A finales de este año se resolvería el laudo arbitral de la perimetral de oriente; la nación podría pagar más de un billón de pesos

En julio de 2014, cuando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adjudicó el proyecto del Corredor Perimetral de Oriente de Cundinamarca y Bogotá, para conectar al departamento y la capital del país con los Llanos Orientales, se comprometió a que la vía estaría lista para el segundo semestre del 2018, pero hoy, cinco años después, la realidad es totalmente diferente y la nación estaría ad portas de perder un billonario laudo arbitral.

El proyecto, que se le adjudicó a la estructura plural conformada por la compañía israelí Shikun & Binui e InfraRed Capital Partners, con oficinas en Londres, Hong Kong, Nueva York, Seoul y Sidney, por un valor de 1,6 billones de pesos, tiene como objeto la construcción y rehabilitación del corredor entre Cáqueza y Sopó.

Con este corredor, según lo explicó la ANI en su momento, los residentes del norte de Bogotá se ahorraran más de dos horas para ir a los Llanos Orientales, pues no van a necesitar a atravesar toda la ciudad para poder conectar con la vía al Llano, sin embargo, esa promesa permanece incumplida y mientras tanto, algunos tramos del corredor están convertidos en una verdadera trocha casi imposible de transitar.

El corredor fue divido en cinco tramos: unidad funcional 1, Sesquilé – El Salitre; unidad dos, Sopó – La Calera; unidad tres, La Calera – Patios – Límite Bogotá – Choachí; unidad cuatro, – La Calera – Choachí; y la unidad cinco, Choachí – Cáqueza.

El consorcio logró construir y entregar las tres primeras unidades funcionales, pero desde inicios de 2018 el proyecto empezó a sufrir un importante revés.

“En el proceso licitatorio, la ANI nos indicó que en el trazado no había presencia de manantiales de agua, pero el concesionario, para inicios de 2018, adelantó un estudio muy estructurado, con firmas especializadas, que determinó la existencia de 72 manantiales de agua en 62 kilómetros entre las unidades cuatro y cinco y la normatividad en Colombia protege a estos cuerpos de agua”, aseguró Néstor Sánchez, gerente del concesionario.

La presencia de estos manantiales dificultó la continuidad del proyecto, por lo que en agosto de 2018 la ANI y el concesionario firmaron un acta de declaratoria de evento eximente, sin embargo, desde ese mismo momento también se inició una carrera llena de obstáculos para destrabar el proyecto.

“A inicios de 2020 se colocó sobre la mesa de la ANI un borrador de otrosí de modificación del trazado para que desde el Gobierno lo estudiaran y lo firmaran, pero al final desafortunadamente hubo un silencio sepulcral”, precisó Sánchez.

Fue así como en octubre de 2020, el concesionario radicó una notificación de arbitraje en Estados Unidos en contra de la ANI con unas pretensiones económicas, por perjuicios, que superan el billón de pesos, dado que el consorcio debía terminar el proyecto en 2018 y ha permanecido cinco años más de lo previsto sin remuneración alguna. Así mismo, otra de las exigencias es que se le permita al contratista poder terminar la obra, pues a la fecha falta por ejecutar un 58 por ciento del valor total del capex.

“Creemos que antes de finalizar el año podremos tener el fallo de este tribunal de arbitramento. La pretensión de nuestros inversionistas es sacar adelante el proyecto, sin embargo, aún seguimos sin tener claridad sobre cuál es la voluntad real de la ANI frente a este corredor”, subrayó Sánchez.

A pesar del trámite de este laudo, en agosto de 2022, la ANI se comprometió a destrabar la perimetral de oriente y a intervenir los puntos críticos de la actual vía, pero ese anuncio se quedó en palabras.

“En todo este proceso de concertación, el corredor se ha venido afectando por completo, pues hoy en día lo que existe hoy es un carreteable, que con las constantes lluvias, se ha deteriorado a pasos agigantados, pero por la declaratoria de evento eximente, nosotros no podemos hacer grandes intervenciones; fue así como en agosto de 2022, todavía con el gobierno anterior, la ANI se comprometió con un segundo otrosí, que es el de los puntos críticos, para poder rehabilitar la vía, pero hubo el cambio de administración y este gobierno desconoció ese nuevo otrosí, por lo que cada vez es mucho más complicado mantener la transitabilidad en este corredor”, puntualizó Sánchez.

Es así como hoy en día los habitantes sufren con la tortura de movilizarse por esta trocha y antes de finalizar el año, la Nación podría recibir un billonario golpe a sus finanzas.