectos en el Congreso –eso sería visto como una nueva derrota legislativa– y convocó a sus asesores para analizar nuevos caminos. De ahí fue que se desempolvó la sentencia C-784 que les daría la razón.

Incluso, este viernes el alto Gobierno realizará un balance del fast track para determinar qué tan exitoso fue y si existen mecanismos jurídicos alternativos que permitan darle vida a los proyectos que se hundieron o que quedaron pendientes de pasar por el Congreso. De ese encuentro podría surgir, eventualmente, una nueva y dura controversia por las decisiones que se adopten.

En contexto: ¿Qué significa que se hayan caído las circunscripciones de la paz?

Toda esta controversia jurídica, que pone en vilo lo actuado en torno a las 16 circunscripciones especiales de paz, al final tendría que ser resulta por el Consejo de Estado, instancia hasta la que el Gobierno está dispuesto a llegar si la Secretaría del Senado no acepta su tesis.

Mientras se define qué paso sigue, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, contestó la misiva de Rivera explicando que se harán las consultas jurídicas correspondientes para saber si pueden o no reversar la medida adoptada en la plenaria por Eljach.

No obstante, esta situación es el reflejo del desgaste de un gobierno que está de salida y que, en pleno año electoral, ve cómo se hacen aguas sus mayorías en el Congreso y pierde gobernabilidad.

Lupa a los ausentistas

A las tensiones que caracterizaron la recta final del fast track se le debe sumar una nueva arista. La mayoría de discusiones que se realizaron en las plenarias de Cámara y Senado contaron con una presencia ajustada de congresistas, lo que al final repercutió en que las votaciones que favorables a los proyectos lograrn unas mayorías muy ajustadas.

Es por eso que la Procuraduría decidió hacer valer su jurisdicción disciplinaria sobre el Congreso y desde el despacho de Fernando Carrillo, jefe del Ministerio Público, se anunciara una revisión de las listas de asistencia a los debates para determinar hasta si quienes faltaron tenían o algún tipo de excusa válida para faltar.

"Que no crean los congresistas ausentistas que van a seguir jugando con la ley", advirtó Carrillo. De acuerdo con el funcionario, en las votaciones de de este jueves faltaron 42 senadores, por lo que advirtió que hay un mecanismo de responsbailidad política que se debe poner en práctica en este tipo de casos.