A ‘cuenta gotas’, el Congreso viene tramitando su propia reforma laboral | ¿Cómo impactaría a los trabajadores?

A pesar de que el Gobierno nacional aún no ha radicado su anunciada reforma laboral, el Congreso de la República ya avanza en el trámite de varios proyectos relacionados con la materia que podrían significar un revolcón más profundo de lo esperado.

Actualmente, entre las comisiones y las plenarias del Senado y la Cámara figuran más de una docena de proyectos que buscan cambiar las condiciones laborales de los trabajadores en Colombia.

Una de las iniciativas más sonadas es la que cambia el pago del recargo nocturno, que actualmente arranca a las 9:00 p. m., para que de ahora en adelante arranque a partir de las 6:00 p . m. Esto redundaría en un mayor pago para quienes trabajan en esta franja horaria, es decir, después de las 6:00 p. m.

Asimismo, en el articulado se propone que se puedan pagar los dominicales y festivos con una tarifa plena. Aunque antes se pagaba el 100 % del monto establecido, con la reforma de la Ley 789 ese requisito fue del 75 %. “Queremos retomar esa idea y volver al pago del 100 % de los dominicales y festivos”, aseguró el senador Juan Diego Echavarría, autor del proyecto.

Otro de los proyectos que ha causado una intensa discusión es el que pretende aumentar los días de vacaciones de los que gozan los trabajadores en Colombia.

Vale recordar que hoy en día en el país las vacaciones corresponden a 15 días hábiles de descanso remunerado por cada año de trabajo, para quienes están formalizados. Por lo que la propuesta que llegó a la Comisión Séptima de la Cámara pretende pasar a 20 días hábiles de vacaciones lo que, sumados fines de semana y festivos, podría dar incluso un mes de descanso al año.

Las propuestas que discute el Congreso no solo se refieren a los beneficios para los trabajadores, sino que también buscan regular lo inherente a los salarios, uno de los temas que resulta clave para cualquier empleado a la hora de ingresar a una empresa.

Actualmente, la única regulación que existe en este sentido, por lo menos en el sector formal, es que los trabajadores deberán devengar al menos un salario mínimo mensual, valor que es decretado anualmente por el Gobierno, en común acuerdo con las centrales obreras y representantes del empresariado.

Para quienes ganan más de un salario mínimo, la normativa vigente hoy en día no establece alguna obligación de parte de una empresa a la hora de aumentar los salarios.

Sin embargo, un proyecto de ley radicado por el senador Fabián Díaz pretende modificar esta disposición para que los salarios en el sector privado superiores al salario mínimo legal mensual vigente sean ajustados anualmente en una proporción que no sea inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior. Es decir, sí o sí las empresas tendrían que aumentar a sus trabajadores, así devengan más del mínimo.

Otra iniciativa relacionada con la materia es la radicada por el representante liberal Silvio Carrasquilla, quien busca que los profesionales y técnicos en Colombia tengan un salario mínimo mensual diferenciado.

La iniciativa propone que los profesionales en el país tengan mejores condiciones laborales y salariales. De este modo, plantea que quienes tengan su título universitario reciban como mínimo un ingreso mensual de tres salarios mínimos legales vigentes, que a precios de hoy sería de tres millones de pesos.

La iniciativa también abarca a quienes cuentan con estudios técnicos. Para esta población el valor mínimo a pagarles sería de dos salarios mínimos al mes.

La mayoría de proyectos que tratan sobre las relaciones laborales en Colombia están enfocados en quienes tienen un contrato de trabajo con todas las prestaciones. Pero también, pensando en esa realidad, el Partido de la U también radicó un proyecto que se enfoca en otro sector: los contratistas por prestación de servicios. Una de las grandes novedades de la iniciativa es que establece un período de descanso remunerado legal para quienes tienen este tipo de vinculación, un beneficio del que no gozan actualmente.

“Cuando el contratista sostenga un vínculo de uno o varios contratos de prestación de servicios con una empresa privada durante el término de por lo menos 18 meses, consecutivos, sin que transcurran más de 90 días para la celebración entre ellos, la empresa deberá otorgar al contratista un permiso remunerado para descanso, equivalente a 15 días hábiles, cubiertos dentro del valor total del contrato de prestación de servicios”, indica la iniciativa.

El mismo permiso de 15 días hábiles se deberá otorgar “en los casos que una entidad estatal sostenga un vínculo de uno o varios contratos de prestación de servicios con la misma persona natural, durante el término de por lo menos 18 meses, consecutivos, sin que transcurran más de 90 días para la celebración entre ellos”.

El común denominador de la mayoría de estas iniciativas es que si bien buscan mejorar las condiciones de los trabajadores, poco tienen en cuenta las opiniones del empresariado.

No se puede olvidar que las reformas laborales cobijan a todos los empleadores del país, más del 70 % de los cuales son pequeñas y medianas empresas, para las cuales cualquier cambio en la legislación tiene un gran impacto.

Por otra parte, las empresas, además del salario, ya están obligadas a pagar prestaciones sociales (auxilio de transporte, primas, cesantías e intereses a las cesantías), vacaciones y mayores cotizaciones a pensiones, salud, riesgos laborales y parafiscales.